Las elecciones y el respeto a la ley

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

La semana pasada, FUSADES realizó una mesa redonda para la deliberación del tema electoral, que aparece contenido en el estudio sobre institucionalidad democrática que ha elaborado la institución junto con la Universidad de Salamanca. Nuevamente, la institución propició un serio debate sobre un tema extremadamente controvertido y que puede desatar apasionamientos. Casi al término de la jornada, uno de los panelistas, un político importante, criticó a la fundación por realizar el acto en un período preelectoral, aduciendo que las críticas hechas al sistema pueden generar desconfianza pública en las elecciones. Diferimos completamente de esa opinión.

Para algunos en este país, el sistema electoral es el tipo de institución que resulta inoportuno discutir en todo momento y en cualquiera que se hubiera realizado el acto señalarían que no es el adecuado. Por otra parte, el documento a discutir es un ensayo académico de irreprochable carácter científico, respaldado por sólida evidencia empírica; es más que oportuno reiniciar con él un debate que ya ha estado presente en la agenda nacional durante mucho tiempo y obtener resultados a corto plazo. La idea de que la discusión del tema no es oportuna no es más lógica que intentar prohibir toda literatura de Ciencias Políticas durante el período electoral.

El panelista tocó, sin embargo, el tema de la credibilidad en las elecciones, algo indispensable para la existencia de un sistema democrático y los partidos políticos harían bien en examinar si su actuación no la está erosionando. Ya antes nos hemos referido a los mensajes sobre la corrupción que se están enviando; veamos normativa electoral. Si las mismas leyes, si las reglas del juego que se han impuesto para llevarlo a cabo, no se cumplen, ¿cómo podemos esperar que el resultado sea legítimo? ¿Cómo podemos creer en unas elecciones que son manoseadas por unos cuantos políticos?

En los últimos tiempos ha sido repetido hasta la saciedad el art. 81 de la Constitución que establece: “La propaganda electoral sólo se permitirá, aún sin previa convocatoria, cuatro meses antes de la fecha establecida por la ley para la elección de Presidente y Vicepresidente de la República; dos meses antes, cuando se trate de Diputados, y un mes antes en el caso de los Concejos Municipales”. Con beneplácito del Tribunal Supremo Electoral, que ha inventado las excusas más increíbles, los partidos políticos han iniciado la campaña para alcaldes y diputados desde hace meses. Algunos afiches y pintas ya se ven descoloridos por el tiempo. Miles han recibido llamadas con una grabación de un candidato a alcalde pidiéndoles su voto.

¿Qué decir de lo esencial de la elección de diputados? ¿De su número y procedencia? El art. 79 de la Constitución establece que habrá circunscripciones electorales en el territorio de la República y que la base del sistema electoral será la población. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ya ha declarado inconstitucional un sistema de distribución de los diputados que no cumplía con dichas normas y nuestros políticos lo han sustituido por otro que adolece del mismo defecto. Departamentos que tienen una población muy reducida tendrán el mismo número de diputados que otros que tienen una mucho mayor, y esto es solo porque favorece a un partido político que es útil para formar alianzas coyunturales por medio de la negociación de sus votos en la Asamblea Legislativa.

Las normas que hemos citado son constitucionales y su violación es más grave que las del Código Electoral, porque son las que establecen la estructura fundamental del estado y si no se cumplen no existe ningún tipo de institucionalidad. Si nuestros políticos y sus partidos pueden violar flagrantemente unas normas de la Constitución, ¿cómo podemos esperar que cumplan las demás? ¿Cómo podemos esperar que respeten nuestra vida, libertad, propiedad y demás derechos contenidos en la Constitución?

El código de ética del Órgano Ejecutivo

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

El presidente de la República anunció la emisión de un decreto llamado “Normas Éticas para la Función Pública”, aplicable a funcionarios y empleados del Órgano Ejecutivo, que establece los principios que deben guiar su actuación, con objeto de “prevenir conflictos de intereses y obtener la preservación y el uso adecuado de los recursos asignados a los servidores públicos en el desempeño de sus funciones”. Crea una entidad denominada Comisión de Ética para la Función Pública, encargada de aplicar esas normas y recibir denuncias contra los titulares de las oficinas de ese órgano, cuatro de los cuales integran la comisión.

Hemos hecho un pequeño sondeo informal entre algunos abogados para conocer su opinión sobre lo anterior y las respuestas que hemos recibido solo revelan escepticismo. Nadie nos manifestó que le alegra la noticia y mucho menos que crea que tenga alguna significación. Esto es grave.

Aparte de que era una obligación contenida en la Convención Interamericana contra la Corrupción, que no cumplimos en tiempo, la emisión de un código de conducta para los empleados públicos es algo encomiable en sí mismo y debería ser motivo de satisfacción para la ciudadanía y, en especial, para el gremio de abogados, pero encontramos que se pone en tela de duda la credibilidad del gobierno con respecto a sus iniciativas en materia de probidad pública.

Hay buenas razones para esto. Al examinar el texto del decreto advertimos que es un refrito de disposiciones que ya están contempladas en otras leyes, como el Código Penal y la Ley del Servicio Civil, y si no se han cumplido durante las décadas que han estado en estos cuerpos legales, aplicables a todos los empleados públicos, ¿por qué vamos a creer que se aplicarán ahora?

Las nuevas normas no compensan los mensajes que se han enviado en fechas recientes y que indican que nuestros altos funcionarios no están interesados en la ética gubernamental. ¿Cómo es posible que el único funcionario público condenado por actos de corrupción en este país durante los últimos 119 años se haya escapado antes de la lectura de la sentencia y el gobierno no ha sido capaz de encontrarlo o castigar a los responsables de su fuga? La ministra de Educación ha inscrito títulos universitarios que sus antecesores en el cargo y otras instancias, como la Fiscalía General de la República y una comisión especial del Órgano Judicial, encontraron irregulares, y el presidente no ha exigido una explicación pública ni tomado otras medidas, y es conocido que algunos funcionarios de su gobierno y partido presionan para que se inscriban otros más. Ante la emasculación de las atribuciones de la Sección de Probidad por la Corte Suprema de Justicia, y la increíble exoneración de todos los funcionarios del gobierno anterior sin que haya habido investigación, el Órgano Ejecutivo no ha manifestado la más mínima indignación ni se ha unido al clamor que exige a la Corte revertir su resolución o propiciado que otras instancias estatales investiguen. ¿De veras se espera que alguien crea que hay interés en la ética pública o que existe intención de combatir la corrupción?

Es duro decirlo, pero las nuevas normas merecen la sorna con que son recibidas, pues no hay razones para pensar que no tienen más que una intención propangandística y que no se sumarán al cúmulo de leyes salvadoreñas que no se cumplen. La actitud del gobierno no solo acarrea un daño enorme al país, sino también a sí mismo. Unos nos han dicho que, según su opinión, pagar impuestos solo enriquece los bolsillos de unos funcionarios que tienen garantizada su impunidad. Alguien nos manifestó que no votará en las próximas elecciones, pues estas solo determinarán quién tendrá la oportunidad de saquear el erario público y: “Me da igual el partido del que me robe”.

El problema de la probidad pública no solo es grave, sino que ha captado la atención pública como nunca antes. Requiere de acciones concretas que revelen una voluntad de actuar, no de gestos simbólicos.

¿Votación electrónica en la Asamblea Legislativa?

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

Según Acuerdo nº 3493 de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, dicho organismo acordó adjudicar a una empresa el suministro de un sistema de votación electrónica. Esto, con fondos del convenio de préstamo BID 1203/OC-ES, Programa de Modernización y Fortalecimiento de la Asamblea Legislativa.

Lo anterior trae a la memoria las imágenes de los periódicos, en los que se podía apreciar a un representante legislativo levantar por la fuerza el brazo de un compañero de fracción para que este votara por la aprobación de una determinada iniciativa. Todo ello con enorme desparpajo, que evidenciaba un claro consentimiento viciado.

No vale la pena reparar en qué paró aquel relajo. Hubo explicaciones aceptadas en forma mayoritaria, sin entrar a discutir aspectos que por ahora los políticos no están interesados en tratar, como el postulado —constitucional— que los diputados representan al pueblo entero y no están vinculados por mandato imperativo alguno.

Detrás de todo acto legislativo no falta una negociación, y qué bueno; pero, ¿qué es lo que se negocia?, ¿cómo se negocia? A nadie escapa la gran casualidad que se dio al aprobar la Ley de Integración Monetaria (dolarización), con posterioridad a que se declaró que no había lugar a formación de causa en la de un homicidio tentado cometido por un legislador borracho contra una agente de autoridad. Pura casualidad.

Este es el escenario que se vive en la máxima representación del país. Unas veces de una manera, otras, con variantes, pero los salvadoreños poco sabemos de la causa eficiente que ha inducido a las fracciones a votar en tal o cual sentido; en nuestra realidad, son las fracciones las que votan y no los diputados. ¿Acaso no se ha advertido en las transmisiones televisivas, o cuando se tiene oportunidad de presenciarlo desde la barra, la facilidad con que el que preside la plenaria cuenta los votos? Entonces, ¿para qué votaciones electrónicas? Estas representan un avance en las democracias en donde cualquier interesado puede dar seguimiento a los criterios con que han votado los parlamentarios, e inquirir sobre los cambios de criterio en cada uno o fracción. Esto tiene que ver con la vinculación de los diputados a sus electores, con que estos puedan escoger de una pluralidad de nombres y no solamente entre banderas; con un sistema de listas abiertas, para que el pueblo juzgue y escoja a sus representantes o les dé una nueva oportunidad.

La modernización legislativa que se invoca en el acuerdo citado no sirve de nada si lo es simplemente para contar votos; los presidentes del augusto cuerpo legislativo nos demuestran en cada plenaria que lo que decimos es cierto. La votación electrónica va de la mano con un sistema de listas abiertas, en donde los políticos demuestren que gozan de la aceptación ciudadana, con base a cocientes, y no se disputen simplemente un residuo electoral, que haga permanecer bien posicionados a grupúsculos que han recibido la desaprobación popular en las urnas, pero siguen activos en la política partidaria porque saben cómo manejar el sistema electoral. Además, ¿por qué no hablar de la democratización de los partidos políticos? Urge una ley de partidos para que estos salgan del dominio de pequeñas camarillas y se pueda saber a costa de qué reciben donaciones. Nuestros políticos, quienes utilizan el vocablo institucionalidad en sus discursos, tienen la palabra. Modernización y fortalecimiento no solo son cuestión de artilugios tecnológicos. De paso, el sistema adjudicado es de uso a través de tarjetas, y no de la huella digital, como son los más avanzados, lo que nos indica que falta por ver qué harán muchos de nuestros representantes en situaciones como la recordada al inicio de estas líneas.

Un fiscal para reforzar la crisis institucional

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

La elección del próximo fiscal general de la República se ha convertido, según parece, en un ejemplo más de la pérdida de institucionalidad y calidad de la democracia. Se buscan candidatos propicios a seguir corrientes equivocadas y se insiste en burlar las aspiraciones ciudadanas de tener instituciones de justicia creíbles.

El fiscal actual se ha debilitado más como posible candidato para estar al frente de la institución, con su actuación en torno a la decisión de la Corte Suprema de Justicia para restar funciones a la Sección de Probidad. El magistrado René Fortín Magaña le pidió, en un escrito fácilmente comprensible por la calidad de sus ideas y principios éticos, que promoviera la declaratoria de nulidad del acuerdo que restringió facultades a la oficina de probidad para pedir informes a los bancos sobre el estado de patrimonio de funcionarios públicos.

Hace meses dijo que estaba reuniendo un equipo de abogados para que le ayudaran. Hasta la fecha, no ha movido un dedo en torno al asunto y parece que todo este tiempo ha estado tratando de encontrar motivos para rechazar los argumentos del magistrado decente, pero le ha resultado tan difícil que sigue investigando y analizando.

En medio de tal inacción, aparece el magistrado Ulices del Dios Guzmán con una contradicción evidente, manifestando que el acuerdo por el que votó alegremente para restringir la labor de la Sección de Probidad le provoca dudas y que es mejor que la Asamblea Legislativa interprete la ley, particularmente los diputados de la fracción que lo llevó al cargo. Cualquiera podría pensar que todo esto es un acuerdo entre compadres.

El interés por la reelección del fiscal, para alegría de los involucrados en las cuentas pendientes de Probidad, ha llegado hasta las supuestas presiones que han denunciado algunos diputados, ofreciéndoles inscripción de su nuevo partido político y otras ventajas.

Esto nos hace recordar que hay una crisis institucional generada principalmente por los partidos políticos. Algunos ejemplos de esto son: repartos de plazas de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de otros cargos; la elección del magistrado del PCN al Tribunal Supremo Electoral, cuando no le correspondía plaza por no ser el tercer partido más votado; el rescate de partidos políticos que debían desaparecer, por parte de la Sala de lo Constitucional; las dificultades impuestas para formar nuevos partidos políticos; las dificultades para controlar y supervisar el padrón electoral y las últimas reformas electorales que permiten que las decisiones en el TSE sean tomadas por un solo sector ideológico.

Hay que advertir que todos los partidos políticos en mayor o menor medida han hecho u omitido lo necesario para tener un estado de cosas como el actual.

Para mencionar un ejemplo, recordemos cómo los dirigentes del principal partido de oposición rechazaban formar parte de un TSE inconstitucional y gritaban y amenazaban con denuncias internacionales si se persistía en nombrar al magistrado del PCN en el TSE. Pocos días después, muy callados, tomaron la plaza de su magistrado y aquellas que estaban dispuestas para su clientela más cercana. Algo parecido ocurrió en la última elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Estamos caminando en dirección equivocada, hacia un lugar al que nos quieren llevar aquellos que sacan provecho de los conflictos, los derrumbes, los descréditos y las sombras.

Son situaciones que nos afectan a todos y al futuro de las nuevas generaciones. Las pequeñas ventajas ganadas con perjuicio del estado constitucional son causa de grandes pérdidas.

Con tales señales, la elección de determinado fiscal general probará si vamos acrecentando la crisis o alejándonos de ella.