Centro de Estudios Jurídicos. "Por el Imperio del Derecho"

Apuestas del Consejo Económico y Social

2011-03-14T00:00:00.002-06:00

Centro de Estudios Jurídicos / Por el Imperio del Derecho

Se está cuestionando el desempeño del Consejo Económico y Social (CES), organizado y diseñado para subsanar la omisión en los Acuerdos de Paz de 1992 de fórmulas para enfrentar los graves problemas sociales y económicos del país. A esa omisión histórica se atribuye la falta de acción decisiva en esos campos, incluso los elevados índices de violencia criminal. Pero el CES no progresa y hemos visto cómo el tema del pacto fiscal no ha logrado abordarse en ese foro.

Hace un año, el 4 de marzo de 2010, el CES, en desplegado de prensa, informó del “Primer gran acuerdo alcanzado en este espacio de diálogo”, consistente en las “Estrategias para el año 2024” y las “Áreas prioritarias del Quinquenio 2010-2014”.

Ese Acuerdo logrado el 1.º de marzo de 2010 fue aceptado por el Gobierno para ser incorporado en el Plan Quinquenal 2010-2014, que así recogería los aportes del CES en lo que representa un consenso social y político, pero su seguimiento ha sido ínfimo y no ha tenido impacto, ni resonancia.

Las áreas del CES para 2010-2014, en las que debería concentrarse la gestión gubernamental, las resumimos así: 1) pobreza y desigualdades sociales; 2) criminalidad y violencia social; 3) reactivación económica, modernización y generación masiva de empleos; 4) un modelo de desarrollo integral, con ampliación de la base empresarial; 5) integración centroamericana; 6) riesgos ambientales; 7) reforma estructural y funcional del Estado; 8) consolidación del régimen democrático y estado de derecho; 9) derechos humanos; 10) reforma estructural y administrativa, (señala el pacto fiscal); y 11) políticas de Estado con participación social.

Dentro de las apuestas estratégicas para 2024 se incluyó los temas de población, educación, equidad, libertades constitucionales, integración territorial, paz social, régimen democrático, transparencia, gobiernos municipales y acción internacional, con planteamientos moderados y plausibles.

Hace un año se logró ese consenso; ahora es necesario profundizarlo en sus alcances, como por ejemplo indicar el tipo de educación que se pretende, las políticas frente a la delincuencia o, cuando se habla del medio ambiente, indicar las prioridades.

Las dificultades del Gobierno, además de la falta de recursos, se atribuyen a la poca disposición de discutir a fondo las medidas trascendentes y a la escasa planificación. Esta última tarea corresponde a la Secretaría de Asuntos Estratégicos, que no ha logrado compenetrar a la población de los objetivos específicos de la proyección estatal, que parecen difusos y opacos; su boletín informativo mensual, en página electrónica, es un esfuerzo valioso pero de escaso radio de difusión.

Tratando de interpretar nuestra realidad, no se aprecian programas significativos en ejecución, en paralelo a las pautas políticas derivadas de los Acuerdos de Paz. Los índices favorables de opinión que mantiene el presidente de la República, según las encuestas, parecen derivar del equilibrio político, ubicándose hacia el centro y desarrollando un habilidoso juego de acercamientos y rechazos, hacia unos y otros; y a mensajes para mantener viva la esperanza de un futuro mejor, amén de la costosa campaña publicitaria. El proyecto de cambio está por verse.

Siguen los problemas acuciantes de la pobreza, el desempleo y subempleo, la incultura, la criminalidad organizada y el narcotráfico, la desintegración humana y familiar, el alza imparable del costo de la vida, la parálisis productiva en el agro, la ausencia de inversiones y la fuga de capitales, la falta de crecimiento de la economía, el endeudamiento y el déficit fiscal.

Por favor, señores del Consejo Económico y Social, actualicen o profundicen sus apuestas. El Gobierno tiene compromisos y responsabilidades con los sectores sociales, con el pueblo virtualmente representado en el CES, que debe honrar. Esperamos resultados tangibles, que se concreticen más allá del papel.

Política de seguridad alimentaria

2011-03-07T00:00:00.001-06:00

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Frente a la amenaza de una hambruna, al incremento de la carestía de la vida y en general a la crisis socio-económica que afecta al país, es un deber del Estado ejecutar políticas de emergencia.

El objetivo constitucional es propiciar bienestar a los habitantes de la República; el orden económico debe responder al propósito de asegurarles una existencia digna. Sin embargo, en nuestra sociedad predomina una situación de pobreza y pobreza extrema.

Uno de los aspectos de más alta preocupación es el concerniente a la desnutrición y la inseguridad alimentaria. Respecto al alza de precios de los productos de la canasta básica, se observa que en octubre pasado el quintal de frijoles llegó a tener un valor de hasta $130.00, mientras que el quintal de maíz alcanzó un precio de $18.00, aumentos que devinieron en tendencias aflictivas. Según datos de la FAO, el índice de precios de los alimentos alcanzó su nivel más alto en la historia mundial en diciembre pasado.

En el país, un 20% de la población menor de 5 años padece de desnutrición y la mitad de estos niños fallece como efecto de ello. Los departamentos más afectados son Morazán, Ahuachapán y Sonsonate, en los que el porcentaje se eleva al 40%.

Como referente nacional cercano, en tiempos del conflicto interno se obtuvo ayuda alimenticia del Programa Mundial de Alimentos y de la USAID, para grandes sectores de la población, estimados en medio millón de personas.

Por Decreto Ejecutivo 63, del 16 de octubre de 2009, se creó el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, CONASAN, bajo la coordinación de la Secretaría de Inclusión Social, que realizó un foro enfocado al fortalecimiento de los marcos legislativos, en julio de 2010.

La idea fue promulgar una ley de seguridad alimentaria, que reconozca el derecho a la alimentación de la población, con el objeto de implantar normas a favor de los sectores más vulnerables, pero el tiempo pasa y no prospera. La falta de esa ley no debe retrasar más los programas del Estado para proveer ayuda alimenticia a los núcleos necesitados. La respuesta es el diseño y aplicación inmediata de una política de seguridad alimentaria.

Si bien hay aspectos normativos recomendables, estos podrán dictarse ulteriormente; no debe retrasarse el ámbito de maniobrabilidad de la política estatal, puesto que esta se puede emprender bajo el régimen jurídico vigente.

En circunstancias como la esbozada, el interés general no puede someterse a plazos indefinidos, ni estancarse en la Asamblea Legislativa, donde surgen oportunismos y discusiones estériles, o prevalecen otros temas en su pesada agenda, que no comprende el proyecto de ley para garantizar a la población el derecho a la alimentación, como desarrollo normativo.

Hacemos un llamado al Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, CONASAN, a fin de que impulse de manera inmediata la adopción de medidas para afrontar la crisis alimentaria, a partir de las instituciones estatales constituidas.

Instamos también a la Defensoría del Consumidor y a la Superintendencia de Competencia, para que pongan especial cuidado en esta materia; en particular en lo relativo a la especulación de precios y acaparamiento de alimentos, sancionando a los comerciantes infractores.

Se recomienda a la Secretaría de Inclusión Social dar prioridad a este grave asunto y requerir a instancias internacionales la ayuda alimentaria que los convenios contemplan.

La visita del presidente Obama abre la posibilidad de abordar el problema social para lograr el apoyo político a los proyectos de USAID en este campo.

Son relevantes las iniciativas nacionales y el apoyo internacional para incrementar los niveles de desarrollo del país, pero deben concretizarse y orientarse adecuadamente acciones urgentes frente a la situación planteada.

Despoliticemos la Corte de Cuentas

2011-02-28T00:00:00.000-06:00

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En abril próximo se deberá nombrar a los nuevos magistrados de la Corte de Cuentas de la República (C. de C.). Es el momento de despolitizar dicha institución. El problema que motiva este artículo tiene un fondo histórico frecuentemente señalado, cual es que el nombramiento de los magistrados de la C. de C. ha sido objeto de acuerdos políticos con dedicatorias pactadas a favor de algún partido en especial, afectando su autonomía y libre desempeño.

El art. 195 de la Constitución establece que la fiscalización de la hacienda pública y de la ejecución del presupuesto estará cargo de la C. de C., un organismo independiente del Órgano Ejecutivo. Ese artículo le confiere atribuciones de vigilancia, autorización y control administrativo de las finanzas estatales, que debemos fortalecer; y tiene, además, funciones jurisdiccionales, por medio de Cámaras de Primera y de Segunda Instancia.

La Cámara de Segunda Instancia se integra por el presidente de la Corte y dos magistrados, elegidos para un período de tres años, que ahora deberán renovarse por la Asamblea Legislativa. El artículo 131 Cn. ordinal 19º atribuye a la Asamblea Legislativa la potestad de elegir al presidente y magistrados de la C. de C., y por no requerir mayoría calificada basta el voto de 43 diputados.

Los artículos 98 y 99 del Reglamento Interior del Órgano de referencia indican un trámite para la elección, que debe cumplirse. Enfatizamos esto en vista de que en la ocasión anterior hubo dispensa de trámites y no fue público el proceso.

Es necesario que despoliticemos de manera absoluta la C. de C., a fin de que no haya tráfico de influencias que pongan en jaque la autonomía de las decisiones de ese ente en el ejercicio de sus competencias y también en los nombramientos de su personal. Se debe designar a los magistrados sobre la base de criterios de idoneidad, experiencia e independencia partidaria. La Constitución prescribe que deben ser salvadoreños por nacimiento, de honradez y competencia notorias.

La sociedad civil está cansada de decisiones políticamente sesgadas que ocurren en la Asamblea Legislativa. Los señores diputados deben cuidar, en cumplimiento de su juramento, la fidelidad, en el marco constitucional, a los principios fijados para la legitimidad democrática y buen funcionamiento del Estado. Muchas veces hemos instado por el imperio del derecho, para evitar prácticas nocivas. Bajo ningún argumento debe prevalecer el reparto de instituciones como cuotas de poder para los partidos. Señores diputados a la Asamblea, basta ya.

El cambio para el cual el pueblo los eligió como sus representantes se pone de manifiesto en ocasiones como la presente, en la que se debe patentizar la voluntad de impulsar la institucionalidad del Estado. Les estamos pidiendo que estos nombramientos sean transparentes, que los candidatos sean examinados y calificados sobre la base de su probidad, reconocido prestigio y conocimientos especializados, lo que no obsta a que dejemos a salvo la honorabilidad de actuales magistrados.

Pugnamos por funcionarios que tengan el valor y pleno poder real para llevar adelante la fiscalización del manejo de los fondos públicos, en forma acuciosa, responsable, libre y eficiente.

Así como han logrado aprobar la ley de transparencia, denominada Ley de Acceso a la Información Pública, con mecanismos para hacer efectivos derechos de fiscalización ciudadana, aseguremos la función de contraloría estatal en forma impecable. Rescatemos esta institución, que es de rango primario, en sus facultades expresas para la supervisión financiera y la honestidad administrativa, que deben aplicarse sin excusas.

No es posible que la C. de C. se instrumentalice por intereses políticos para “pasar facturas” a funcionarios dignos, o por el contrario para ocultar casos de corrupción o infracción de ley, favoreciendo la impunidad.

El alza del subsidio al transporte público

2011-02-14T00:00:00.000-06:00

Centro de Estudios Jurídicos / Por el Imperio del Derecho

La Constitución, en su artículo 110, prescribe que el Estado aprobará las tarifas de los servicios públicos prestados por empresas privadas, e incluso podrá tomar a su cargo los mismos cuando los intereses sociales lo exijan.

El mandato constitucional, art. 231, es expreso: “No pueden imponerse contribuciones sino en virtud de una ley y para el servicio público”.

En diciembre de 2007 entró en vigor la “Ley transitoria para la estabilización de las tarifas del servicio público de transporte colectivo de pasajeros”, con el fin de mantener los precios que los usuarios pagan por ese servicio. Para mitigar a los transportistas del peso del alza del combustible, el art. 7 de la referida ley establece un subsidio mensual de $250.00 para microbuses y de $500.00 para autobuses con permiso de línea autorizado.

Ese subsidio se financia básicamente con una contribución especial de los consumidores, que se abrevia COTRANS, que se paga al cancelar el precio de la gasolina o el diésel, igual que el FOVIAL.

Debido al incremento del diésel en los últimos meses, los transportistas han exigido al Gobierno de diversas maneras que autorice un aumento a los pasajes o que se eleve el subsidio. En estas circunstancias, el Gobierno ha propuesto adicionar el subsidio en $250.00 a los autobuses y en $100.00 para microbuses; no obstante, algunas gremiales afirman que ese aumento no es suficiente. Debe mantenerse la vía del diálogo y aplicarse la ley a los que adopten medidas de hecho e incumplan procedimientos legales.

El subsidio debe reestructurarse jurídicamente y adoptar criterios diferenciadores y focalizados; al efecto, considerar los elementos característicos del servicio y sus modalidades; para el caso, al otorgar el subsidio la extensión del recorrido departamental o municipal; los niveles de rentabilidad y la situación socio-económica de los usuarios en municipios considerados de extrema pobreza.

El Gobierno ha expresado que el aumento del subsidio estará sujeto a varias condiciones, lo que es oportuno, y necesario. Se recomienda una visión integral y considerar los aspectos siguientes: 1- profesionalización y mejoramiento de las condiciones laborales de los motoristas; 2- modernización del servicio; 3- previo a los desembolsos, verificar solvencias en el pago de multas; 4- el establecimiento de un seguro obligatorio.

El subsidio es una situación temporal que no solventa el problema del transporte, que es complejo y de gran magnitud incluso, en algún momento, puede constituir un desincentivo a la competencia empresarial, al mejoramiento de la calidad del servicio y posibilita abusos de fondos públicos por algunos transportistas, con lucros indebidos.

El problema no se puede resolver en un corto período y debe enfrentarse desde ya, incluso a nivel local. Los gobiernos locales deberían asumir un papel definido y preponderante, pues con el ordenamiento del transporte podrían establecerse focos de desarrollo económico-social.

Ciertamente existe un incremento en los precios de los combustibles, pero no puede obviarse la difícil situación económica de la mayoría de la población y tampoco la carga que representa el subsidio para el país, en crisis financiera.

En ese orden de ideas, el CEJ se pronuncia por la focalización del subsidio, a corto plazo y hace un llamado a las autoridades estatales para que formulen una solución efectiva e integral al problema del transporte colectivo; y a los transportistas, para que cumplan el mandato constitucional de respetar la normativa vigente y recordarles que el interés general prevalece sobre el privado. A la población en general, a ser consciente que tanto el Estado como los transportistas necesitan propiciar o generar márgenes de rentabilidad para sostener el servicio colectivo, en solidaridad con los sectores más vulnerables, a quienes están destinadas estas medidas.

Huelga en el Órgano Judicial (II)

2011-02-07T00:00:00.000-06:00

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El CEJ, junto con un grupo de ex presidentes del Centro de Estudios Jurídicos y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, ha difundido un pronunciamiento sobre la crítica situación en el Órgano Judicial, que se resume así:

A mediados del mes de enero presenciamos acciones provocadas por un grupo de “dirigentes sindicales” que, con la excusa de exigir aumentos salariales, indujeron a empleados del Órgano Judicial a efectuar una suspensión de labores y a tomarse las sedes del Instituto de Medicina Legal y otras oficinas judiciales. Tales acciones provocaron una serie de perjuicios al Estado y a personas particulares, retraso en la conducción de asuntos oficiales, impunidad en la comisión de delitos y problemas de salud, sin contar el daño moral causado a familiares de numerosos fallecidos por acciones violentas ocurridas en esos días.

Los trabajadores del Órgano Judicial tienen derecho a reclamar la mejora de sus condiciones de trabajo y a plantear sus demandas, pero deben hacerlo de conformidad a la ley y dentro de los límites de la racionalidad económica. En cambio, hemos visto muestras de libertinaje sindical que, con la excusa de reivindicaciones laborales, generaron una situación de desorden, sin importarles burlar la Constitución, que expresamente prohíbe la huelga de los empleados públicos. Asimismo, desconocieron la ley que prevé mecanismos para la solución de conflictos en el caso de los servicios indispensables a la comunidad, como es la administración de justicia.

Hubo indignación al difundirse que los sueldos y prestaciones de este núcleo se encuentran entre los más elevados del sector público; y adquirió mayor relevancia al efectuarse la recuperación de las instalaciones del Instituto de Medicina Legal por fuerzas del orden público, al conocerse que se interrumpió un festejo con licores y no un acto de protesta gremial.

Por tales motivos:

1. Expresamos apoyo a las acciones legales adoptadas para la recuperación de las instalaciones del sistema de la administración de justicia.

2. Exhortamos a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia a deponer actitudes divisionistas que han mostrado algunos de sus integrantes; y a trabajar conjuntamente como cuerpo colegiado para la resolución de esta crisis en beneficio de los intereses de todo el pueblo.

3. Demandamos que la solución del conflicto planteado sea un ejemplo del respeto a las leyes y de un espíritu positivo; asimismo que sean aplicadas las sanciones administrativas, laborales y penales que correspondan a quienes hayan infringido la normativa vigente.

4. Reprobamos la actitud pasiva de la Fiscalía General de la República en el desenvolvimiento del conflicto; ya que diversas acciones ocurridas constituyen delitos perseguibles de oficio y son incluso más graves que el asalto producido a dos fiscales auxiliares en una dependencia judicial. Los funcionarios públicos deben ejercer la función que la Constitución y las leyes secundarias les encomiendan, y si no están dispuestos a hacerlo, por ética, honor y responsabilidad, deben renunciar a sus cargos para que los asuman funcionarios que actúen con la valentía necesaria.

5. Se ha hecho público lo que era un secreto a voces, como son casos de aprovechamiento de sus posiciones por algunos dirigentes sindicales del Órgano Judicial para obtener la colocación de parientes en empleos de dicha entidad; ante ello, exigimos que se haga un cuidadoso examen de ese abuso, de manera pública, de conformidad a lo establecido por las leyes y las normas éticas; y que la investigación se extienda a todos los niveles del Órgano Judicial, incluso a los señores magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

6. Exigimos la vigencia de un verdadero Estado de Derecho y que se respeten la Constitución y las leyes para reclamar derechos y exigir obligaciones.

La Corte de la Paz

2011-01-31T00:00:00.002-06:00

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Han transcurrido 19 años desde la firma de los Acuerdos de Paz del 16 de enero de 1992, en cuyo punto titulado “Sistema Judicial y Derechos Humanos” se consignó una nueva forma de elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que incluye el procedimiento democrático de postulación de candidatos por las entidades representativas de los abogados del país; para ello fue preciso reformar el artículo 186 de la Constitución.

La guerra civil había truncado la vida de miles de personas. Profetas de nuestro tiempo fueron salvajemente asesinados. Esa preciosa sangre derramada fue abono fecundo de los Acuerdos de Paz. Un espíritu de patriotismo se derramó en la sociedad salvadoreña.

El nuevo mecanismo de elección de los magistrados se aplicó para la integración de la CSJ en julio de 1994, de la que fue nombrado presidente el doctor José Domingo Méndez, después de un forcejeo de 29 días en el Palacio Legislativo. La Sala de lo Constitucional se conformó además con los doctores René Hernández Valiente, Orlando Baños Pacheco, José Enrique Argumedo y Mario Antonio Solano. La Sala de lo Civil con los doctores Anita Calderón de Buitrago, José Ernesto Criollo y Carlos Amílcar Amaya. La Sala de lo Penal con los doctores José María Méndez, José Artiga Sandoval y Roberto Gustave Torres. La Sala de lo Contencioso Administrativo con los doctores Manuel Alfredo Novoa Flores, Mauro Alfredo Bernal Silva, Aronette Díaz y José Salvador Soto.

Esa Corte llevó adelante una depuración del Órgano Judicial y se propuso restaurar la confianza ciudadana en la administración de justicia. Por su origen se la calificó como la Corte de la Paz.

Dentro de sus logros apuntamos: a) propició o implementó importantes cuerpos normativos, como los de familia y menores; b) la Sala de lo Constitucional pronunció sentencias relevantes, entre ellas: la que estimó al habeas corpus como excepción de la detención provisional; en materia de amparo, la que determinó la representación mínima de los partidos políticos; y la que declaró inconstitucional la ordenanza municipal reguladora de las marchas y manifestaciones.

En el sistema político, dicha Corte fue respetada por los otros órganos supremos del Gobierno, cumpliendo con el principio de la división e independencia de poderes, base del Estado de Derecho.

Respecto al tema de la Caja Mutual del Abogado de El Salvador (CAMUDASAL), precisamos y corregimos el dato histórico de su origen con lo siguiente: a) en la época de la “Corte de la Paz”, por Decreto Legislativo 187 del 10/11/1994, se aprobó la ley de creación de la CAMUDASAL, impulsada por la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador; b) por acuerdo número 40 de la misma Corte del 17/01/1995, se aprobó transferir a favor de la CAMUDASAL 6 millones de colones con aplicación al presupuesto del Órgano Judicial correspondiente a 1995; c) el mencionado presidente de la CSJ entregó esa cantidad al presidente de la FEDAES, doctor José Ernesto Jerez, en presencia del presidente del CNJ, doctor Eduardo Tomasino; ese fue el capital semilla de la CAMUDASAL, el origen del régimen de previsión social que tanto bien hace a nuestro gremio, al cual debiéramos estar asociados todos los abogados, para la seguridad de nuestras familias.

Al vencerse el primer trienio, cinco de los magistrados dejaron sus cargos, con el convencimiento de que la simiente de la evolución positiva del Órgano Judicial quedaba arraigada.

Con elecciones en perspectiva para la renovación de cinco magistrados, sirva este relato histórico para instar a las asociaciones de abogados que se aprestan a competir, que en su selección de aspirantes adopten criterios que aseguren un alto grado de honorabilidad y capacidad en cada uno de ellos.

HUELGA EN EL ORGANO JUDICIAL

2011-01-24T00:00:00.000-06:00

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Varias organizaciones sindicales del Órgano judicial se han declarado en huelga indefinida y logrado paralizar el funcionamiento de los tribunales y del Instituto de Medicina Legal, generando una crisis de muy graves consecuencias. Su principal objetivo expuesto es obtener un incremento de salarios, aduciendo a tal propósito que la Corte Suprema de Justicia aprobó el año anterior aumentos para algunos de sus empleados.

Dichas organizaciones sindicales han irrespetado preceptos constitucionales y de la legislación secundaria al haber emprendido la huelga.

Se ha recurrido al uso indebido de la fuerza al impedir a empleados del Órgano Judicial la salida de las instalaciones y bloquear accesos; al amenazarlos e intimidarlos; al desconectar los sistemas de energía eléctrica, aire acondicionado y ventilación y otras acciones coactivas. En fin, se ha causado una atmósfera de temor e incertidumbre, que cunde en los empleados y funcionarios del Órgano Judicial, cuya integridad física se ha visto en peligro.

Además, observamos severas implicaciones en perjuicio de los derechos de la ciudadanía en general y del Estado mismo en su institucionalidad primaria.

El derecho a la huelga, que la Constitución reconoce en el Art. 48 Cn., está expresamente prohibido en el Art. 221 de la misma Carta Magna para los trabajadores públicos y municipales.

El CEJ deplora la referida situación caótica, que afecta gravemente la armonía, el orden público y la paz social y hace un llamado a las personas involucradas para que depongan su actitud violenta, en bien de todo el pueblo salvadoreño y del sistema judicial.

Reconocemos la necesidad de los trabajadores en general de obtener mejores ingresos, en especial en el contexto de la precaria situación socioeconómica del país, que a todos nos golpea; también, estimamos pertinente que se denuncien actuaciones indebidas de la administración y pidan mejores condiciones de trabajo. Lo objetable son las conductas y los mecanismos de fuerza utilizados.

En consecuencia, les demandamos que pongan término a los actos y protestas desmedidas. Apelamos al espíritu cívico y a los sentimientos patrióticos y principios éticos inculcados. Deben entender y tomar conciencia que han sobrepasado los límites de lo debido y permitido.

Es notorio que el pueblo en general es afectado por la huelga ilegal declarada, como efecto de la situación caótica en el sistema de justicia y en el Instituto de Medicina Legal.

En consecuencia, los instamos con vigor a que concluyan de inmediato el paro declarado y las medidas de presión.

Únicamente así podrá prosperar una instancia de diálogo, que es la vía plausible para alcanzar acuerdos y superar errores.

Deben considerar y comprender que no será posible solucionar sus demandas en tanto subsista el clima de confrontación. Es indispensable que demuestren una buena disposición para resolver la crisis y para ello será necesario que desistan de amenazas y medidas de hecho.

Al mismo tiempo, observamos a los señores Magistrados la importancia de actuar con prudencia y procurar avenimientos, a buscar alternativas para la finalización inmediata del conflicto. En ese orden, sugerimos aceptar los mecanismos de mediación que se han planteado para propiciar los acuerdos necesarios.

El CEJ hace un llamado a los sindicalistas a que desistan de la huelga y se sometan al ordenamiento jurídico y formulen a la CSJ propuestas viables; al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, que interponga sus buenos oficios; y a la Fiscalía General de la República, para que investigue los hechos constitutivos de delito y promueva los procesos a que hubiere lugar.

Finalmente, el CEJ se solidariza con el llamado urgente a la concordia hecho por la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador, que responde a un clamor nacional y a los intereses sagrados de la patria.

Los delitos de acción privada

2011-01-17T00:00:00.002-06:00

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En enero de 2011 entró en vigor un nuevo Código Procesal Penal (CPP), aprobado desde octubre de 2008, el cual contiene innovaciones sobre los delitos de acción privada, que abordamos a título ilustrativo.

La acción penal persigue una decisión justa del órgano jurisdiccional sobre la comisión de un delito para que se manifieste el poder punitivo del Estado. Si bien todo delito afecta valores de la comunidad, los delitos de acción privada lesionan directamente bienes jurídicos de particulares, por lo cual existe justificación para un tipo de procedimiento diferente.

El art. 17 del nuevo Código (CPP) distingue los tipos de acción penal, así: 1) Acción pública. 2) Acción pública, previa instancia particular. 3) Acción privada.

El art. 193 de la Constitución prescribe que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) promover la acción penal de oficio o a petición de parte. La acción privada corresponde a los particulares. Se distingue, pues si bien todo delito afecta valores fundamentales de la comunidad, los de acción privada lesionan directamente bienes jurídicos de individuos específicos.

En cuanto a los delitos de acción pública, la Sala de lo Constitucional viene de establecer una interpretación jurisprudencial conforme la cual su ejercicio no constituye un ámbito exclusivo y excluyente, un monopolio de la FGR, ya que en determinadas circunstancias puede intentarse o proseguirse por particulares.

En cuanto a los delitos de acción privada, son perseguibles únicamente por acusación de la víctima (art. 28 CPP), y estos son los siguientes: 1) Los relativos al honor y la intimidad. 2) Hurto impropio. 3) Competencia desleal y desviación fraudulenta de la clientela. 4) Insolvencias punibles.

El CPP del art. 439 al 444 establece para estos un procedimiento especial, que comprende: a) Presentación de escrito de acusación a un tribunal de sentencia; b) intimación del imputado; c) conciliación; d) audiencia de aportación y admisión de pruebas; e) vista pública y sentencia.

El nuevo código, en atención a la naturaleza privada, señala como casos de finalización, el perdón y la retractación. El perdón debe ser expresamente otorgado por la víctima, herederos o representantes legales. La retractación procede únicamente en los delitos contra el honor. Debe ser aceptada para extinguir la acción penal y dictar sobreseimiento.

Los tribunales de sentencia se ceñirán a los principios constitucionales del debido proceso, juicio previo, legalidad, juez natural, dignidad humana, igualdad y acceso a la justicia.

Respecto a los delitos contra el honor, los sujetos protegidos son todas las personas, aspecto derivado de la dignidad humana; el CPP no hace distinción en cuanto a la calidad de las víctimas.

El art. 2 de la Constitución garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. El art. 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos prohíbe los ataques contra la honra y la reputación. De igual modo se pronuncia la Declaración Americana o Pacto de San José en su art. 11.

El art. 6 Cn. consagra las libertades de pensamiento y expresión, siempre que no se subvierta el orden público, ni lesione la moral, el honor, ni la vida privada de los demás. Su ejercicio no puede sujetarse a previo examen, censura ni caución, pero los infractores responderán por el delito cometido

En suma, en los delitos de acción privada la intervención judicial es un procedimiento especial, más rápido, con regulaciones propias. Para el caso, los delitos relativos al honor, que son la calumnia, la injuria y la difamación (art. 177 a 179 Pn.) tienen un régimen de prueba propio, que incluyen la posibilidad de comprobación del hecho punible y la excepción de prueba de la verdad (exceptio veritatis).

Otras sentencias de la Sala de lo Constitucional

2011-01-17T00:00:00.000-06:00

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La actual Sala de lo Constitucional, integrada en julio de 2009, además de las tres debatidas sentencias concernientes a: a) las candidaturas independientes y listas abiertas; b) la inconstitucionalidad de normas presupuestarias que habilitaban las transferencias de fondos de un Ministerio a otro sin aprobación de la Asamblea Legislativa; y c) una disposición del Código Penal que exoneraba de responsabilidad a los dueños y otros funcionarios de medios de comunicación en materia de libertad de expresión; ha emitido otras sentencias de ostensible interés, de las que destacamos las siguientes:

1) Medida cautelar innovadora: ordenó al ISSS proveer medicamentos a un enfermo con sida (VIH) mientras se tramitaba el respectivo proceso de amparo, aduciendo que esperar hasta la sentencia definitiva implicaba un grave riesgo para la vida o salud del paciente.

2) Elección indebida de un magistrado del TSE en 2004: lo estimó así al amparar en dos procesos ventilados contra la Asamblea Legislativa a personas que aspiraban al cargo y fueron afectadas en ese derecho. La Sala consideró que hubo inconstitucionalidad en la elección referida y habilitó a los demandantes a reclamar indemnización a la Asamblea Legislativa.

3) Inconstitucionalidad en autorización emitida por el Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales para construir un embarcadero en un club privado, pues causaría daños al medio ambiente marino.

4) Amparo a una asociación de homosexuales, a la que el Ministerio de Gobernación negó su inscripción. La Sala ordenó examinar la solicitud sin sustentarse en la preferencia sexual de los asociados.

5) Declaratoria sobre la desaparición forzada de una menor durante el conflicto armado e implicó al Batallón Atlacatl. Ordenó a la Fiscalía indagar el caso.

6) Declaró inconstitucional una ley por no haberse permitido su discusión legislativa a pesar de solicitarla varios diputados.

7) Declaró inconstitucional un decreto legislativo que exoneraba multas de tránsito por más de 30 millones de dólares impuestas a transportistas y particulares, por no ser posible exonerar deudas a favor del Estado.

8) Declaró inconstitucional la pena de 75 años de prisión porque supera la esperanza de vida del salvadoreño promedio y la convierte en pena perpetua, en contra de lo que dispone el art. 27 Cn.

9) Declaró que el fiscal general no tiene el monopolio o exclusividad de la acción penal pública. Exhortó a la Asamblea Legislativa a legislar para que las víctimas tengan acceso directo a la justicia, cuando la Fiscalía no ejercite la acción penal o no prosiga el proceso penal por cualquier motivo.

10) En proceso de amparo contra el fiscal general, le impuso como medida cautelar que pague el salario al asesor de comunicaciones de la Unidad Fiscal de Asuntos Legales Internacionales, quien ha reclamado una degradación al ser trasladado del cargo que ocupaba en la Unidad de Intereses de la Sociedad, en tanto se discute si fue o no constitucional el acuerdo adoptado sin que hubiera proceso sancionatorio.

En definitiva, la Sala de lo Constitucional ha pronunciado, además de las tres relacionadas al principio, otras sentencias de interés jurisprudencial relevante, que formulan lineamientos o criterios novedosos y contienen esmerada fundamentación doctrinaria.

La trascendencia de estos fallos deberá estimarse en cada caso, teniendo en consideración su fundamentación jurídica, así como sus repercusiones sociales y en el sistema político.

El CEJ reconoce que la Sala ha venido superando y reduciendo la mora en los procesos constitucionales y que dicho tribunal proyecta imagen de capacidad, independencia e imparcialidad, lo que no descarta discrepancias en cuanto a interpretaciones jurídicas y sobre la aplicación o desarrollos de los nuevos criterios, por lo que continuaremos atentos en el estudio de sus resoluciones.

La caja mutual del abogado

2011-01-03T00:00:00.000-06:00

Centro de Estudios Jurídicos / Por el Imperio del Derecho

Como contrapartida a aspectos críticos de la abogacía y el notariado, abordamos ahora el tópico positivo del régimen de previsión y seguridad del profesional del derecho, un logro histórico de la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador, FEDAES.

La creación y funcionamiento de la Caja Mutual del Abogado de El Salvador, CAMUDASAL, reivindicó el espíritu gremialista, afectado por una penosa sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Colegiación Profesional, por obligatoriedad.

CAMUDASAL inició operaciones en 1995 y en su naturaleza y objeto contradice el criterio del supuesto individualismo de los abogados, al configurar una entidad que se basa en principios de solidaridad, cooperación y ayuda mutua.

Cundía indignación en casos luctuosos en que las familias carecían de fondos para costear servicios fúnebres de abogados y se hacían colectas, por la falta de protección social, que se advertía también en la precariedad de esas familias, que hoy tienen esta opción de respuesta.

Rendimos homenaje a colegas que forjaron este sueño, citamos entre ellos a Homero Sánchez Cerna, Carlos Ramón Dávila, Ricardo Alfaro Sandoval, Ricardo Novoa Arciniegas, Óscar Lara Faucillón, Fabio Hércules Pineda, Óscar Lacayo Rosales, Roberto Escobar García y José Ernesto Jerez. El 30 de junio de 1995, Día del Abogado, el entonces presidente de FEDAES, Facundo de Jesús Ruiz Rodas, y el secretario general, Miguel Ángel Arriaza Cáceres, otorgaron reconocimientos a los compañeros que desarrollaron actividades para crear la Caja Mutual. Tenemos un diploma que lo atestigua.

El proyecto se inspiró en la caja mutual magisterial y en desarrollos actuariales del sistema de previsión social de la Fuerza Armada. Fue posible gracias al apoyo de la Corte Suprema de Justicia, bajo la presidencia del doctor Gabriel Mauricio Gutiérrez Castro, que la dotó del capital semilla. Inició actividades en la Casa del Abogado, en la colonia Escalón, donde finalizaba el Programa de Educación Legal de FEDAES, un proyecto respaldad por la Fundación Interamericana de Abogados (FIA) y financiamiento de la AID, del cual se heredó infraestructura básica.

CAMUDASAL es una institución autónoma de crédito, de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, administrada por un Consejo Directivo formado por 5 miembros propietarios y 5 suplentes que representan a la FEDAES, a las asociaciones de abogados de las zonas central, occidental y oriental del país y al Ministerio de Hacienda. Ofrece cobertura a los abogados y sus familias, mediante el pago de cuotas mensuales módicas. Provee seguro de vida, auxilio de sepelio, administración del seguro de vida que el Estado concede a los abogados de la administración pública, seguro médico hospitalario, préstamos, arrendamientos de locales, descuentos en compras, etc.

Según recabamos, cuenta con 3,754 afiliados activos, tiene oficinas en San Salvador, Santa Ana y San Miguel. Suscribió un convenio con la Corte Suprema de Justicia por el que administra seguro de vida de 1,222 personas del Órgano Judicial.

En 16 años de existencia ha entregado casi dos millones y medio de dólares a beneficiarios del seguro de vida y doscientos ochenta mil dólares para sepelios, lo que evidencia el triunfo del empeño. Esperamos que pueda expandirse y crear un centro recreativo y de convenciones, biblioteca, clínica, en fin, convertirse en una institución de mayores proyecciones en servicios y capacidad financiera.

Instamos a los miembros del CEJ y abogados en general que se afilien y contribuyan a este esfuerzo colectivo. Es lamentable el diminuto porcentaje de afiliados en relación con los más de 23,000 abogados autorizados.

Reconocemos el trabajo del Consejo Directivo, que preside Carlos Ovidio Murgas López, y le aplaudimos proporcionar sede a FEDAES y a los procesos electorales para magistrados de la CEJ y consejales de la judicatura.

Elecciones en perspectiva

2010-12-27T00:00:00.000-06:00

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El primero de julio de 2012 se iniciará el período de 5 nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que sustituirán a los actuales Néstor Castaneda Soto, Ulices del Dios Guzmán, Mirna Perla Jiménez, Marcel Orestes Posada y Miguel Ángel Cardoza, quienes terminarán sus 9 años de gestión. La Corte se renueva en una tercera parte de sus 15 integrantes cada 3 años.

El proceso electoral cubre tres fases principales, a saber: a nivel gremial, en el seno del Consejo Nacional de Judicatura (CNJ) y en la Asamblea Legislativa.

Respecto a la primera fase, la elección democrática de candidatos por parte de las entidades de profesionales del derecho se organiza por la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (FEDAES). La convocatoria oficial se verificará en diciembre de 2011 y por tanto nos encontramos a un año plazo del comienzo de esa etapa formal, que se efectuará en el primer trimestre de 2012. Está por iniciarse un período preelectoral en las diferentes asociaciones de abogados, que planificarán campañas, considerarán candidatos y ponderarán sus ofertas sustantivas. Esperamos que los diseños se orienten a elevar el prestigio y la eficacia del Órgano Judicial.

Calculamos que votará un número aproximado de ocho mil abogados, de los veinticuatro mil autorizados que conforman el padrón electoral. Esta etapa democrática deviene del art. 186 de la Constitución, y es producto de los Acuerdos de Paz.

En la segunda fase, el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) estructura un listado de 30 candidatos, que incluye a los abogados que obtuvieron los 15 primeros lugares en la elección de la FEDAES, en la etapa anterior; la otra mitad la nomina el propio CNJ, después de una consideración de propuestas, revisión de antecedentes, entrevistas y consultas.

La tercera fase es la elección en la Asamblea Legislativa, constreñida a la lista que le presentará el CNJ. La Asamblea decide con mayoría calificada, en votación nominal y pública. Se requiere 56 votos como mínimo, lo que impone negociaciones y acuerdos. Esta elección ha tenido el sello negativo de ser excesivamente politizada, por intereses partidarios. Rechazamos enfáticamente el reparto por cuotas entre partidos, deben prevalecer los criterios de idoneidad, competencia y moralidad.

La CSJ ha brindado respaldo a la FEDAES en la infraestructura y algunos gastos, lo mismo que el CNJ, pues la FEDAES carece de fondos, por lo que esta ha gestionado patrocinios financieros y apoyo logístico. La FEDAES, como responsable de la organización y administración del proceso en toda la República, deberá de nuevo acudir a entes estatales para gestionar financiamiento y, además, fijar una cuota para cada aspirante como derecho de participación.

El voluntariado de la FEDAES en todo el país no basta; se necesita contratar personal, pagar publicaciones y avisos, organizar conferencias de prensa, etc., lo que va más allá del tiempo y del esfuerzo que brindan animosos los dirigentes de turno.

Colegas abogados, aprestémonos a esa justa con todo entusiasmo. La gesta tiene que dignificar al gremio, ser un ejemplo de cultura electoral, con mensajes de fondo, transparente e impecable, bien organizada, cuya votación directa, igualitaria y secreta, propicie la mayor credibilidad y confianza; asimismo, el escrutinio debe ser limpio y fidedigno, vigilado y auditado, sin demoras ni excesos.

Los candidatos deberán cumplir los requisitos de moralidad, capacidad y decencia. Procuremos planillas de candidatos con prestigio y valores manifiestos. Sugerimos filtros éticos blindados en las asociaciones participantes y en la FEDAES, para que los candidatos a magistrados sean modelo de probidad.

La campaña de la FEDAES de 2012 coincidirá con las de diputados y concejos municipales, por lo que se desarrollará en un ambiente caldeado, debiendo brillar por su altura cívica.

Acefalía en la Superintendencia de Competencia

2010-12-20T00:00:00.002-06:00

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El CEJ hace pública su preocupación por la prolongada acefalía en la Superintendencia de Competencia, entidad creada por Decreto Legislativo n.º 528 de 22 de diciembre de 2004, en la Ley de Competencia, la cual entró en vigor el primero de enero de 2006.

La Superintendencia de Competencia es una institución de derecho público, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa. Tiene a su cargo un sistema de análisis técnicos, jurídicos y económicos, así como la prevención y erradicación de prácticas anticompetitivas que limiten o impidan el acceso al mercado a cualquier agente económico, lo que destaca sus atribuciones para el debido cumplimiento de los artículos 101, 102 y 110 de la Carta Magna. Se requiere propiciar una economía competitiva y eficiente, transparente, accesible y dinámica, con proyección social.

Se prescribe jurídicamente:

a) Promover el desarrollo económico y social mediante el incremento de la producción y defender el interés de los consumidores;

b) Garantizar la libertad económica, en lo que no se oponga al interés social; y

c) Hacer efectiva la prohibición de prácticas monopolísticas y monopolios, salvo cuando el interés social lo haga imprescindible.

Desde la vigencia de esa ley, se observó que la Superintendencia de Competencia se afanaba en el cumplimiento de su mandato, a pesar de algunos desaciertos causados por la novedad de implantar una normativa extraña a nuestra realidad y práctica legal. Hubo dificultades desde el principio, aunadas a la inexistencia en El Salvador de una ley de procedimientos administrativos, que sigue siendo necesaria.

Las actuaciones de la Superintendencia de Competencia condujeron a cambios de paradigmas en nuestra sociedad y propiciaron una importante disminución en prácticas anticompetitivas, que antes no estaban sancionadas, sino que, ¡en algunos casos eran protegidas!

Ha sido un proceso difícil, pero gratificante, pasar de un entorno en el cual los competidores podían sin restricciones pactar límites en cuanto a precios, zonas u otras condiciones comerciales, aunado a que, por ministerio de ley, tales acuerdos están prohibidos y sujetos a ser sancionados.

La Superintendencia de Competencia es gestora de ese cambio de paradigmas y formas de competir. Hay deficiencias pero entendemos que es un proceso y las nuevas autoridades tendrán mucho que hacer.

El CEJ reconoce que la Superintendencia de Competencia ha logrado beneficiar la competencia en importantes segmentos del mercado, pero señala que parece disminuir su efectividad por la significativa ausencia de su autoridad institucional que acontece.

De acuerdo con la Ley de Competencia corresponde al superintendente la representación legal, la dirección superior y la supervisión de las actividades (art. 7). Por ello resulta inexplicable que el presidente de la República no haya procedido a designar al indispensable funcionario, por cierto en el cargo que desempeñó con tino el Dr. José Enrique Argumedo.

El CEJ hace un llamado al presidente de la República para que proceda a nombrar al superintendente de Competencia, cuyo vacío afecta negativamente las actuaciones que tal institución debe realizar.

No es casualidad que se haya escuchado “relativamente poco” de la Superintendencia de Competencia en estos meses. La limitante de no contar con su representante legal es grave y no podemos ignorarla.

Además, los miembros del Consejo Directivo de la Superintendencia de Competencia son nombrados por cinco años y el actual período está por vencer. Por ende, recalcamos la premura en nombrar al nuevo superintendente de Competencia, así como considerar la renovación del Consejo Directivo.

El CEJ insta al señor presidente de la República para que con prontitud designe a una persona capaz, honorable y de amplias credenciales profesionales, al frente de tan relevante institución, como le corresponde efectuar.

La transparencia es un deber

2010-12-13T00:00:00.001-06:00

Centro de Estudios Jurídicos / Por el Imperio del Derecho

El jueves 2 de diciembre de 2010 la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Acceso a la Información Pública, lo que constituye un paso histórico trascendente en el fortalecimiento del Estado democrático y constitucional de derecho.

El Salvador se ubica dentro de los Estados que reconocen cómo la soberanía del pueblo se manifiesta ante los gobernantes de manera permanente y ostensible, en un desarrollo de los derechos de petición y de libertad de expresión, con esta normativa.

Veamos los conceptos que se incorporan al sistema jurídico:

Transparencia, define la obligación de informar.

Ese deber de informar alcanza a los tres Órganos del Estado, sus dependencias, instituciones autónomas, municipalidades y todo actor de la administración pública en general, que se mencionan como entes obligados, así como los sujetos privados que manejan fondos estatales.

La ley conceptuó transparencia en su art. 6 literal h como el deber de actuar apegado a la ley, de apertura y publicidad, que tienen los servidores públicos en el desempeño de sus competencias y en el manejo de los recursos que la sociedad les confía, para hacer efectivo el derecho de toda persona a conocer y vigilar la gestión gubernamental.

Los funcionarios en consecuencia deberán publicar información de manera oficiosa, rendir cuentas sobre el manejo de los recursos y actos que ejecuten y responder las peticiones de los usuarios.

Ello podría revelar tratos discriminatorios, inequidades e injusticias, moras e incumplimientos. Estamos en el derrotero de la probidad, honradez y eficiencia; y, asimismo, se propiciará la modernización del Estado y una leal competencia. Es un camino para el bien público e individual.

El acceso a la información pública implica el derecho de conocer. La ley tiene como objeto garantizar ese derecho de acceso a toda persona, a fin de contribuir con la transparencia de las actuaciones del Estado, bajo los principios de máxima publicidad, disponibilidad, prontitud, igualdad, sencillez, integridad y gratuidad.

La información oficiosa es aquella que de manera obligatoria deberán difundir los entes públicos, y mantener actualizada sin necesidad de solicitud directa.

La información confidencial y la información reservada es aquella cuyo acceso se restringe por mandato legal y causas justificadas.

La ley crea procedimientos e instituciones responsables para hacer efectivo este régimen y la generación de una cultura de transparencia. En caso de discrepancia sobre la naturaleza de la información se pondrá en funcionamiento el régimen administrativo instaurado.

Corresponderá al presidente de la República nombrar 5 comisionados que durarán en sus cargos 6 años, que conformarán el Instituto de Acceso de la Información Pública (IAIP), de ternas propuestas por las asociaciones empresariales, las asociaciones profesionales, las universidades, las asociaciones de periodistas y los sindicatos. La designación de los comisionados deberá efectuarse 120 días después de la entrada en vigor de la ley.

Los entes obligados designarán el respectivo oficial de información a más tardar 90 días después de la entrada en vigor.

Los particulares podrán presentar solicitudes de acceso a más tardar 180 días después de la vigencia.

El presidente emitirá los reglamentos de aplicación a más tardar 90 días a partir de la vigencia.

La ley entrará en vigor 30 días después de su publicación en el Diario Oficial.

Por tanto, los plazos fijados permitirán que en el segundo semestre del próximo año tengamos en pleno funcionamiento el sistema de transparencia.

Puesto que se ha creado una obligatoriedad jurídica a los funcionarios se establecen multas para los infractores.

Instamos a la sanción y promulgación de la ley, petición que se dirige a la Presidencia de la República, así como a poner manos a la obra en la preparación de los reglamentos.

Por su perseverancia y resultados obtenidos, felicitamos al Grupo Promotor.

Seguridad democrática y compra de aviones

2010-12-06T00:00:00.000-06:00

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Comentamos la noticia propagada desde España y confirmada en el país de una posible compra a Brasil de un lote de diez aviones militares por un valor de cien millones de dólares, lo que ha generado polémica en círculos políticos y preocupación general.

Nos referimos en primer lugar al aspecto jurídico vinculado al Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica, que no se puede ignorar por tratarse de armamento de guerra. Destacamos que el 15 de diciembre de 1995 se firmó por los gobiernos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá el referido Tratado en el ámbito del SICA, con el objeto de constituir un modelo de seguridad regional sustentado en un balance razonable de fuerzas militares, el cual comprende mecanismos de coordinación y cooperación a cargo de la llamada “Comisión de Seguridad” y prevé mantener un equilibrio de fuerzas militares y de seguridad pública, en el propósito de garantizar la paz. El Tratado establece líneas para la limitación y control de armamentos, así como un “Mecanismo Centroamericano de Información y Comunicación para la Seguridad”. El artículo 35 del mismo fija el compromiso de informar con carácter de secreto de Estado, a la Comisión de Seguridad, datos relativos al armamento y gastos militares. Precisamente es la Comisión de Seguridad, que encabezan los viceministros de Relaciones Exteriores y los de Defensa Nacional y Seguridad Pública, la que constata la información proporcionada en cuanto a los armamentos, de manera que se conoce cómo estamos unos y otros. En consecuencia, corresponderá considerar en ese nivel el tema de la adquisición de las aeronaves en el campo jurídico regional.

Pero además, lo concerniente a la capacidad bélica es un tema sensible en las relaciones internacionales del istmo centroamericano. Al respecto, es conocido que en la actualidad hay un nivel de desequilibrio, dado el superior poderío aéreo de Honduras con sus aviones de retropropulsión de combate F-15, lo cual justifica la idea de aumentar nuestro limitado poder defensivo aéreo, válida en la hipótesis propia de cualquier Estado Mayor. Los expertos militares sabrán si en el anunciado proyecto de compra existe una razón disuasiva o nada más una modernización de equipos vetustos; los expertos diplomáticos evaluarán otros potenciales efectos.

Se aduce que se trata de fortalecer el combate contra el narcotráfico, si bien el medio pareciera poco idóneo. Por ello se entiende como un gesto positivo hacia la Fuerza Armada. Es sabido que la institución militar se ha destacado por su fiel cumplimiento de los Acuerdos de Paz de 1992; además, su creciente rol en la lucha contra las pandillas y el control penitenciario gozan de apoyo ciudadano. Si se tratara de un mensaje político, la inversión no parece indispensable. Reflexionamos en necesidades básicas prevalecientes, tanto personales de los miembros del cuerpo militar, por ejemplo los ínfimos niveles salariales de la tropa, como institucionales, concernientes a las misiones de apoyo a la seguridad interna.

Opinamos que el crítico escenario económico del país no es propicio para tal inversión. El CEJ, sin color partidario, se dirige abiertamente al señor presidente: preocupa sobremanera la elevada deuda pública nacional, superior al 50% de los ingresos fiscales. Hay dificultades financieras acuciantes. Si es prioridad erradicar pandillas y enfrentar el narcotráfico, o mantener en buen curso la nave, se sugiere procurar la concertación con todas las fuerzas políticas y sociales; rescatar los lineamientos estratégicos del Consejo Económico y Social. Recomendamos una política de austeridad.

En suma, concordamos en que es justo y apropiado adoptar medidas efectivas de respaldo a la Fuerza Armada, pero estas deben tener en cuidadosa consideración las disponibilidades financieras presupuestarias y sugerimos como política crediticia nacional, restringir a lo absolutamente necesario el endeudamiento público.

El notariado en declive

2010-11-29T00:00:00.000-06:00

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A la par de la crisis de la abogacía, el ejercicio del notariado es preocupante. Esta relevante función pública, que confiere certeza jurídica, es necesaria para la vida social, pues determina la potestad de asegurar la verdad de los hechos y actos que el notario constata, los que gozan de fe pública delegada por el Estado. Por tanto, es de suyo delicada y está sujeta a controles oficiales, así como a sanciones administrativas y penales por actos reñidos con la responsabilidad.

Sin embargo, está en descrédito por prácticas inconcebibles, es el notariado en declive, decadente en la vida cotidiana. Nos referimos a “bufetes populares” que comercializan auténticas a veinticinco centavos, escrituras de compraventa de vehículos a tres dólares, testamentos por una nimiedad y así otros ejemplos de arrabal. En el otro extremo, hay instituciones bancarias que ofrecen la cartulación “gratuitamente”, como medio de promoción de sus créditos. Hay empresas que contratan notarios como empleados con protocolo, para utilizarlos en el marco de sus operaciones sin costo adicional. Es frecuente que los presidentes de las compañías no concurren a la lectura y firma de las escrituras ante notario, quienes les dejan los libros, en espera de la firma. Esta crítica situación se vincula al hecho de que hay alrededor de cuatro mil notarios activos.

Frente a ello, la Sección del Notariado de la Corte Suprema de Justicia tiene una misión casi imposible. Manifestamos respeto a la dignidad de los jefes y empleados de esa sección, pues son personas honorables. Empero, esa oficina no dispone de los recursos humanos, tecnológicos e infraestructura necesaria para enfrentar ese reto. Recibe la sección diariamente entre treinta y cuarenta libros de protocolo utilizados, y multitud de solicitudes de testimonios, que exigen un trabajo ingente. La revisión de los protocolos y testimonios, de índices, anexos, firmas y sellos, obligan a un esfuerzo cuidadoso para detectar errores, lo que no puede soslayarse. Es positivo que la sección entrega los nuevos libros ya autorizados con celeridad entre dos y tres días a lo sumo.

Por fortuna hay un régimen especial para testamentos, cuyos testimonios deben someterse por el notario en un plazo de cinco días de otorgados y son objeto de minucioso cotejo respecto al cumplimiento de las exigencias legales. Pero los demás instrumentos son vistos por la Sección del Notariado hasta después de vencido el año de vigencia del protocolo, o al haberse agotado las páginas, y pese al empeño responsable, pareciera que no se logran escudriñar con la misma rigurosidad.

Amén de lo anterior, hay miles de abogados, sin exageración, esperando examinarse. La Corte ha dejado transcurrir alrededor de tres años desde el último examen y los aspirantes se han organizado para exigir el proceso de evaluación. En las tres últimas pruebas masivas, el test parecía diseñado para engañar, no para evaluar con justicia. El promedio de aprobados ha rondado el doce por ciento, cifra muy pobre atribuida al bajo nivel de preparación académica, pero tampoco se descarta que la forma del examen incide en los magros resultados.

Aspirantes visualizan al notariado como medio de subsistencia, dadas las precarias condiciones económicas, pero no es una panacea al encontrarse en decadencia. Hay competencia por favoritismos y cierres de empresas.

El estudio a profundidad de la crisis de la abogacía, que instamos a la Corte Suprema de Justicia y a la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador, debe incluir el problema del notariado, en el grueso de su complejidad. Habrá que analizar la forma, naturaleza y alcances de los exámenes, así como ligarlos a la necesaria actualización de conocimientos que se requiere: la educación legal continuada.

El Plan Trifinio y la integración

2010-11-22T00:00:00.001-06:00

Centro de Estudios Jurídicos / Por el Imperio del Derecho

El Tratado entre El Salvador, Guatemala y Honduras para la ejecución del Plan Trifinio, suscrito el 31 de octubre de 1997, es un avanzado esquema de integración y cooperación transfronterizo. Se originó hace 24 años y ha logrado algunos resultados tangibles, además del enfoque geopolítico unionista y de obviar disputas territoriales, acercando los pueblos.

Es vital, pues comprende el área de nacimiento del río Lempa y se proyecta como política de Estado el descontaminarlo.

La finalidad original se enfocó en la defensa del medio ambiente y sus recursos, en especial la reserva Biósfera de la Fraternidad. El nuevo Plan Estratégico 2010-2020, presentado por el vicepresidente de la República a las autoridades y organizaciones locales, incluye acción social en materia de educación, salud y vivienda, y comprende ejes de desarrollo fronterizo, economía sustentable y gestión del recurso hídrico.

Su centro se ubica en el bosque nebuloso de Montecristo. Se extiende en un área de 7,541 Km² que comprende 45 municipios, ocho en El Salvador; 15 en Guatemala y 22 en Honduras. En nuestro país son los municipios de Metapán, Santa Rosa Guachipilín, San Antonio Pajonal, Masahuat, Santiago de la Frontera, Citalá, San Ignacio y La Palma. El presupuesto se forma con aportes de los gobiernos, donaciones y cooperación externa. Participa en el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y posee personalidad jurídica internacional a la luz del artículo 89 Cn.

Su diseño estructural comprende:

a) Una Comisión Trinacional integrada por los vicepresidentes de Guatemala y El Salvador y el designado presidencial de Honduras, órgano político de alto nivel.

b) Una Secretaría Ejecutiva Trinacional, órgano tripartito que aprueba los planes.

c) Un Secretario Ejecutivo, director permanente con sede en San Salvador.

d) Un Director Ejecutivo Nacional por país. apoyan al secretario ejecutivo.

e) Un Comité Consultivo, lo forman gobernadores, alcaldes y representantes comunitarios.

f) Unidades Técnicas Trinacionales.

Con la visión del Plan Trifinio, el Centro de Estudios Jurídicos formula un llamado a la cancillería para reemprender o iniciar esfuerzos de integración y cooperación en otras áreas fronterizas, teniendo en cuenta su relevante impacto político-social para la paz y el bienestar de las comunidades más pobres del país, que se clasifican en el cuarto mundo, como las siguientes:

1) Proyecto con Guatemala, en la cuenca del río Paz, sobre el cual se preparó un proyecto de tratado.

2) Proyectos con Honduras, iniciados con la cooperación de la Unión Europea, que ha concluido y deberían reimpulsarse.

3) La Convención sobre Nacionalidad y Derechos Adquiridos entre Honduras y El Salvador, para los pobladores de los ex bolsones, a cargo de una Comisión de Seguimiento Binacional, en donde ya existe un régimen de cooperación para pobladores afectados por la sentencia de La Haya de 1992.

4) La carretera Longitudinal del Norte, que abarca proyectos de desarrollo conjunto.

5) La región del golfo de Fonseca y sus islas y la cuenca del Goascorán, contando con organizaciones sociales pujantes.

El desarrollo de planes de cooperación internacional sería un medio para sustentar la paz y el bienestar.

Es un reto para cancillería sistematizar una política de integración transfronteriza, con Guatemala, Honduras y Nicaragua. Su viabilidad queda comprobada con los resultados del Plan Trifinio. Es políticamente conveniente impulsar la unificación regional y contribuir a que Centroamérica se encauce en un proceso de paz y progreso, conjunto o coordinado.

Las modernas dimensiones de la cooperación internacional se han expandido desde la conclusión, el 21 de mayo de 1980, de la Convención-Marco Europea sobre cooperación transfronteriza y pueden situarse en el nivel del derecho internacional comunitario o como cooperación local.

Crisis profesional del abogado

2010-11-14T00:00:00.000-06:00

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Están autorizados para ejercer la abogacía por la Corte Suprema de Justicia más de 22,000 ciudadanos. Algunos prestan servicios en instituciones gubernamentales o privadas y otros en despachos particulares, pero un notable porcentaje no tiene trabajo vinculado a esta profesión.

Tal situación no es exclusiva de El Salvador, ya en 1920, Piero Calamandrei escribió un ensayo denominado “Troppi Avvocati!” (¡Demasiados Abogados!), el cual fue considerado como una denuncia ante la decadencia intelectual y moral de la abogacía, derivada de la proliferación de abogados por el gran número de escuelas de derecho.

Según Calamandrei, este exceso “destruye todas las ventajas de la abogacía libre; y el problema fundamental de esta consiste, pues, en impedir, a través de una severa selección intelectual y moral, que el número de profesionales de la abogacía salga fuera de los límites compatibles con las finalidades públicas de la profesión. Son necesarios pocos abogados y bien escogidos; de otro modo la utilidad social de la abogacía es una mentira y una ironía”.

Son 13 las universidades del país que ofertan la carrera de ciencias jurídicas, lo que pareciera efecto práctico de la demanda de matrículas estudiantiles, la que no guarda proporción con los requerimientos de servicios de abogacía.

Lo anterior ha provocado que algunas facultades de derecho dejen de ser centros de adecuada formación y se conviertan en virtuales “maquilas”, debido al alto grado de producción anual de egresados, cuyo número se cuenta en miles, con secuela de frustraciones vocacionales y laborales. Además, se advierte un nivel de saturación en la inmensa población estudiantil cursante, lo que anticipa un colapso. No logran plazas judiciales o ministeriales, ahora ocupadas por graduados como notificadores y auxiliares, donde antes los estudiantes se formaban. Cunde la inexperiencia, la falta de conocimientos y prácticas. Calamandrei menciona consecuencias del exceso de abogados: 1. Decaimiento de la condición económica de quienes ejercen la profesión. 2. Decaimiento moral de la profesión, que lleva a muchos a incurrir en prácticas reñidas con la ética. 3. Decaimiento intelectual de los abogados.

El Estado cuenta con pocos medios para disminuir o regular la cantidad de estudiantes y egresados, principalmente porque de acuerdo con la Ley de Educación Superior las universidades se autorregulan y les basta la aprobación de un plan de estudios esencial. El Ministerio de Educación apenas puede comprobar la calidad académica universitaria en un proceso que se realiza cada tres años.

Calamandrei recomienda: modificar el sistema de enseñanza, aumentar la exigencia en los exámenes, corregir vicios de la práctica profesional, fortalecer los colegios profesionales y recuperar la moralidad en el foro.

Sugerimos reforzar las especializaciones, limitar el número de escuelas de derecho, incrementar los controles de calidad de la enseñanza y requisitos de graduación y autorización.

El CEJ hace un urgente llamado a la Corte Suprema de Justicia, institución responsable de autorizar y controlar el ejercicio de la abogacía (art. 182, 12.ª Constitución) y a la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador, FEDAES, como defensora del gremio, para que propicien un estudio a profundidad y propongan una solución integral y efectiva frente a la caótica situación.

Para concluir, retomamos palabras del inglés Bagot, citadas por Calamandrei: “La más popular de las profesiones civiles es la de abogado; (la nación) está llena de abogados, de procuradores y de leyes. Pero, desgraciadamente, justicia hay muy poca. La profesión de abogado, como tantas otras, se resiente mucho del gran número de los que la ejercen, de lo cual se deriva que, aún habiendo muchos abogados y procuradores honrados y concienzudos, hay también muchos que para vivir se ven obligados a no tener ni una ni otra de esas cualidades”.

Arbitraje: reforma inconstitucional

2010-11-08T00:00:00.000-06:00

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La Asamblea Legislativa reformó sin haber celebrado consultas la Ley de Mediación, Conciliación y Arbitraje (LMCA), mediante Decreto Legislativo n.º 141 de fecha 1 de octubre de 2009. Dentro de esas reformas habilitó a través del artículo 66-A, que los laudos arbitrales pronunciados en arbitraje de derecho pudieran ser objeto de apelación con efecto suspensivo, para ante las Cámaras de lo Civil.

El CEJ estima que esa reforma violentó el artículo 23 de la Constitución, ya que al autorizar que el laudo arbitral referido sea apelable desconoce ese precepto. Obsérvese que un laudo arbitral apelado, a partir de la reforma aludida, no pone término al asunto controvertido. En efecto, el diferendo será terminado por la sentencia judicial, que podrá confirmar, modificar o revocar el laudo. La última palabra sobre el caso planteado la tendrán los funcionarios judiciales y no los árbitros. Por tanto, se impondrá a las partes un medio procesal distinto a aquel que pretendían cuando hicieron uso del derecho conferido en el artículo 23 Cn.

La Constitución, en su artículo 23, establece que ninguna persona que tenga la libre administración de sus bienes puede ser privada del derecho de terminar sus asuntos civiles o comerciales por transacción o arbitramento.

Según el Diccionario de la Real Academia Española, “terminar” tiene el significado de poner término a algo; y “término”, a su vez, tiene las siguientes acepciones: 1) último punto hasta donde llega o se extiende algo; 2) último momento de la duración o existencia de algo; y 3) límite o extremo de algo inmaterial.

La reforma a la LMCA, concretamente la incorporación del art. 66-A, lesiona la esencia del arbitraje, pues no es a través de este procedimiento que se concluye el conflicto, lo que contraría la voluntad de las partes.

La incorporación del recurso de apelación implica un grave retroceso en el marco de la institución del arbitraje como mecanismo alterno de solución de conflictos; y, además, configura una situación de incongruencia conceptual y fáctica, en tanto esa deficiencia ubica a El Salvador fuera del contexto aplicado por la comunidad internacional.

A escala internacional es indiscutible el efecto propio del convenio arbitral, que se sustenta en el sometimiento por voluntad de las partes. Claro ejemplo de ello son los reglamentos sobre arbitraje de los más prestigiosos centros de arbitraje alrededor del mundo, dentro de los que cabe mencionar como referencia: el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, el Reglamento de Arbitraje del Centro Internacional para la Resolución de Disputas de la Asociación Americana de Arbitraje y el Reglamento de Arbitraje de la Corte de Arbitraje Internacional de Londres.

Lo anterior motivó que un ciudadano presentara a la Sala de lo Constitucional una demanda de inconstitucionalidad contra la mencionada reforma a la LMCA, que fue admitida y está en trámite avanzado.

Vinculado a lo anterior, alienta saber que los días 20 y 26 de julio de 2010, la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro en dos procesos de apelación distintos declaró inaplicable el artículo 66-A de la LMCA, por violar el precepto constitucional aludido, remitiendo certificación de ambas resoluciones a la Honorable Sala de lo Constitucional, para que esta se pronuncie sobre dicha declaratoria.

El CEJ formula un llamado a la Sala de lo Constitucional para que declare la inconstitucionalidad del artículo 66-A de la LMCA, restaurando el derecho de terminar los asuntos civiles o comerciales por la vía del arbitraje, con lo cual se respetará la libertad contractual de quienes pactaron ese medio alternativo para dirimir sus disputas.

Las tres sentencias de inconstitucionalidad

2010-11-01T21:30:00.001-06:00

Centro de Estudios Jurídicos / Por el Imperio del Derecho

El Centro de Estudios Jurídicos publicó en LA PRENSA GRÁFICA el pasado viernes 22 de octubre, página 97, un manifiesto sobre tres recientes sentencias de la Sala de lo Constitucional relativas: a) al sufragio en listas abiertas y las candidaturas no partidarias; b) a la transferencia de fondos públicos entre instituciones del Estado; y c) al derecho de libre expresión y sus límites. Calificó a tales sentencias de gran relevancia histórica para la sociedad salvadoreña.

Al respecto, el Centro observó que dichas sentencias han sido objeto de discusión tanto por ciudadanos como por abogados del foro salvadoreño en torno a los aspectos considerados por la mencionada Sala de la Corte Suprema de Justicia. En efecto las mencionadas sentencias tienen relevantes repercusiones en el ámbito jurídico del país y sin duda alguna es por ese motivo que han dado lugar a editoriales y artículos periodísticos, conferencias y mesas redondas, programas televisivos y radiales, pronunciamientos, reportajes, entrevistas, etc. Entre otros eventos, destacamos las mesas redondas y conferencias organizadas por este Centro de Estudios Jurídicos, el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional –Sección El Salvador–, por el Foro de Jueces/FESPAD, y por la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (FEDAES), en algunas de ellas con participación de magistrados miembros de la Sala de lo Constitucional o de otras Salas de la Corte Suprema de Justicia.

Lo anterior constituye un rol destacado de participación ciudadana, la cual es un componente del concepto de transparencia, categoría jurídica del Estado democrático de derecho, que se viene promoviendo en la cultura socio política nacional.

Sobre el primero de dichos fallos ponemos de relieve dos artículos publicados por este Centro de Estudios Jurídicos bajo la denominación “La constitucionalidad en disputa”, en esta Sección de Opinión de LA PRENSA GRÁFICA, en agosto de este año, en los que fijamos nuestra posición. Respecto a ese fallo la Asamblea Legislativa instaló una Comisión Ad-hoc, cuya creación cuestionamos en aquella oportunidad.

Los partidos políticos, entidades empresariales y organizaciones de la sociedad civil de diferentes signos se han expresado en torno a los fallos aludidos; dentro de ellos advertimos que voceros del MIRE celebraron el primer fallo como vinculado a su empeño en la línea de lo resuelto por la Sala. Esa sentencia trascendió a los partidos políticos en la Asamblea Legislativa, que se apresuraron a iniciar el trámite de reforma constitucional en un madrugón inusitado.

Respecto al segundo fallo, el presidente de la República reaccionó airado, pues se dificultará el trámite de envío de fondos a Casa Presidencial; además criticó a los magistrados que emitieron la resolución.

Sobre el tercero, algunos medios de prensa expresaron opiniones negativas porque alegan que tiene un sentido restrictivo con la libertad de prensa; esta primera impresión adversa podría desvanecerse al analizar el fallo en su integridad y valorar su contenido a la luz de las nuevas tendencias del derecho.

En este debate hay una disposición positiva de acatamiento a la legalidad del fallo, señal de independencia entre los Órganos del Estado, de madurez institucional y respeto a la Carta Magna, lo cual marca el avance y la consolidación de nuestro sistema democrático.

El Centro de Estudios Jurídicos reitera su respaldo a las referidas sentencias de la Sala de lo Constitucional, en tanto se fortalece la institucionalidad democrática del país.

El Centro de Estudios Jurídicos, como entidad de pensamiento jurídico independiente, estará siempre atento a los fallos relevantes de la Sala de lo Constitucional, en su objetivo que la misma continúe apegándose al estricto cumplimiento del rol que la Constitución de la República le ha asignado.