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Centro de Estudios Jurídicos
Los acontecimientos ocurridos el 5 de julio frente a la Universidad de El Salvador han puesto de relieve algunos de los peores aspectos de nuestra sociedad y de nuestros políticos. Los hechos presentados en los medios de comunicación son los siguientes: los integrantes de una manifestación supuestamente convocada para protestar por el alza de precios de pasajes de autobús, algunos de los cuales iban “pacíficamente” equipados con armas de alto calibre, cometieron daños contra la propiedad pública y privada; al intentar contenerlos, atacaron a miembros de la seguridad pública con sus armas. El resultado fue dos agentes muertos y varios más heridos entre agentes y particulares.
Lo más relevante ha sido el asesinato premeditado de dos hombres jóvenes que tenían toda una vida para gozar por delante, que podían aportar mucho a la sociedad y al bien de los demás, que tenían familias que los amaban y que ahora quedan sin su compañía, protección y transidas de dolor. Ni la supuesta motivación de la protesta ni la acción de los cuerpos de seguridad puede justificar semejante resultado. El desprecio manifestado por la vida humana y destruida de una manera premeditada es la mayor amenaza que puede sufrir toda nuestra sociedad. Hoy fueron dos agentes del orden, mañana podemos ser nosotros.
Aún no ha habido una investigación exhaustiva, pero al enfrentar esta situación, las autoridades han cometido errores graves. Las declaraciones del Presidente de la República pueden haber sido precipitadas, pero la situación ocurrida podía provocar al más ecuánime de los funcionarios para reaccionar de esa forma. No podemos decir lo mismo de otras reacciones.
Algunos diputados y otros funcionarios, en beneficio de sus propias agendas, comienzan lamentando la muerte de los policías y pasan a echar la responsabilidad al Gobierno por tratar de impedir que los manifestantes violaran el derecho a la libre circulación, la seguridad y la propiedad de otros. La verdad es que no lamentan nada y de manera imperdonable tratan de llevar agua a su molino.
Merece una consideración jurídica la Universidad de El Salvador, en especial las protestas por la “violación de la autonomía universitaria” hechas por algunas de sus autoridades. Hasta el ponderado comunicado que emitió oficialmente exige que “se levante el cerco policial” a la institución. ¿Qué significa esto? ¿Qué la Policía y la Fiscalía deben suspender la investigación para que no se determine quiénes son los autores de dos asesinatos y no se impidan futuras muertes?
El Art. 61 de la Constitución señala que la Universidad de El Salvador es autónoma en lo docente, lo administrativo y lo económico. En ningún momento dice que es un Estado dentro de otro Estado. La UES no es más que una de las tantas instituciones autónomas del país, obligada al cumplimiento de la ley salvadoreña y en donde la Policía puede ingresar para cumplir con su deber. No puede alegar que su autonomía ha sido violada cuando la Policía penetra a sus instalaciones en persecución de delincuentes, para la protección de personas o sus bienes, para la búsqueda de armas o para la investigación de un delito.
La autonomía universitaria tiene límites y nadie puede escudarse en ella para dedicar la institución a fines distintos a los que le son propios. La gran mayoría de salvadoreños no quiere más expresiones de violencia. Es normal la existencia de diferencias; pero las mismas deben canalizarse en una infinidad de alternativas constitucionales y legales que no han sido ensayadas. Pero en el caso que tratamos, es necesario que primero haya justicia para los dos agentes fallecidos.
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