lunes, 20 de agosto de 2007

¿Se han independizado los ministerios?

Por el Imperio del Derecho/Centro de Estudios Jurídicos


Cualquiera que lea la Constitución por primera vez y pase a leer el Diario Oficial podría creer que varios ministros se han declarado independientes del resto del Gobierno y ahora actúan como pequeños autócratas de sus respectivos ramos, asumiendo todas las facultades ejecutivas y legislativas, y a veces judiciales.


Tomemos como ejemplo el Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales. En el Diario Oficial (D.O.) del 9 de mayo pasado encontramos los acuerdos ejecutivos 39 y 40, ambos de 26 de abril de 2007, que contienen, respectivamente, la aprobación de un instrumento denominado “Categorización de actividades, obras o proyectos según la Ley del Medio Ambiente” y de un “Listado de sustancias reguladas”. Dejando aparte si se trata de buenas normativas, son prescripciones de carácter general emitidas por autoridad administrativa, en otras palabras, reglamentos, y de conformidad al artículo 168 n.º 14 de la Constitución, es prerrogativa exclusiva del presidente de la República emitirlos.


En el D.O. del 24 de mayo aparece un acuerdo aprobando un “Instructivo que determina tiempos de respuesta del MARN en el proceso de evaluación ambiental”. Aunque su normativa llena un vacío importante, contiene materias que deberían estar en un reglamento o una ley. Algún asesor legal debió informar que los instructivos son solo órdenes para la organización interna de las oficinas públicas, que no contienen normas para terceros, y por tanto no se aprueban por acuerdo ejecutivo y nunca se publican en el Diario Oficial.


Es más, en el D.O. del 22 de mayo aparece un acuerdo aprobando “el procedimiento a seguir para la transferencia a favor del Estado de El Salvador de las áreas naturales protegidas que actualmente se encuentran inscritas a favor del ISTA”, que pasa por encima de leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa. El procedimiento para transferir propiedades de una entidad estatal a otra está regulado en el art. 552 del Código Civil, pero en el acuerdo ministerial aparece uno distinto, pretende determinar cuál es el título de dominio, el instrumento de traspaso, hacer obligatoria la inscripción de este en el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas y hasta imponer actuaciones al presidente de la República.


Esto no es nuevo y durante el presente gobierno ha sido frecuente. Los ministros de Agricultura y Ganadería (D.O., 13 de julio de 2004), de Salud Pública y Asistencia Social (D.O., 22 de octubre de 2004, 3 de noviembre de 2004, 9 de noviembre de 2004, 10 de noviembre de 2004, 15 de noviembre de 2004, 15 de marzo de 2005 y 5 de diciembre de 2006), de la Defensa Nacional (D.O., 10 de enero de 2005 y 22 de marzo de 2006), de Economía (D.O., 27 de octubre de 2005 y 31 de mayo de 2007), de Trabajo y Previsión Social (D.O., 26 de junio de 2006), de Educación (D.O.,13 de septiembre de 2006, 13 de abril de 2007, 20 de diciembre de 2006 y 27 de abril de 2007) y hasta el director de CONCULTURA (D.O., 18 de enero de 2007), por no hablar de los numerosos “reguladores” a los que la Asamblea Legislativa ha delegado inconstitucionalmente parte de sus facultades legislativas y las reglamentarias presidenciales, han emitido reglamentos que debieron haber sido aprobados por el presidente de la República. Éste no ha reaccionado.


¿Es importante esto? Por supuesto. Las normas generales emitidas por las autoridades del Estado determinan su actuación y afectan derechos de los particulares, por eso la Constitución establece la forma de emitirlas y toda norma aprobada de otra manera es inconstitucional y no debe ser obedecida. Todo aquel al que se le imponga una disposición contenida en un reglamento de este tipo puede recurrir ante la Sala de lo Contencioso Administrativo o incluso ante la de lo Constitucional en demanda de amparo. Por otra parte, nuestros administradores públicos deben comprender que no son legisladores complementarios, sino aplicadores de la ley, que su actuación es perjudicial para la preservación del estado de derecho.

lunes, 13 de agosto de 2007

Tropezando en la misma piedra

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos


El mes pasado, el Gobierno falló en su intento de que la Asamblea Legislativa reformara el Código Penal, aumentando la pena al delito de “desórdenes públicos” (Art. 348 Pn.). La propuesta era cambiar el nombre a la figura, denominándola “atentados contra la paz pública” y aumentar su sanción hasta la desproporcionada pena de diez años de prisión. La Asamblea ha demostrado una prudencia que debería mantener.


Nuestras autoridades administrativas, en cambio, parecen cometer el mismo error una y otra vez, creyendo que los problemas sociales desaparecerán con la emisión de una nueva ley. No es algo nuevo, sino que es un error en que han incurrido muchos de nuestros gobiernos en el pasado, por lo que debería haber producido una lección aprendida. En cambio, vemos que se repite continuamente.


Cuando el Órgano Ejecutivo presentó a la Asamblea el proyecto “Ley especial contra actos de terrorismo”, a través de esta columna advertimos que, aunque tipificaba actos que podían calificarse como terroristas, también incluía actos que no podían considerarse como tales ni sancionarse con las exageradas penas que imponía, salvo en una sociedad represiva y antidemocrática (y en efecto, cuando se discutía el proyecto, un vocero gubernamental trató de desarmar a la oposición señalando que era una copia de la ley cubana de la materia). No fuimos los únicos que hicimos tal advertencia, también la hicieron la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, FUSADES, etcétera.


No se escucharon las advertencias, y al momento de aplicar la ley a personas que efectivamente habían causado graves perturbaciones del orden público, el Gobierno no solo se ha encontrado con una fuerte oposición interna, aún de órganos de Estado, sino que se ha visto enfrentado a un torrente de condenas internacionales contra el país como no se había dado en más de una década.

Lo grave es que ante el fiasco que enfrenta al procesar a los desórdenes de Suchitoto, el Gobierno quiere la emisión de un nuevo decreto con características similares a la de la ley que ha creado el problema.


Probablemente la próxima mala experiencia llegue con la “Ley contra el crimen organizado y delitos de realización compleja”, una ley totalmente innecesaria, como también lo señalamos antes, que no reprime ni el crimen organizado ni delitos de realización compleja, sino que tiene la intención de juzgar por tribunales especiales (y muy dudosos) y aumentar la pena a delitos ya contemplados en el Código Penal.


La legislación penal necesita ser revisada y se ha iniciado el esfuerzo de elaborar nuevos proyectos de Códigos Penal y Procesal Penal que sustituyan a los actuales, que han dado malos resultados; pero mientras, debe acabarse la emisión de nuevas leyes que tienen la intención de intimidar a potenciales delincuentes con penas altas. No intimidan a nadie, porque lo importante es que la ley se cumpla, no que la haga más severa.


El problema de la falta de seguridad pública de este país solo se solucionará cuando las leyes se cumplan y los infractores vean que existe una efectiva sanción por sus delitos. Pero los problemas no pueden solucionarse si no se reconocen, diagnostican en sus causas y se toman las medidas prácticas, y en esto el Gobierno nos hace sentirnos descorazonados.


Cuando se realiza una investigación seria y documentada sobre las fallas de la justicia penal en El Salvador, que revela datos horribles, como era de esperar, pero que revela las fallas en la cadena del sistema institucional de persecución del delito, indicando dónde deben atacarse los problemas, el Gobierno reacciona con gran molestia. Sin exhibir datos que contradigan los del estudio, funcionarios públicos vociferan que está desactualizada y critican a dos profesionales serios y decentes que han hecho un trabajo concienzudo y de buena fe. Una oficina internacional queda desprestigiada y el Gobierno, que no puede tapar el sol con un dedo, pierde credibilidad.

lunes, 6 de agosto de 2007

Seguridad pública: municipios y Policía

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos


Pareciera ser que la falta de una adecuada concepción de lo que constituye la seguridad pública o seguridad ciudadana genera un debate estéril que no permite avanzar en el camino para obtener una verdadera, genuina y estable política de seguridad general. Así se ha dicho que numerosas personas piensan en la “seguridad” como algo equivalente al “orden público”, y en la inseguridad como sinónimo de “delitos” y “criminalidad”; de tal suerte que, generalmente, se escucha decir que a mayor cantidad de actos delictivos mayor es el grado de inseguridad ciudadana. Sin embargo, se afirma por los entendidos, que en la práctica, además, se toleran numerosas conductas y hechos de la vida cotidiana que cabrían dentro de la categoría de “delitos”, pero que cuando existe la posibilidad de endurecimiento de las sanciones hay reacciones generalizadas en contra, como sucede en el campo de las leyes y reglamentos de tránsito, donde hay valores de primera línea en juego, o en el campo de las relaciones comerciales o en el uso de recursos fiscales y en aspectos tributarios.


Por consiguiente, la discusión o debate sobre la seguridad pública, sin una adecuada determinación conceptual, sobre la base de conocimientos y experiencias, puede dar lugar a decisiones con consecuencias negativas para el futuro. Por ejemplo, la novedosa iniciativa de algunos municipios del color de un solo partido, de dotar de “autoridad” total en asuntos de seguridad pública a sus concejos municipales, alcaldes y a los llamados Cuerpos de Agentes Municipales (CAM), resulta a todas luces imprudente e inapropiada, no solo porque sin duda alguna tal iniciativa carece del respaldo de un análisis profundo sobre el tema de la seguridad y, por lo tanto, de una clara determinación conceptual, sino porque las circunstancias constitucionales y reales de El Salvador no permiten adoptar como correcta tal iniciativa.


En primer lugar, de conformidad con el artículo 168 de la Constitución de la República es una atribución y obligación del Presidente de la República procurar la armonía social, y conservar la paz y la tranquilidad interiores y la seguridad de la persona humana como miembro de la sociedad; lo que implica entonces que la seguridad pública, siendo como es una atribución y obligación del Presidente, este no puede delegarla en otro Órgano del Estado, ni estos ni ninguna otra entidad pública puede asumir tal atribución, sino una actividad de coordinación y colaboración. Por otra parte, la decisión de “descentralizar” y encargar a los municipios la organización de verdaderos cuerpos de seguridad, en el estado actual de la madurez política y los grados de irresponsabilidad con que se manejan las cuestiones partidistas, podría generar en el futuro la creación de cuerpos armados, respondiendo a mandos diferentes y hasta contrapuestos, que podrían enfrentarse unos con otros, tanto más cuando en la actualidad el manejo casi institucionalizado de la polarización política pone en perspectiva lo peligroso de la iniciativa que se comenta.


Sin embargo, los recientes escándalos de participación de miembros de la Policía Nacional Civil en actos de manifiesta corrupción policial y en la consumación de delitos, como el de la extorsión, que ha sido acremente rechazado por la ciudadanía, pone al Presidente de la República el desafío de una verdadera depuración y renovación de cuadros policiales y mandos. A estas alturas es indispensable adoptar medidas cuyo propósito sea el de acercar la Policía a la sociedad; lo cual puede lograrse si se revisan y readecuan los procesos de formación técnica y humana, incluyendo el conocimiento y tratamiento de los derechos humanos.


Creemos que estos temas deben abordarse seriamente, para comenzar una redefinición de la seguridad pública, que permita que nuestro país goce de una verdadera paz y tranquilidad social.

lunes, 30 de julio de 2007

Reformas penales y democracia

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos


En el ámbito penal del Derecho, se trata del establecimiento de las regulaciones relativas a la prevención, averiguación y juzgamiento de las conductas delictivas, así como de la rehabilitación y reinserción a la sociedad de aquellos que fueron condenados a la privación de la libertad. Por consiguiente, es indiscutible el impacto que tales aspectos tienen en el desarrollo cotidiano de la vida de un país y en los esfuerzos por consolidar genuinos ambientes de seguridad y paz social.


Es trascendental que los gobiernos adopten políticas criminales que traten todos esos aspectos de una forma objetiva, con carácter científico y coherencia con la realidad social y económica y, por supuesto, sobre la base de un sentido de colaboración, integración y coordinación entre las instituciones del sector público y privado que se convierten en protagonistas de su implementación.


En nuestro país, pareciera que estamos lejos de alcanzar la adopción de una política criminal con tales características; más bien se advierte la ausencia de un contenido científico del tratamiento de los problemas y la falta de conocimiento —intencionado o espontáneo— de la realidad nacional. A veces hay tentación por afirmar que el sistema de justicia penal en El Salvador puede colapsar.


De un lado, en la última década la población penitenciaria no solo ha crecido significativamente, sino que además la cifra de reos sin condena a escala nacional sigue siendo preocupante.


La política criminal que se viene dando desde el Estado está constituida por reacciones aisladas frente a determinas conductas de grupos de la población, basadas en análisis particulares y no generales del fenómeno delincuencial, teniendo su máxima expresión en la promulgación de decretos legislativos que supuestamente crean nuevos tipos de delitos, pero lamentablemente con vicios de ambigüedad, enfatizando el aspecto puramente represivo aumentando las penas, sin cuidar el ámbito de la prevención, y pretendiendo ser encarado con la creación de tribunales especiales, que conocen de un modelo de juicio especial en el que las garantías básicas del procesado podrían ser desconocidas sistemáticamente.


En estas circunstancias, las modificaciones legales que sobre todo en el ámbito penal se han producido, ponen de manifiesto que nuestro país está careciendo de una política criminal, ya que tales modificaciones parecieran ser más de orden político, adoptando un simple modelo penal autoritario ya casi en abandono en el derecho penal, desde luego que únicamente se ha optado por el simple y puro aumento de las penas de varios delitos. De esta manera, hay preocupación en los hombres de leyes, que advierten una solitaria reacción ante las manifestaciones de inseguridad de la población expuestas por los medios de comunicación.


Como lo ha venido expresando este Centro de Estudios Jurídicos, es urgente que se propicie un adecuado debate sobre el problema delincuencial, aprovechando los importantes insumos recién dados a conocer por la Comisión de Seguridad y Paz Social.


Pero la pregunta es: ¿será suficiente una reforma legal para que la justicia penal salga de esta situación de colapso y cumpla sus encargos esenciales? La envergadura y las dimensiones del problema apuran una respuesta negativa. Pero además sugieren que en este ámbito de la justicia los cambios deben ser prioritarios, pero también reales y profundos.


Es nuestro sentir que en el estado actual de las cosas, con ausencia de meros intereses partidarios y electorales, resulta indispensable propiciar una revisión y reforma integral y completa de los códigos penal y procesal penal; siendo fundamental que el proceso de implementación sea planificado y coherente, evitando así que esta responda a iniciativas sin continuidad.