lunes, 22 de octubre de 2007

La página electrónica del Órgano Judicial

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos


El tema de la transparencia gubernamental preocupa a todos los sectores responsables de la sociedad salvadoreña. Los reclamos que se hacen sobre ella son cada vez más fuertes y provienen también de organismos internacionales.


En foros sobre la materia, una afirmación frecuente es que el Órgano Judicial es la menos transparente de las oficinas gubernamentales salvadoreñas. Esto molesta a muchos funcionarios del mismo que protestan diciendo que se cuenta con toda la información de la actividad de la institución, que está disponible al público y que cualquiera puede acceder a ella. Hacen un mal papel, pues encuentran un escepticismo general y es muy fácil demostrar que sucede lo contrario.


Tomemos como muestra la página electrónica de la Corte Suprema de Justicia (www.csj.gob.sv), y comparémosla, no con las de Suiza o Canadá, sino con la de la cercana Costa Rica (www.poder-judicial.go.cr).


En esta última, además de información general de la institución, se encuentran: todas las actas de la Corte Plena; información sobre organización y servicios del organismo y competencia de todos los tribunales de manera comprensible para cualquiera; planes estratégicos para su funcionamiento futuro; información sobre ejecución del presupuesto, describiendo cada gasto hecho y su monto, mes a mes, incluyendo los fondos provenientes de préstamos externos; informes sobre licitaciones y compras directas; nombres, cargos y salarios de todos los que trabajan para el órgano; un código de ética judicial y una sección para denuncias; estadísticas de labores realizadas por cada magistrado en ejercicio del cargo; un servicio de remisión de solicitudes electrónicas; un sistema de consulta de los expedientes judiciales en trámite en todos los tribunales del país; la jurisprudencia de los mismos, actualizada al día siguiente en que es pronunciada; secciones de acceso a todas las dependencias administrativas de la institución; estadísticas judiciales actualizadas de todo tipo, etcétera.


En contraste, la página electrónica de nuestra Corte es de contenido pobre, de lentitud exasperante y nada amigable para su utilización. Es meritorio que se hayan incluido los textos de muchas leyes y las sentencias de la Corte pronunciadas en los últimos años, pero el resto de la información que ofrece es la de un boletín informativo periódico con mucha propaganda. Las secciones de las unidades jurídicas se limitan a describir su función y ubicación física. La sección de estadísticas contiene apenas un cuadro de ingresos y egresos de procesos al Órgano Judicial que no tiene ninguna utilidad. La sección denominada “Transparencia” no tiene nada que ver con su nombre, pues se limita a informar el porcentaje del presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa que ha sido gastado durante el año, sin especificar en qué. La sección relativa a licitaciones solo contiene los carteles correspondientes; no muestra las ofertas hechas ni las adjudicaciones decididas. Se recoge la política de calidad que pretende la Corte, pero nunca sus resultados.


Todo el que haya intentado obtener información en la Corte habrá encontrado una barrera hostil.


La información sobre el manejo del presupuesto se reserva como si fueran secretos y el que pregunta por ellos es tratado como fisgón y no como alguien interesado en conocer el destino de los impuestos que paga. Las estadísticas judiciales, sin las cuales no puede haber una política efectiva del Órgano Judicial y que este afirma tener, nunca han sido dadas a conocer. Algunos funcionarios y empleados se molestan cuando se les indica esto y culpan al que solicita información por no habérselas pedido personalmente. Nosotros nos preguntamos, ¿por qué tenemos que dirigirnos a altos funcionarios para obtener con “cuello” información que debe ser para todos? La falta de transparencia sí es un problema que afecta al Órgano Judicial y lo desmerece.

lunes, 15 de octubre de 2007

¿Qué pasa con los tribunales de Familia?

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos


A casi trece años de haber entrado en vigor nuestra legislación en materia de familia, a los abogados especialistas en la materia, litigantes y usuarios de los tribunales de Familia les queda la sensación de que el sistema se encuentra en un estado de estancamiento, poniéndose en entredicho el cumplimiento del deber constitucional de velar por la protección integral de la familia, base fundamental de la sociedad.


Dicha legislación fue un proyecto novedoso por incorporar un proceso de naturaleza mixta, oral y escrita, donde ambas partes participan en las audiencias, ayudándoles a los jueces a resolver sus conflictos, y su finalidad es que los procesos sean ágiles, resolviendo la problemática familiar, que no puede esperar años porque las consecuencias de una demora pueden ser fatales para los integrantes del grupo familiar.


Debido a la difusión, que se le ha dado a la legislación familiar durante todo este tiempo, la ciudadanía ha respondido positivamente utilizando el sistema, pero día a día nos encontramos con tribunales de Familia tan saturados de trabajo que se vuelve imposible la pronta y cumplida administración de justicia, sin poder prestar atención a los peticionarios, dejándolos con una sensación de frustración, impotencia y, sobre todo, desamparo e inseguridad jurídica, lo cual genera una pérdida de credibilidad en las instituciones que tanto empeño han puesto para sacar adelante este proyecto tan importante y de gran trascendencia para el país.


Hay que reconocer el valioso trabajo de la mayoría del personal de los tribunales de Familia, pero estos se enfrentan con limitaciones tan grandes como la falta de las herramientas de trabajo indispensables para desafiar el cúmulo de demandas y poder resolver más ágilmente las peticiones de los demandantes.


Es urgente investigar para determinar las causas de esta saturación de procesos y concluir si además de las carencias de instrumentos modernos de trabajo que agilizarían este, existe una mala distribución de la carga laboral o desproporción numérica de tribunales existentes en comparación con otras áreas del derecho para corregir esos problemas. Asimismo, es necesario tomar la decisión de crear nuevas cámaras de Familia que vengan a desahogar las existentes, que se encuentran al punto del colapso.


Es importante destacar lo vital que es el buen funcionamiento de nuestros juzgados de Familia, ya que tienen funciones tanto preventivas como correctivas y sancionadoras para las partes en conflicto, lo cual genera que una familia disfuncional con problemas familiares cambie su actitud mediante la ayuda de los equipos multidisciplinarios adscritos a los tribunales, que cuentan con psicólogos, educadores y trabajadores sociales, que por supuesto son insuficientes para la demanda que existe. Su trabajo es tan importante porque forman conciencia en las partes en conflicto, generando poco a poco la deposición de actitudes beligerantes por vías de comunicación entre ellas, produciéndose cambios de conducta positivos para la familia, lo que redunda en un beneficio para toda la sociedad salvadoreña. Con el tiempo, las nuevas generaciones de salvadoreños irán creciendo en un clima espiritual más saludable, más justo y más acorde a la dignidad a la que todo ser humano tiene derecho.


Es en la familia que se aprende a vivir y convivir con otras personas, si en ella se reconoce y valora a cada uno de sus miembros; si el respeto y el diálogo reemplazan el abuso y el autoritarismo; si la responsabilidad y la justicia alejan el fantasma del desamparo y la discriminación. Debemos entender que si la familia está enferma, la sociedad está enferma, y el país está enfermo. Estaremos muy distantes en alcanzar la PAZ SOCIAL que pedimos por todos lados, si no entendemos que de la familia sana y funcional es de donde debe venir esta.

lunes, 8 de octubre de 2007

El número 15,171

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos


El número 15,171 no es el ganador del premio gordo del último sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia, ni se refiere al último deportado de los hermanos lejanos, ni es la nueva denominación de un banco. Tampoco es un número apocalíptico. Es el número que corresponde al último abogado autorizado para ejercer la profesión en el país, según el recuento hecho al 30 de agosto recién pasado.


La cifra es impresionante en todo sentido, y si la relacionamos de manera positiva con alguno de los aspectos de la vida nacional, podría representar, por ejemplo, el trabajo de una empresa salvadoreña en plena producción y realizando actos de comercio en masa propios de su giro mercantil. Pero también podría representar una cuestión ominosa para el país: el fenómeno de la masificación de la profesión de abogado.


En reiteradas ocasiones nos hemos referido a este fenómeno, expresando nuestra profunda preocupación, porque la proliferación de abogados no significa, por sí misma, un avance cultural o un desarrollo de las Ciencias Jurídicas, ni puede ser algo bueno y saludable para el país.


En efecto, a medida que se incrementa el número de abogados se va generando un problema social de consecuencias impredecibles, afectando al país en todos los ámbitos: en lo político, en lo económico y en lo social. El abogado ha tenido en nuestra sociedad, por tradición, un rango especial dentro de la jerarquía profesional, logrado no solo por la posesión del grado académico, sino por el accionar en los estrados judiciales y, especialmente, por luchar por el imperio de la ley y la justicia.


Pero todo lo anterior ha venido a menos y la profesión de abogado ha dejado de gravitar positivamente en las actividades de la vida nacional.


Una explicación de lo anterior se encuentra en la deficiencia académica y falta de conocimientos jurídicos de los nuevos abogados, que son notorias y evidentes, y por ello el prestigio del foro salvadoreño ha caído a niveles verdaderamente lamentables.

La ética y los más elementales principios del ejercicio honesto de la profesión brillan por su ausencia, al grado que es bien conocida la afirmación de un chusco que dice que en los actuales tiempos el abogado honesto es una especie en peligro de extinción.


Es así como el estudio del derecho ha perdido su calidad y excelencia académica y a cualquier persona se le ocurre seguir esta carrera, en la seguridad de que le será extremadamente fácil obtener un diploma que la acredite como abogado. Desde hace mucho se sabe que este es un problema que debe corregirse, pero no se hace nada al respecto.


Un aumento razonable en el número de abogados sería deseable, ya que, ciertamente, las personas requieren de asistencia técnica para resolver sus problemas y arreglar toda clase de diferencias que generan conflictos, asistencia que solo pueden proporcionar los abogados, y con lo cual se satisfaría la creciente demanda de servicios jurídicos que se ha experimentado en el país, debido al incremento natural de la población y la especialización en las diferentes materias del derecho.


El abogado ejerce un verdadero oficio público, situado en el mismo plano que la magistratura, según algunos jurisconsultos, y por ello resulta perfectamente entendible y justificada la exigencia de una seria preparación académica y de una honestidad a toda prueba en los abogados.


Pero la masificación desordenada de la profesión, por la comercialización de las actividades académicas, atenta contra ello y está dando al traste con una profesión que en el Centro de Estudios Jurídicos exaltamos, porque tenemos fe en el derecho, y como dice nuestro maestro e inspirador, Eduardo Couture, “porque hasta ahora el hombre no ha encontrado, en su larga y conmovedora aventura sobre la tierra, ningún instrumento que le asegure mejor la convivencia

lunes, 24 de septiembre de 2007

“Consejo” y “concejo”

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos


En la Constitución y las leyes salvadoreñas aparece la palabra “consejo”, escrita con “s”, y la palabra “concejo”, escrita con “c”. Esto sorprende a muchas personas, particularmente a los nuevos estudiantes de Derecho que casi siempre preguntan cuál de las dos formas es gramaticalmente correcta. La mayoría se conforma con la explicación de que ambas formas son correctas, cuando se les indica que escrita con “c” la palabra se refiere exclusivamente a los concejos municipales y escrita con “s” a todos los demás consejos, y son muy pocos los que se preguntan el porqué de esta diferencia. Es algo que todos deberíamos saber.


“Consejo”, con “s”, proviene de la palabra latina “aconsejare”, dar consejo, y se refiere a un cuerpo colegiado (pluripersonal) constituido para asesorar a una autoridad sobre asuntos de su competencia. “Concejo”, con “c”, en cambio, proviene de la palabra latina “concilium”, que era la entidad gobernante del municipio en el Imperio Romano; por extensión, se usaba el término para referirse a toda la actividad gubernativa municipal. Este es el origen etimológico de los términos, lo que ocasiona la diferencia ortográfica castellana y da lugar a algunas curiosidades legales y lingüísticas.


En principio, las oficinas estatales que se denominan consejos son solo deliberantes, sus decisiones son actos preparatorios que constituyen recomendaciones para que una autoridad superior decida o no convertirla en un acto de autoridad; el Consejo Nacional del Salario Mínimo, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el Consejo de Educación Superior, etcétera, son típicas instituciones que corresponden a esta figura. En cambio, los concejos son entidades con facultades administrativas; no solo deliberan, sino que deciden con actos de autoridad.


No obstante, desde hace siglos se ha tenido la costumbre de denominar consejo a muchas entidades que tienen facultades administrativas o judiciales, y esto ha sido siempre adversado por los puristas del idioma. En tiempos del Renacimiento, el gobierno español era ejercido por una serie de cuerpos asesores, como el Consejo de Hacienda, el Consejo de Castilla, el Consejo de Indias, que realizaban todas las labores preparatorias de decisiones gubernativas, pero estas, hasta el nombramiento o el desembolso del salario de un ínfimo burócrata en el rincón más apartado del Imperio, correspondían al Rey; no era la forma más eficiente de gobierno que pueda haber. Cuando en el siglo XVI comenzaron a crearse oficinas ejecutivas y judiciales con ese nombre, como el Consejo de la Suprema y General Inquisición, en una de las primeras gramáticas del idioma castellano se protestó por el uso indebido del término.


En nuestro país ha sido muy común desde mediados del siglo XX denominar consejos a oficinas ejecutivas con amplias facultades decisorias sobre los asuntos de su competencia. Hemos tenido un Consejo Central de Elecciones, un Consejo Salvadoreño de Menores, etcétera; tenemos un Consejo Superior de Salud Pública; uno de los órganos de gobierno de la Universidad de El Salvador se denomina Consejo Superior Universitario; hasta la Presidencia de la República, durante un gobierno de facto, estuvo ocupada por una junta denominada Consejo de Gobierno Revolucionario. Sin embargo, no ha sido sino hasta muy pocos años que el diccionario de la Real Academia ha admitido la acepción de “consejo” como un cuerpo colegiado con facultades decisorias.


Una cosa que no ha cambiado es la denominación de sus miembros de estas entidades. Los integrantes de los consejos se denominan consejeros, los de los concejos se denominan concejales. Es muy común el uso impropio de los términos. Por ejemplo, en la Ley del Consejo Nacional de la Judicatura, nada menos, se denomina a sus miembros “consejales”, pero esto es un craso error, porque son consejeros. El término “consejal”, con “s”, ni siquiera existe en el idioma castellano.