Nuevamente tenemos el agrado de poner a su disposición el segundo número del Boletín del Centro de Estudios Jurídicos, correspondiente al mes de septiembre de 2008.
Para este número hemos retomado algunas noticias y eventos destacados, entre los que cabe mencionar la presentación del libro “El Vuelo del Tiempo. Libro I: Gritarán las Piedras”escrito por el Dr. René Fortín Magaña, bajo el seudónimo Victor Uclés; y la eminente aprobación del nuevo Código de Procedimientos Civiles y Mercantiles. También hemos agregado un nuevo segmento, en el cual se colocarán ofertas o solicitudes de trabajo para ser publicadas. Esperando que disfruten esta nueva entrega, la dejamos a su disposición para que se la bajen:
Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos
En el Diario Oficial n.º 137, Tomo 380, del 22 de julio del corriente año, publicado casi con más de un mes de retraso, encontramos el Acuerdo de Reforma Constitucional n.º 3, de 26 de junio de 2008, por medio del cual se modifica el inciso segundo del art. 56 de la Constitución. Para que dicha reforma llegue a ser efectiva, es necesario que sea ratificada por la próxima Asamblea Legislativa.
El precepto reformado, en su redacción actual, dice: “La educación parvularia, básica y especial será gratuita cuando la imparta el Estado”. El texto que se pretende que llegue a incorporarse a la Constitución, en vez del actual, dice: “La educación parvularia, básica, media y especial será gratuita cuando la imparta el Estado”. Como se ve, lo único nuevo es la adición de la educación media entre los niveles que serán servidos gratuitamente cuando sea impartida por entidades públicas.
Los rimbombantes considerandos del acuerdo de reformas hablan del “desarrollo integral de la persona”, del “bien común”, de “una sociedad más próspera y justa”, pero hemos preguntado a algunos especialistas en derecho constitucional su opinión sobre la reforma y nos responden: ¡Innecesaria! ¡Insustancial! ¡Trivial!
Así es. La reforma es totalmente innecesaria. Si los funcionarios de verdad quisieran que la educación secundaria que brinda fuera gratuita, no se necesita reformar la Constitución. Basta que lo disponga por simple acuerdo ministerial, de la misma manera que ha dispuesto la cuota a pagar en los centros de bachillerato a su cargo. Si quiere dejar el principio asentado en forma permanente, podría reformar la “Ley General de Educación”, que no establece pago obligatorio de la educación media.
En segundo lugar, es una disposición que, por sí misma, no beneficia a nadie. El número de salvadoreños que tendrá acceso a la educación media no aumentará en lo más mínimo por el hecho de que se reforme la Constitución. Para ello, el Gobierno debe aumentar la oferta efectiva de servicios educativos que brinda, crear las condiciones para que esta sea accesible a la mayoría y remover los obstáculos que lo impiden, como la alta deserción escolar en la educación básica, la falta de variedad de oportunidades educativas y la situación que obliga a tantos jóvenes a suspender sus estudios a corta edad y buscar un sustento por sí mismos.
A esto además debe agregarse que la calidad de la educación impartida por el Estado, a todo nivel, debe mejorar considerablemente; la elevada demanda de servicios educativos privados es principalmente una consecuencia de la baja calidad de los estatales.
Lo peor de todo es que la reforma es perjudicial. Los diputados creen que con una reforma que parece hecha a favor de las mayorías ganarán aceptación popular y votos en las elecciones, pero a estas alturas nadie es tan crédulo para creerles. La reforma pone en evidencia que las facultades legislativas que les han sido otorgadas por la ley primaria y el pueblo salvadoreño son utilizadas por los parlamentarios con fines publicitarios, desacreditando la Constitución.
En 25 años han sido emitidos más de 30 acuerdos de reforma constitucional y 48 artículos de la Constitución han sido reformados; y muchas de estas reformas son verdaderamente intrascendentes. Algunos reglamentos han resultado más difíciles de reformar que la Constitución.
La Constitución debe ser y parecer ante los ciudadanos que es la ley máxima de la República, la que señala las reglas fundamentales de convivencia social, con gran permanencia en el tiempo.
Esto no quiere decir que no deba ser reformada si es necesario o conveniente; pero debe ser precedido el cambio de un verdadero respeto hacia ella, que evite el menosprecio hacia el orden jurídico en general. Los diputados y sus partidos deben dar ejemplos positivos al ciudadano.
Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos
En los últimos años ha surgido una serie de ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales destinados a contrarrestar la grave crisis sobre la ética de los funcionarios que se desempeñan en la administración pública. Esa falta de ética puesta de manifiesto en innumerables casos ha conducido a la desconfianza generalizada de la sociedad sobre las actuaciones de los diputados, ministros, jueces, y en general, de todos los que ejercen cargos públicos. Muchos piden a la sociedad que cambie la percepción hacia ellos, pero sin que hagan esfuerzos por modificar sus actitudes.
El Código Iberoamericano de Ética Judicial impone a los jueces el deber de rechazar conductas del que llama “mal juez” y del “simplemente mediocre que se conforma con el mínimo jurídicamente exigido”. Aparte de los tradicionales principios éticos judiciales, como la independencia, imparcialidad, transparencia, honestidad y otros, surge el innovador principio de “responsabilidad institucional”, mediante el cual los jueces no deben conformarse con cumplir sus obligaciones individuales en los respectivos despachos, sino además, trabajar activamente por mejorar el funcionamiento del sistema en su conjunto.
Es necesario adquirir un compromiso con el sistema judicial al que pertenece. Ese dinamismo esperado, según el código en mención, requiere de cada juez que sea vigilante de las conductas de sus propios colegas y que señale aquellos incumplimientos graves de estos; así como también, que se produzcan promociones o ascensos a favor de quienes demuestran comportamientos irregulares en su desempeño.
Aunque de entrada este principio ético pueda parecer que persigue confrontación, en verdad busca rescatar el sistema judicial de las manos de la deshonestidad y la mediocridad. Cada juez está inmerso en el sistema judicial y por mucho que personalmente cumpla sus deberes oficiales, no puede eludir su responsabilidad frente a las calificaciones negativas. Es corriente escuchar que el sistema judicial salvadoreño es “corrupto y deficiente”; aunque muchísimos jueces con sus actuaciones han demostrado ser lo contrario, las críticas los incluyen porque se formulan a todo el sistema.
Es curioso observar que entre el colectivo judicial, cuando un juez o magistrado de cualquier nivel, incluyendo los de la Corte Suprema de Justicia, son cuestionados por conductas inapropiadas o irregulares, en vez de ser denunciados, sus propios colegas constituidos en asociaciones acuden a su respaldo mediante entrega de reconocimientos, placas o medallas al mérito.
Por eso, cuando vemos eventos destinados a resaltar una imagen falsa del galardonado, nos queda la sensación que ese reconocimiento persigue ocultar algo malo o busca promociones o ascensos inmerecidos. Llenan de publicidad los eventos, la Corte Suprema paga enormes espacios en los medios de comunicación, con los impuestos de los ciudadanos, y colman de fotografías a todo color las revistas institucionales, que exhiben al inmerecido laureado. Son escasas las condecoraciones a funcionarios judiciales que realmente lo merecen por su constante labor e integridad. Los reconocimientos públicos son la moda y el mecanismo más eficaz para cubrir con el manto de la hipocresía las infracciones a los deberes éticos.
Es de mal gusto cuando un magistrado de la Corte Suprema recibe un reconocimiento público de alguna asociación de jueces y semanas más tarde aparece aquel magistrado agasajando al juez promotor: pagando el favor. Ahora que se acercan también las elecciones de magistrados a la Corte Suprema, pronto comenzarán los eventos sociales y las exaltaciones de valores inexistentes a funcionarios que incluso han hecho mucho daño al sistema judicial, al país y han contribuido a la merecida desconfianza de la sociedad.
¡Jueces: Por el bien del sistema judicial y de la sociedad, cumplan su responsabilidad institucional!
Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos
La necesidad de contar con recursos humanos, tecnológicos y leyes para perseguir el crimen está fuera de discusión. Nuestra sociedad está desesperada ante la delincuencia y nadie se opone a proporcionar las herramientas y los medios idóneos y suficientes para combatirla; pero estos apoyos no se reducen a la autorización constitucional de las escuchas telefónicas. Hace falta mucho más. En el informe del PNUD sobre “Deficiencias policiales, fiscales y judiciales en la investigación y juzgamiento causantes de impunidad”, los casos de homicidios presentaron estas deficiencias en la investigación: ausencia de análisis balísticos y serológicos, descoordinación entre la Fiscalía y la Policía, ausencia de búsqueda, identificación y localización de testigos por dichas instituciones y muchas más.
Todas las deficiencias contribuyen a que exista el 96% de impunidad en los delitos contra la vida y seguramente pocas o ninguna de ellas se habrían superado con intervenciones telefónicas. Los escasos y precarios recursos de la Policía y de la Fiscalía, la sobrecarga laboral del personal, la falta de capacitaciones sobre técnicas para investigar el delito y la persistente descoordinación siguen siendo los motivos visibles para entender el fracaso en materia de seguridad pública. Permitir las intervenciones de teléfonos, correos electrónicos o cualquier otro mecanismo de comunicación podría contribuir al descubrimiento de la criminalidad organizada y sus autores, frente a una población aterrorizada por los atracos al patrimonio y los homicidios cotidianos en la vía pública, en los autobuses, en las residencias; pero es probable que los delitos quedarían siempre impunes si no se hace algo más.
Apoyamos una reforma constitucional que autorice intervenir cualquier medio de comunicación escrita y telefónica cuando se investiguen delitos graves, de criminalidad organizada, de corrupción de funcionarios a todo nivel, narcotráfico, lavado de dinero y otros, con previa autorización judicial razonada, siempre que la autorización sea temporal, bajo control o participación judicial y con el deber de informar al juez sobre los resultados que se vayan obteniendo.
Debe modernizarse la investigación del delito, creando a corto plazo un sofisticado mecanismo de intervenciones a las comunicaciones de personas sospechosas de cometer delitos graves, pero antes, es indispensable utilizar eficazmente los tradicionales recursos y técnicas de investigación, potenciar la policía científica, dotar de vehículos, computadoras, papelería e impresoras; capacitar a los investigadores, superar las deficiencias y analizar las resoluciones judiciales de los casos; generar conciencia sobre el rol que juegan en la sociedad y lo que espera la víctima de un delito; aumentar el porcentaje de delitos esclarecidos y garantizar la condena de los culpables. Antes de correr, aprendamos a caminar con pasos firmes. No ilusionemos a la población con la varita mágica de las intervenciones telefónicas ni culpemos la prohibición constitucional actual de impedir el esclarecimiento de los grandes crímenes.
Pero más allá de intervenciones telefónicas, agentes encubiertos, informantes y cualquier otra técnica de investigación moderna, es vital la voluntad de perseguir las organizaciones delincuenciales al más alto nivel y por delitos no tradicionales: contra el medio ambiente, la hacienda pública, la administración pública o contra las garantías fundamentales. Hasta hoy, las cárceles están llenas de asaltantes callejeros, pequeños poseedores de drogas, agresores sexuales y homicidas por dinero. Se esperaría entonces que con la autorización para escuchas telefónicas veríamos otra clase de huéspedes en los centros penitenciarios, incluyendo aquellos que indebidamente las utilicen para fines políticos, empresariales o para entrometerse en asuntos privados.
Para cualquier comentario o inquietud, favor escribir a nuestra dirección: centrodeestudiosjuridicos@gmail.com, donde con gusto recibiremos sus correos.
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