A dos semanas de las elecciones de abogados

Centro de Estudios Jurídicos / Por el Imperio del Derecho

Nos acercamos al sábado 7 de marzo, que será la fecha en que todo abogado autorizado podrá ejercer el voto en las elecciones organizadas por la Federación de Asociaciones de Abogados (FEDAES) y elegir a los profesionales que considere más convenientes para el cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

Las paredes, puertas y ventanas de los diferentes centros judiciales del país están inundadas de afiches, fotografías y peticiones de voto por parte de los diferentes aspirantes a magistrados y magistradas. Algunos candidatos compiten con el tamaño de la fotografía, repartiendo obsequios y prometiendo beneficios personales, o asumen un carácter que no han mostrado en la práctica profesional y hacen promesas de hacer lo que siempre han despreciado.

Podríamos escribir una lista extensa de defectos de la elección de las asociaciones de abogados que administra la FEDAES, lo cual amerita futuras reformas; pero hay que resaltar lo positivo y es el hecho de que al menos se conoce públicamente a los que compiten, se pueden valor sus propuestas o falta de estas y el desarrollo del proceso es más o menos de carácter público.

No ocurre lo mismo con la elección que realiza el Consejo Nacional de la Judicatura plagado de secretismo y sospecha. No se sabe el nombre de las personas que compiten ni quiénes de los consejeros votan por determinados candidatos y cuál es el fundamento para hacerlo. La reserva en asuntos de interés público como son los procesos de propuesta y selección de candidatos a magistrado o magistrada a la Corte Suprema de Justicia resulta intolerable. Además en ocasiones anteriores se han dejado por fuera ciertos candidatos de reconocida trayectoria por su capacidad, independencia y honradez y se han colocado en la lista de los elegidos a candidatos relacionados con el mismo consejo o son personas que no se destacan por sus atributos profesionales.

Algunos sostienen que basta un buen proyecto de trabajo y que el candidato no importa. En realidad debe haber un equilibrio entre personas y proyectos. Si bien es importante que se tengan proyectos de trabajo que se ajusten a las necesidades más urgentes de la administración de justicia, el candidato agrega valores necesarios para orientar su actividad en un plano éticamente correcto, que influya positivamente y que comparta sus habilidades o capacidades con los demás, para obtener mejores resultados. El carácter y los atributos pesan. Precisamente hay condiciones materiales que empujan hacia ciertas conductas y la persona proporciona ingredientes para plegarse a lo positivo o negativo.

El cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia no requiere simple capacidad y moralidad, sino que un nivel destacado de dichos atributos. Mejor si el aspirante ha demostrado a través de casos concretos que no permite influencias de ninguna naturaleza, que tiene capacidad técnica para que las decisiones constituyan garantía de un mejor servicio público de la justicia y que contribuye tenazmente al combate a la corrupción.

La actual Corte Suprema y el Órgano Judicial tienen fortalezas, pero existen debilidades sobre las cuales se requiere trabajar más. Por ejemplo la independencia judicial, el ingreso y los ascensos de los jueces, magistrados y empleados, la reducción de los plazos, la descentralización, la disminución de la carga administrativa, la transparencia y la confianza nacional e internacional, deben ser prioridades. El futuro magistrado debe ser motor del compromiso y actividad de toda la institución para apoyar lo positivo que exista y aportar nuevos puntos de vista y modelos de trabajo Para ello se requiere algo más que sumarse como autómata a un plan positivo existente o creado por otros, debe ser destacado impulsor y participante en lo beneficioso para la administración de justicia y un creador y demandante de aquello que haga progresar la administración de justicia.

Retos de los nuevos magistrados

Centro de Estudios Jurídicos / Por el Imperio del Derecho

A veces algunos se olvidan que vivimos en el siglo XXI y que el tiempo debió habernos dejado transformaciones importantes en nuestras ideas y realidades, influidos por la propia historia y la del resto del mundo. Nadie en la actualidad aceptaría un acto ofensivo a la nación, como el que hizo el emperador romano Calígula nombrando senador a su caballo.

Aunque los extremos y excentricidades del pasado resultan ahora despreciables, todavía se escuchan voces, ojalá cada vez menos, que mantienen la idea que para ser magistrado se requiere simplemente obediencia a un partido político y que la independencia judicial es rebeldía y oposición al estatus quo.

Tales ideas no se compadecen con los cimientos que deben construirse para apoyar un moderno Estado Democrático de Derecho y por muy poco nos diferencia de civilizaciones primitivas o dictaduras de cualquier signo.

En nuestro país para ser magistrado de la Corte Suprema se requiere según la Constitución: ser salvadoreño por nacimiento, pertenecer al estado seglar, ser mayor de cuarenta años, ser abogado de la República, poseer moralidad y competencia notorias, haber desempeñado una magistratura de segunda instancia durante seis años o una judicatura de primera instancia durante nueve años, o haber obtenido la autorización para ejercer la profesión de abogado por lo menos diez años antes de su elección, y estar en el goce de los derechos de ciudadano y haberlo estado en los seis años anteriores al desempeñar del cargo.

Sin embargo, algunos conceptos deben ser llenados positivamente, como el de moralidad y competencia notorias. Esto debe entenderse como la exigencia de que un magistrado no solo debe ser intelectualmente capaz, impartir justicia con responsabilidad y objetividad, sino cumplir sus deberes con transparencia y administrar justicia de manera imparcial e independiente. Igualmente adquirir un compromiso ético con el sistema judicial al que pertenece. Debe hacer esfuerzo cotidiano y dinámico para mantener los valores y experiencias positivas acumuladas y para transformar las prácticas viciadas.

Es importante que los nuevos magistrados puedan trabajar en equipo con diversas corrientes de pensamiento, incorporándose al engranaje ya existente, dado que el máximo tribunal es de carácter colegiado; pero también es importante que lleven nuevas ideas y modelos de trabajo que promuevan y reanimen la mejora constante del Órgano Judicial.

Deberán lidiar con realidades comunes y de trascendencia política, conocer intereses de ciudadanos comunes y personajes, tratar con los sudorosos y con los frescos, con ciudadanos balanceados y con trastornados, y a pesar de ese contacto deben permanecer ecuánimes al lado de la ley, los principios éticos y la realidad que demanda un Estado con grandes aspiraciones.

Desde luego las funciones de magistrado no solo se reducen a tareas jurisdiccionales, deben realizar trabajo administrativo para el Órgano Judicial y mantener una comunicación fluida y respetuosa con las demás instituciones del Estado, sin olvidar trabajar activamente por mejorar el funcionamiento del sistema en su conjunto.

Todas las asociaciones de abogados están en su derecho y en su deber de aportar propuestas, dignificar la abogacía, enriquecer y difundir el pensamiento jurídico, y contribuir a una responsable y sana administración de justicia. El Centro de Estudios Jurídicos ha planteado como ejes centrales del trabajo de sus candidatos a la Corte Suprema de Justicia la modernización del Órgano Judicial, desburocratizando gestiones, el combate a la retardación de justicia, rescatar y promover la Sección de Probidad de la CSJ, promover la Independencia Judicial, mejorar la confianza nacional e internacional en la CSJ, mejorar investigación de la actividad judicial, profesional y del ejercicio notarial, mayor acceso a la justicia, etcétera, y como eje transversal la transparencia y participación ciudadana.

En nuestra más reciente historia hemos encontrado magistrados y jueces capaces, transparentes e independientes; lo que demuestra que solo falta expandir ese ejemplo y reproducirlo hasta las entrañas, acumulando apoyos y esfuerzos.

Los candidatos

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Recientemente fueron presentados los aspirantes a candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, por la Federación de Asociaciones de Abogados (FEDAES). Se conocen 53 nombres.

Las elecciones exigen que los aspirantes reciban suficientes votos de abogados autorizados para ser parte de la lista de 15 profesionales que serán remitidos al Consejo Nacional de la Judicatura, para que esta institución complete la lista con otros 15 designados de su parte.

El procedimiento de elección requiere que los candidatos se expongan públicamente y que los abogados ejerzan su voto eligiendo a quienes consideren capaces de desempeñar satisfactoriamente el cargo.

Es de esperar que los profesionales autorizados participen de ese privilegio que atiende a su experiencia y conocimiento de la situación de justicia, tomando estas decisiones en nombre de la ciudadanía, con mucha reflexión y responsabilidad. Adicionalmente ha de hacerse un esfuerzo para la participación ciudadana y publicidad del proceso.

Cuando la Asamblea Legislativa recibe las propuestas debe indagar sobre la vida profesional de los candidatos, entrevistarlos, solicitar informes, recibir comunicaciones o testimonios de instituciones y ciudadanos, y todo ello lo ha de hacer de manera pública, según lo indica el Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa.

Sin pretender que las designaciones a magistrados para la Corte Suprema de Justicia se realicen bajo los mismos procedimientos que siguen en Estados Unidos –que someten a los candidatos a intensos interrogatorios públicos en el Congreso sobre diferentes puntos de vista jurídicos o de visión global de la administración de justicia– es importante que existan garantías sobre la elevada capacidad técnica del funcionario a elegir, independencia en la toma de decisiones, imparcial para que resuelva los asuntos sin favoritismos personales o sectoriales y que a los ojos de cualquier observador razonable no se tengan sospechas de corrupción.

El Código Iberoamericano de Ética Judicial, aprobado por nuestra Corte Suprema de Justicia, reconoce la existencia de una crisis de legitimidad en el ámbito político en general y particularmente en el judicial. En ese mismo código se establece la necesidad de “rechazar tanto los estándares de conducta propios de un mal juez, como los de un juez simplemente mediocre que se conforme con el mínimo jurídicamente exigido”.

No contemplemos pasivamente cómo las instituciones públicas van en caída libre hacia el deterioro total, ni heredemos a nuestros hijos un sistema judicial que favorece la trampa y promueve a los incapaces. Las próximas elecciones entre abogados el día 7 de marzo es el primer paso para escoger a los potenciales candidatos a ocupar un cargo en la Corte Suprema de Justicia y será el momento para decidir entre las posibilidades de impulsar un servicio judicial acorde a las necesidades de los tiempos o seguir descendiendo hacia lo anodino. A la vista de los colegas que aspiran llegar al máximo tribunal, el escenario se presta para cualquiera de las opciones.

Los jueces, en especial quienes ocupan las altas magistraturas, no solo deben cumplir sus obligaciones en sus despachos, sino que además, vigilar por el adecuado funcionamiento global del sistema de justicia, representar dignamente uno de los principales órganos de gobierno y responder a las graves necesidades de justicia en el país.

El Centro de Estudios Jurídicos designó una Comisión de notables para que realizara el trabajo de escoger aquellos abogados y abogadas que representen esas garantías, indagó su trayectoria profesional, hizo indagaciones por varios medios, entrevistas y analizó hojas de vida. Así surgieron nuestros candidatos a ocupar las vacantes en la Corte Suprema y por quienes hacemos un llamado a la comunidad jurídica que acuda en su apoyo en las próximas elecciones. Ellos son Doris Luz Rivas Galindo, Ana Guadalupe Zeledón, Martín Rogel Zepeda, Sidney Blanco, Rodolfo González, Roberto Arévalo Ortuño, Mario Sáenz, Florentín Meléndez, Mauricio Rodríguez y Mario Castaneda.

Elecciones transparentes en el CNJ

Centro de Estudios Jurídicos / Por el Imperio del Derecho

Cada vez que hay una elección nos encontramos rápidamente con los candidatos, la propaganda y el momento de votar. No sabemos en todos los casos cómo se construyó esa candidatura, quiénes compitieron, los atributos de todos los participantes ni si hubo espacio para que los militantes y mucho menos los ciudadanos revisaran el proceso y se pronunciaran.

Desgraciadamente se ocultan al ciudadano datos de las instituciones, de los actos de trascendencia pública y del país. Lo que conocemos es una parte: lo que quieren darnos y lo que nos da el esfuerzo de terceros, como los medios de comunicación. Es difícil tomar las decisiones adecuadas al momento de votar, cuando la información necesaria no está al alcance directo del ciudadano.

Lo mismo ocurre en las elecciones de segundo grado, como el de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Es un proceso teóricamente diseñado para aumentar la participación ciudadana y evitar que los diputados elijan arbitrariamente, teniendo que someterse a listas impuestas por otros.

Se pretendió que una institución como el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) formada por representantes de los jueces, universidades, asociaciones de abogados y entidades públicas, procediera a elegir candidatos con base en sus capacidades, independencia e idoneidad. Sin embargo esa institución, formada por siete funcionarios que son nombrados por la Asamblea Legislativa, ha dado muestras en otras ocasiones de seguir orientaciones políticas o responder a otros intereses cuando designa candidatos que no llenan las condiciones adecuadas. La causa proviene de la fuerte influencia y presiones que pueden ejercer los partidos representados en la Asamblea, sobre los miembros de este consejo y las aspiraciones personales de muchos de sus miembros que no desean entrar en conflicto con la institución que puede elegirlos para otros cargos.

Lo peor del proceso es que es llevado con extremo secretismo. Algunos miembros del CNJ se amparan en el artículo 83 de su ley que establece: “Toda la información que maneje el Consejo en sus actuaciones y registros, será reservada; pero podrá extender certificaciones en los casos autorizado por esta ley y por orden judicial”.

No obstante existen tratados internacionales que están por encima de tal legislación y en todo caso la interpretación correcta no impide conocer nombres de aspirantes, que las entrevistas sean públicas y que el proceso de elección sea transparente.

El proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia no solo debe ser público en la Asamblea Legislativa, sino también el proceso de elección de candidatos por el CNJ.

La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social ha pedido “transparentar y robustecer en todas las etapas” el proceso de selección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, sosteniendo que debe ser un proceso público en el que se incluyan entrevistas con los candidatos conociendo su trayectoria en una línea de pensamiento jurídico.

Algunos diputados ante señalamientos de reparto de cuotas le echan la culpa a las instituciones proponentes; cuando en realidad los partidos políticos saben muy bien que la decisión del CNJ puede ser influida por los diputados y mucho antes de que lleguen los propuestos a la Asamblea.

Los aspirantes a la Presidencia de la República han sido más sinceros y reconocieron como práctica común la designación para estos cargos de personas que sin importar su desempeño profesional dan muestras de ciegas lealtades partidarias y aceptaron que sus partidos se han distribuido los puestos e incluso instituciones completas, de modo proporcional a la cuota de influencia que ejercen en el escenario político.

Si queremos cambios a favor de la institucionalidad lo primero que se requiere es seriedad y reconocer realidades. Después viene la transparencia.