Colaboraciones

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El escándalo del CNJ

Imaginemos que el día de mañana se descubre que los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura David Gonzalo Cabezas, Nora Montoya Martínez y Jorge Efraín Campos han estado usando los fondos de la institución para pagar sus cuentas personales. Ya sabemos lo que dirían en su defensa: “Lo que yo he hecho es correcto. En ninguna parte la ley del CNJ dice que los consejeros no pueden robar el dinero de la institución”. Es el mismo argumento que usan para defender su autoinclusión en la lista de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Después de pasar unos días felicitándonos por la madurez democrática demostrada por el pueblo salvadoreño en las recientes elecciones presidenciales, el CNJ viene a volvernos a la realidad con una bofetada. Lo que han hecho los consejeros no solo es ilegal, pese a todas las excusas que den, pues atenta contra los mismos fundamentos de la institución que integran. Es atentatorio contra la institucionalidad democrática del país y totalmente fuera de ética. Es una prolongación de la corrupción y la inmoralidad que hemos visto en la política nacional; los consejeros se merecen los calificativos con que los denigra el gremio de abogados y muchas instituciones respetables.

La composición de la lista del CNJ es significativa y a estas alturas ya no especulamos mucho sobre ella. La inclusión de personas con evidentes vinculaciones partidarias apuntan a una componenda política, pero el resto del listado también demuestra también una segunda intención. Algunos son figuras tan polémicas que indudablemente no serán aceptables para importantes sectores. Entre los restantes hay algunos con méritos académicos y de notoria honradez, pero que han preferido mantener un perfil tan modesto que apenas son conocidos dentro de su gremio, mucho menos lo serán fuera de él. Sin embargo, lo que distingue a la mayoría de los incluidos en la lista es su falta de dotes o méritos relevantes. Es obvia la intención de los consejeros, al escoger a quienes van a competir con ellos por el cargo, que seleccionaron a quienes serían sus más débiles rivales.

Además, debemos señalar que en la ley del CNJ y sus reglamentos hay un procedimiento para la formación de la lista de candidatos a magistrados que exige que los interesados en aparecer en la misma hagan una solicitud al Consejo y presenten documentación del respaldo. Según el calendario elaborado por el CNJ, el término para presentar la solicitud venció el 6 de marzo pasado; la lista de los setenta interesados apareció en un periódico local el día 8. Hay una polémica con respecto a si el CNJ tiene las facultades de incluir a personas que no hagan la solicitud pero que considere que tienen la capacidad de ser magistrados, lo que en nuestra opinión desvirtuaría y haría innecesario el trámite indicado, pero no es esto lo que tratamos ahora. En total nueve de los incluidos en la lista de candidatos del CNJ no presentaron solicitud, incluyendo los tres consejeros en cuestión. Es más, uno de los candidatos nos ha informado que ni siquiera se le preguntó si deseaba ir; se le llamó el día que se dio a conocer la lista para informarle que estaba en ella. Ciertamente que Cabezas, Montoya y Campos tuvieron un trabajo difícil para encontrar alguien con menos méritos que ellos.

Es el momento de decir: “¡Basta ya al oportunismo y la corrupción”! Para los partidos políticos, especialmente para el que constituirá el nuevo gobierno, el caso del CNJ es una prueba de fuego. Es el momento de demostrar que realizará los cambios que prometió en campaña o si la corrupción solo ha cambiado de manos. La Asamblea debe rechazar la lista del CNJ por haber sido hecha en violación a la ley y exigir que los consejeros suplentes, que no participaron en tal desprecio al orden jurídico, elaboren una nueva. Pero hay mas: es el momento llevar a cabo medidas ejemplarizantes que garanticen que lo sucedido no volverá a pasar.

Los consejeros culpables deben ser destituidos de sus cargos por el procedimiento de ley y deben ser sancionados además por el Tribunal de Ética y la Corte Suprema de Justicia por haber demostrado que no tienen las mínimas condiciones éticas para ejercer un cargo público ni una profesión jurídica.

Autor: Este artículo ha sido enviado por uno de los miembros del Centro de Estudios Jurídicos que pidió no ser identificado.

Oscuro proceso en el CNJ

Centro de Estudios Jurídicos / Por el Imperio del Derecho

No cabe duda que el proceso previo a la elección de candidatos a magistrados a la Corte Suprema de Justicia debe someterse a una rigurosa revisión para que genere mayor credibilidad y procurar que desde el principio se ejerzan controles de calidad.

La primera y más urgente regulación es que en la elección organizada por la Federación de Asociaciones de Abogados (FEDAES) solo participen abogados y en la designación del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) sea exclusivo para jueces. Esto debe ser así en el caso de los juzgadores, porque la dignidad del cargo y su objetividad podrían verse afectados, realizando actos publicitarios excesivos o rayanos en la ridiculez o solicitando apoyos y votos. Además conviene que sea el CNJ porque esta es la institución que selecciona, capacita y evalúa a los jueces, por ende, es quien debería conocer de cerca el trabajo que ejercen dichos funcionarios judiciales.

En la actualidad se produce un contrasentido. En las últimas elecciones entre abogados, se eligió a trece jueces como candidatos a magistrados y solo dos abogados en libre ejercicio. Estamos esperando la lista proveniente del Consejo y si repetimos las experiencias pasadas, ahí encontraremos principalmente a los abogados que se han dedicado a la política o están relacionados con la misma y solo algunos jueces y magistrados. Lo cual haría pensar que el CNJ conoce más a estos abogados, que a los jueces que evalúa o que considera más adecuados para el cargo a los que están cerca de la política, que a los que se dedican a juzgar.

La separación de procesos desde luego no mejorara automáticamente la selección, pues habrá que mejorar las condiciones para que de cada elección sea transparente y adecuada para elegir a los mejores candidatos.

Hay que buscar los mecanismos para que las asociaciones de abogados asuman mayor responsabilidad en sus propuestas de precandidatos y crear un procedimiento que garantice de mejor forma el cumplimiento de requisitos de idoneidad, capacidad y objetividad. No se trata simplemente de preguntar a sus asociados quiénes quieren participar en el proceso, sino designar a los que tengan aquellas cualidades mediante un procedimiento responsable.

Hay que regular los tiempos y los modos para hacer proselitismo. El cargo de magistrado exige mucha capacidad técnica y esta solo puede medirse si los aspirantes se someten a debates, ponencias o escrutinio de la sociedad civil organizada, como las universidades, institutos de investigación, organismos no gubernamentales, iglesias u otros. Es importante conocer la visión que tiene el aspirante sobre la administración de justicia y en especial, su pensamiento jurídico.

En la recién pasada campaña de abogados, muchos se dedicaron a ofrecer mejoras salariales a los empleados del Órgano Judicial, aumentar las prestaciones a los miembros de la carrera judicial, a gestionar autorizaciones masivas del notariado y a ofrecer protecciones desde el máximo tribunal de justicia. Además la elección de abogados se realiza en condiciones desiguales y poco fiables, lo cual merecería una revisión completa del procedimiento.

En cuanto al proceso llevado adelante por el CNJ, es preocupante el hermetismo con que se maneja la selección de sus quince aspirantes a magistrados. Es inaceptable que al amparo de una disposición legal diseñada para reservar asuntos estrictamente internos y que no generen daño ni aprovechamientos indebidos de información del CNJ, se oculte a la sociedad los procedimientos de elección de dichos funcionarios que tienen una enorme responsabilidad para el país y que por lo tanto son actividades de transcendencia pública, para las que no se justifican secretismos. Se debe conocer quiénes presentan solicitudes, sus currículum de ejercicio profesional, quiénes son propuestos por el Consejo, por quiénes votan los concejales y las razones que expresan para hacerlo. Adicionalmente la elección de los concejales y los procedimientos de evaluación del CNJ deben mejorarse.

Los retos del nuevo presidente

Centro de Estudios Jurídicos / Por el Imperio del Derecho

Para cuando se publique este artículo es casi seguro que tendremos ya definido al nuevo presidente de la República y que este, en el transcurso del día, estará buscando la mano del adversario, para simbolizar no solo su categoría personal sino la voluntad oficial de respetar las ideas y aspiraciones de la otra parte de la población. Es importante que el nuevo funcionario no vaya simplemente a agregarse a un engranaje como una tuerca más, pues debe ser pieza clave para imponer los rumbos y tiempos de la maquinaria. El país evoluciona, pero necesita agigantar el paso, para no quedarnos rezagados en el mundo y debe ser capaz de que una parte de las piezas no queden desconectadas. Si el nuevo inquilino de Casa Presidencial se dedica a sentarse en la rueda y deja pasar el tiempo sin ser sujeto de liderazgo y transformaciones, las piezas desgastadas no se sustituirán a tiempo y algunos grandes bloques quedarán aislados y funcionando por su cuenta. Es decir, se romperá la unidad que debiera existir en el sistema, necesario para su auto-sostenimiento.

A partir de ahora, el ganador de las elecciones debe trabajar en serio para resolver los múltiples problemas que sufre el país y sus pobladores. El punto de partida para una nueva administración del Estado es trabajar en dos ámbitos: en primer lugar, es urgente fortalecer las instituciones. Esto no pasa necesariamente por inyectar presupuestos o mejorar las infraestructuras, sino en poner al frente de ellas personas que tenga la capacidad, idoneidad y la comprobada voluntad de transformar positivamente el país en general y no para favorecer los pequeños intereses de personas en particular. Si las instituciones son frágiles y sus cabezas no piensan, nada bueno se puede esperar de ellas. En segundo lugar, corresponde modificar las relaciones interinstitucionales y establecer mecanismos de colaboración entre los diferentes órganos de gobierno. El Ejecutivo ya no debe seguir siendo ni pretender ser la única y la última manifestación del poder. Hay órganos de decisión igualmente importantes, como el judicial, la Fiscalía General de la República, la Corte de Cuentas de la República y muchas más, donde no es correcto que el presidente de la República ejerza influencias, porque son precisamente instancias contraloras y fiscalizadoras del poder, que no pueden ser anuladas sin riesgo de convertir la acción de gobierno en una dictadura.

Al sentarse aquellas bases, a mediano plazo estaremos alcanzando mejoras sustanciales, al menos en dos graves problemas nacionales: la seguridad y la justicia. Los niveles de seguridad física y jurídica de las personas desde hace mucho ha alcanzado niveles insoportables y es necesario intentar cambios de rumbo sin prepotencias políticas. La cantidad de homicidios, atentados contra el patrimonio, agresiones sexuales, etc. que se cometen cotidianamente son el fiel reflejo de la situación; a lo que se une la impunidad, porque las instituciones encargadas de la investigación y los juzgamientos son incapaces de afrontar el alto índice delincuencial o de responder adecuadamente cumpliendo debidamente sus funciones. La Policía y la Fiscalía por mandato constitucional deben ajustar sus investigaciones y acciones a decisiones tomadas por la ley y los jueces, y no pretender imponer sus arbitrariedades o debilidades.

En materia de justicia, hay poca confianza y credibilidad en los encargados de administrarla. Los jueces de los diferentes niveles, incluyendo los de la Corte Suprema de Justicia, tienen la enorme deuda de ejercer el cargo con independencia, imparcialidad, honestidad y transparencia. Se exige que los jueces sean más técnicos, más cualificados, orientadores y claros en sus sentencias, pero más conscientes de la realidad. La Sala de lo Constitucional debe dejar de ser objeto de interferencias por los poderes políticos y fácticos, para convertirse en un verdadero garante de la Constitución y de los derechos individuales.