lunes, 23 de noviembre de 2009

La moda del debate

Centro de Estudios Jurídicos / Por el Imperio del Derecho


Desde los inicios del proceso de democratización se iniciaron en nuestro país una serie de transformaciones en muchos ámbitos y una de ellas es la vigencia del ejercicio de la libertad de expresión en sus distintas dimensiones. Un derecho siempre reconocido en nuestras constituciones, pero no siempre respetado.


A partir de entonces las marchas populares se volvieron algo normal, las protestas y tomas de calles fueron situaciones nada extraordinarias. Cualquier grupo de interés, sin importar su índole, tenía las puertas abiertas para manifestarse de la manera que lo quisiera. Los gobiernos de diferentes periodos parecían impresionados ante el fenómeno, por lo que en no pocas ocasiones los excesos estuvieron a la orden del día. ¿Quién no recuerda el extenso periodo de crisis en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, situación convulsionada con una huelga indefinida que se cobró varias vidas por la falta de atención médica oportuna? ¿Quién no recuerda el cobarde homicidio de dos miembros de la Policía Nacional Civil, por unos seudo manifestantes? Este abuso de la libertad de expresión tiende a desprestigiar uno de los más valiosos instrumentos del ejercicio democrático, pero afortunadamente vemos proliferar también manifestaciones más sanas del ejercicio de este derecho y que constituyen intercambios de ideas, como corresponde a los pueblos civilizados.


Los programas radiales y televisivos que transmiten discusiones sobre distintos tópicos de interés nacional se pusieron de moda y continúan siendo programas con uno de los mayores ranking en nuestro medio; por ejemplo, los programas: “Ocho en Punto” y “Solo Fútbol” se han convertido en emblemas del entretenimiento mediante el debate sobre los dos aspectos que quizás más nos apasionan a los salvadoreños: la política y el fútbol. Sobre estas discusiones, no existe un método de configuración cerrado. Los medios de comunicación son creativos en el esquema a seguir.


La condición esencial para que exista un debate es la convergencia de dos puntos de vista distintos que guardan posiciones antagónicas en torno a un tema o problema. Verdaderamente es un conflicto de ideas.


En aspectos académicos con relevancia económica y jurídica, FUSADES ha sido una pionera en organizar y promover esta técnica de comunicación oral. Todavía la comunidad jurídica recuerda con mucha emotividad el debate organizado hace algunos años sobre las facultades normativas de la administración pública, en el que discutieron con brillantez y elegancia los juristas Roberto Oliva y Felipe Francisco Umaña h. (este último, de grata recordación) bajo un método innovador que conllevó también la participación de los versados comentaristas, doctores Albino Tinetti y Juan Daniel Alemán.


Lastimosamente, este tipo de eventos enriquecedores de ideas con profundidad intelectual son escasos entre nosotros, no obstante que contamos con todo el marco de libertades necesarias para que los profesionales de diferentes ramas, pero los abogados por antonomasia, utilicemos los espacios que un estado de derecho nos brinda. No sería desatinado reflexionar sobre si esta carencia de interés o desgano intelectual sea uno de los elementos que provoquen que las puertas de la libertad de expresión se vayan cerrando.


El Centro de Estudios Jurídicos, en su afán de coadyuvar a la consolidación del estado de derecho, está promoviendo un debate sobre el polémico tópico del arbitraje del Estado en sus diferentes perspectivas, entre dos personalidades notables del derecho salvadoreño, ambos ex presidentes de nuestro Centro, los doctores Mario Sáenz y Roberto Oliva. Discusión que tiene como punto medular si dicho arbitraje es obligatorio o no de conformidad a ley salvadoreña.


No dudamos que independientemente de la postura que adopte el respetable público que concurra al evento, al final será este el más beneficiado, pues probablemente presenciará uno de los duelos jurídicos más destacados en los últimos años. Valga la oportunidad para desearles suerte a ambos contendientes y para invitar a toda la comunidad a este emocionante esgrima legal.

lunes, 16 de noviembre de 2009

¿Por qué no hacer las cosas bien y a tiempo?

Centro de Estudios Jurídicos / Por el Imperio del Derecho


Nuestro país ha sido golpeado una vez más por fenómenos naturales y de nuevo el espíritu solidario de los salvadoreños se pone de manifiesto para apoyar a los hermanos necesitados. Sin embargo cabe preguntarse: ¿Hasta cuándo las instituciones cumplirán responsable y oportunamente con las obligaciones que les establecen las leyes? ¿Cuándo se dará a la prevención la prioridad que requiere? ¡Todo sería tan diferente si los entes estatales cumpliesen su papel a tiempo! Aunque no es el tema de esta ocasión, era inevitable hacer alusión a lo acontecido en días recién pasados en El Salvador, para expresar nuestra solidaridad con los conciudadanos que han sido afectados y elogiar la labor humanitaria que se realiza en torno a esta calamidad nacional, labor a la que cada uno de nosotros debe sumarse en lo que esté a su alcance.


Pero la vida institucional del país sigue y no podemos olvidar que hay asuntos de vital importancia pendientes de resolver, tal es el caso de la mora en el cumplimiento del rol constitucional de la Asamblea Legislativa en cuanto al nombramiento del titular de una institución tan trascendental como la Procuraduría General de la República, después de varios meses desde que el anterior funcionario terminó su período de elección. Recordemos que la Constitución y la ley preceptúan que el procurador general de la República tiene el rol notable de velar por la defensa de la familia y de las personas e intereses de los menores e incapaces, dando asistencia legal a las ciudadanos de escasos recursos económicos, y representándolos judicialmente a estos en la defensa de su libertad individual y de sus derechos en general.


El Centro de Estudios Jurídicos, en su preocupación por el resguardo del imperio del derecho, hace un llamado a los diputados a la reflexión y los exhorta a que realicen un ejercicio serio de la función parlamentaria, despojándose de intereses partidistas y personales a fin de cubrir dicho vacío institucional.


Los hijos víctimas de padres irresponsables, los imputados que solicitan con urgente necesidad la asistencia de un defensor público, las personas de escasos recursos que requieren servicios legales y no pueden pagarlos, las familias que aspiran adoptar un menor, los trabajadores despedidos que piden un abogado que los asista; etcétera. Todos ellos posiblemente, están al margen del pensamiento de los diputados, quienes desestiman el grave perjuicio que la omisión de la Asamblea les está ocasionando.


Es nuestro deber insistir en lo perjudicial de esta omisión de la Asamblea, respecto de la cual la verdadera ofendida es la sociedad salvadoreña en general, a la que se deben los parlamentarios.


Es incomprensible que la Asamblea entre tantos abogados no encuentre un jurisconsulto que reúna los requisitos pertinentes: mayor de treinta y cinco años, que haya servido en una judicatura de primera instancia durante seis años o haya obtenido la autorización para ejercer la profesión por lo menos ocho años antes de su elección, de moralidad y competencia notorias. Agregaríamos nosotros, independiente, con conciencia social, valiente y con liderazgo reconocido en la comunidad.


Ahora pues, todo depende de nuestros diputados: insistirán en generar vacíos legales, caos e inseguridad jurídica en instituciones como la Procuraduría General de la República, posponiendo una elección tan importante, enfrascándose en discusiones estériles, componendas con intereses partidarios o personales, lanzando más cortinas de humo que cubran sus omisiones inconstitucionales, o harán lo correcto y actuarán de buena fe, tomándonos la palabra y eligiendo a un o una profesional idóneo.

lunes, 9 de noviembre de 2009

Libertad de culto, más que una experiencia religiosa

Centro de Estudios Jurídicos / Por el Imperio del Derecho


El derecho a la libertad de culto está garantizado en el artículo 25 de nuestra Constitución, el cual forma parte de un selecto catálogo de derechos individuales que han sido reconocidos por las diversas constituciones que han tenido vigencia a partir de la llamada Constitución venerable de 1886, la única que ha regido en el país por más de cincuenta años, en la cual se plasmaron de manera definitiva los principios filosóficos, políticos y jurídicos sustentados por el pensamiento liberal del siglo XIX.

Un largo y cruento camino sembrado de guerras, alzamientos y golpes de Estado debió recorrer nuestra joven república para evolucionar de un estadio de absoluta intolerancia religiosa consagrado en 1824 por la primera constitución de la República Federal de Centro América, en la que se reconocía a la religión tradicional como la única “con exclusión del ejercicio público de cualquier otra”, hasta alcanzar un régimen de absoluta libertad de culto reconocida en la referida constitución de 1886, el cual ha permanecido inalterable hasta nuestros días.


Por tanto, para los salvadoreños la tolerancia religiosa nos parecería la regla universal de conducta, cuando la realidad mundial nos demuestra a cada momento que esta se encuentra lejos de ser la tendencia dominante en el mundo del siglo XXI.


El fundamentalismo religioso, intolerante y excluyente, reapareció con toda su crudeza, después de la caída del Sha en Irán a fines de la década de los setenta, y a partir de entonces ha venido manifestándose de manera creciente en casi todas las regiones del globo. Afortunadamente América Latina se encuentra, hoy por hoy, alejada de esa tendencia.


Este inusual contraste favorable de nuestra realidad nacional con el contexto internacional nos ofrece ventajas inmejorables en la construcción de la cohesión social y en la solución de los problemas que aquejan a nuestro país, sin excluir aquellos que tanto nos agobian, como el de la delincuencia, la violencia social y las pandillas. Las iglesias, junto con la familia y la escuela, son por excelencia las instituciones forjadoras de valores en una sociedad, y por lo tanto las más capaces para jugar un rol protagónico en la labor de prevención del delito y de la delincuencia. Un ejemplo indiscutible de esta realidad lo constituye el hecho que la única forma permitida para un joven marero de dejar de ser miembro activo dentro de una pandilla es mediante el enrolamiento dentro de una comunidad religiosa.


El Centro de Estudios Jurídicos considera indispensable, después de los evidentes fracasos en la lucha contra la violencia impulsada desde la perspectiva de la utopía legal, asumir las ventajas que resultan de esta arraigada tradición de tolerancia religiosa, cuyo principal fruto ha sido el crecimiento de la espiritualidad y de una feligresía militante en su fe, para que desde el seno de las organizaciones religiosas se construyan soluciones participativas en la formación de valores, rescate de jóvenes en situaciones de riesgo, y la creación de programas de formación laboral, como una forma de prevenir el problema de la violencia desde su raíz.


No se trata de proponer la ilusión de combatir al crimen organizado y a la delincuencia con el crucifijo en la mano, pues estamos sabedores que para ello se requiere de la utilización de todo el aparato coercitivo del Estado. Sin embargo, lo que en esta ocasión planteamos es que se inicie la construcción de una extensa alianza con las comunidades religiosas organizadas, a fin de que estas extiendan su misión evangelizadora a la salvación, no solo de las almas, sino también de las vidas terrenales de comunidades en riesgo, que les devuelvan la fe en sus semejantes y les conceda la esperanza en una vida mejor en esta tierra, como antesala de la que alcanzarán en la otra vida.

lunes, 2 de noviembre de 2009

Sistema tributario racional: pacto fiscal

Centro de Estudios Jurídicos / Por el Imperio del Derecho


El tributo es toda prestación obligatoria, en dinero o en especie, que el Estado exige, en ejercicio de su poder de imperio, en virtud de una ley. Los tributos existen porque hay gastos públicos, necesidades colectivas que es necesario financiar y que en un Estado moderno deben ser cubiertas precisamente mediante prestaciones exigidas de forma coactiva a sus habitantes. Sin embargo, un Estado social de Derecho como el salvadoreño no debe abusar de este poder coactivo en la exigencia de las contribuciones a su población, es por ello que todo sistema tributario racional que pretenda ser reformado debe partir siempre de un pacto fiscal.


Para que una reforma tributaria resulte exitosa es indispensable tomar en consideración la opinión del contribuyente. Solo mediante la intervención del sector productivo, empresarial y la sociedad civil en la elaboración y conformación de unas reformas tributarias podrá generar en el país la seguridad que la carga impositiva ha sido distribuida con equidad, pues se han tenido en cuenta las repercusiones que estas implican.

Este proceso de consulta se logra únicamente por medio de un pacto fiscal, que al mismo tiempo que vuelve consciente a la población respecto de las necesidades de recaudación del Estado, convierte a esta en un garante de la asignación de los recursos públicos obtenidos, involucrándola de forma activa en las decisiones de cuánto gastar en seguridad, educación, salud, etc., en la efectiva realización de esas decisiones (la ejecución del gasto público) y, de mayor importancia, en el control de la correspondencia entre la asignación de recursos y su puesta en práctica.


Las reformas tributarias que a la fecha pretenden ser implementadas carecen de este sustento básico –pacto fiscal– de cualquier sana política tributaria, pues se ha podido comprobar que su contenido e incidencias no han sido discutidos en los foros adecuados que aglutinen todos los sectores de la sociedad. La falta de este pacto ha generado que la población se encuentre recibiendo mensajes divergentes por parte de los diferentes sectores involucrados, careciendo de información clara y uniforme sobre la misma; lo que en definitiva genera una división de la población, y con ello se afecta la paz social tan indispensable para una reforma fiscal a ser implementada en un momento de crisis económica.


Es precisamente en la coyuntura de recesión en la que se encuentra el país que el pacto fiscal se hace aún más relevante, pues la población necesita tener claridad en cuanto a qué porcentaje de ella será afectada por el nuevo impuesto a los intereses de ahorros por encima de los $5,000, ¿generará esto un desincentivo al ahorro y una fuga de capitales que encarecerá el dinero bancario, aumentando las tasas de los créditos?, ¿por qué las reformas no amplían la base tributaria, sino solo crea nuevos impuestos?, ¿son reformas dirigidas al consumo que afectan directa y únicamente a la clase media?, ¿por qué no se genera igualdad en las deducciones de personas naturales y jurídicas?, ¿cómo se aborda en las reformas la elusión, evasión y el contrabando?, ¿por qué se elimina el proceso administrativo en el Ministerio de Hacienda para solventar cualquier error y se recurre directamente a la Fiscalía General de la República?


Un abuso por parte del Estado de su poder en la aprobación de esta reforma fiscal, sin que exista un pacto fiscal, únicamente generará que nuevamente se efectúen “ingenierías fiscales” por parte de ciertos sectores para evitar que ella les afecte, o simplemente sus costos serán trasladados a los consumidores; lo que en definitiva hará que la reforma únicamente afecte a los sectores económicamente más débiles de nuestro país. La gran interrogante es cuál es la aspiración de nuestros gobernantes: un sistema tributario racional y efectivo o simplemente un “paquetazo”.