lunes, 26 de junio de 2006

Al rescate del Consejo Nacional de la Judicatura

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos


El Salvador fue sede de la reciente XLII Conferencia de la Federación Interamericana de Abogados y podemos asegurar que fue un éxito y una oportunidad muy bien aprovechada para intercambiar conocimientos y credenciales con colegas del continente americano. Con ellos compartimos, entre otras, preocupaciones sobre seguridad jurídica, calidad de la justicia, institucionalidad y necesidad de adaptarnos a las nuevas realidades que impone el marco económico internacional, para fortalecer y controlar adecuadamente la formación profesional de los abogados.


De manera especial, la delegación argentina solicitó que se tratara el tema del Consejo de la Magistratura de su país que, según explicaron sus representantes, ha sido tomado por el poder político mediante una reforma legal que redujo el número de sus miembros, menoscabando la esencia de la institución que es preservar la independencia judicial. No vamos a entrar en detalle sobre el caso argentino, pero es importante comentar que la mayoría de los colegios de abogados prestigiosos se ha solidarizado e incluso presentado recursos ante tal reforma legal atentatoria. En El Salvador, recientemente solo ha habido reforma legal para ampliar el plazo de los consejeros, pero antes de ello, el Consejo Nacional de la Judicatura ya había perdido su independencia, como lo hemos explicado en otros artículos y es del conocimiento público, pero en este país, solo nuestra asociación ha protestado.


En una excelente ponencia durante la conferencia de la FIA, se expresó que tres de los pilares que dan base a la existencia de la seguridad jurídica son: la estabilidad institucional, la capacidad de producir normas y la calidad de la justicia. Coincidimos con tal planteamiento y por eso es que estamos preocupados por nuestro Consejo Nacional de la Judicatura, que tiene encomendado por la Constitución participar en la selección del recurso humano que decide con sus sentencias lo que corresponde a cada quien. Nos preocupa también que la investidura del juez no se respete.


Estamos próximos a una nueva elección de consejeros que representarán el sector de docentes universitarios en el CNJ. Los abogados que resulten electos tendrán que actuar fieles a la Constitución, compenetrados con los antecedentes históricos de los consejos de la magistratura, con su normativa y reconociendo el contexto nacional e internacional. Deberán enfocar sus esfuerzos en la consolidación de la independencia institucional, conscientes de que el cumplimiento de las funciones de selección, capacitación y evaluación judicial es trascendental para que el sistema de administración de justicia funcione como es debido. Tendrán que ser garantes de la independencia judicial y del respeto que merece la investidura de juez. Deberán esmerarse en la formación académica, teórica, práctica y ética de los jueces, tanto en su formación inicial, como en su capacitación continuada y especializada. Deberán llevar a cabo evaluaciones de los jueces, con el principal propósito de fortalecer sus debilidades, de detectar sus necesidades y de medir hasta donde sea posible su rendimiento y su idoneidad, reconociendo méritos o recomendando remociones para quienes lo ameriten. Integrar ternas con las personas idóneas para que la CSJ elija. Colaborar con el control social de la administración de justicia, siendo accesibles a los medios de comunicación y atendiendo las denuncias de la ciudadanía. Administrar el presupuesto de manera honrada, eficiente y eficaz. Velar por el recurso humano al interior de la institución y rescatar el ambiente laboral de armonía, equilibrio y mística.


Esperamos que los diputados elijan basándose en el currículo de los candidatos, y que de manera prioritaria se cercioren de que podrán ser consejeros independientes, si es que se quiere rescatar el CNJ.

lunes, 19 de junio de 2006

Reunión internacional de abogados en nuestro país

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos


A partir de este día, los abogados de las Américas celebramos en El Salvador un evento de suma importancia para todo el continente: la XLII Conferencia de la Federación Interamericana de Abogados (FIA).


La FIA es una asociación fundada en 1940 por un grupo de abogados que representaban a 44 organizaciones profesionales de 17 países del Hemisferio Occidental. Es un foro profesional independiente dedicado al intercambio de informaciones para apoyar el Estado de Derecho. El Centro de Estudios Jurídicos se enorgullece de ser la asociación salvadoreña de abogados miembro de la FIA.


La serie de actividades que comienza este día incluye la presentación y discusión de materias de derecho constitucional, administrativo, civil, procesal civil, derecho del desarrollo y la integración, educación legal y administración de justicia. Los temas más llamativos del evento se refieren a la corrupción y el lavado de dinero, la colegiación de abogados, la resolución alternativa de controversias, banca y bolsa, garantías jurisdiccionales en el proceso penal, contaminación de recursos hídricos, protección de derechos humanos, etc. Serán ponentes abogados salvadoreños en el libre ejercicio y un grupo de notables juristas internacionales.


Para el gremio resulta esencial este tipo de eventos, pues para quienes están muy dedicados a su trabajo privado o en puestos del servicio público, estas reuniones de carácter académico y profesional ofrecen una oportunidad para mantenerse al día en el pensamiento jurídico nacional y de otros países.


Es una oportunidad para hacer contactos con abogados del continente y conocer los nuevos retos que ha producido y producirá el libre comercio. Los abogados debemos conocer y comprender nuestra realidad nacional, pero no podemos dejar de lado nuestra pertenencia a la región y al mundo. Nuestras leyes e instituciones no pueden quedarse en el primitivismo de otros tiempos, ni en el conformismo del tercermundismo, ni tampoco acudir a vías aparentemente fáciles pero que complican radicalmente el sistema democrático diseñado por nuestra Constitución.


La educación legal debe avanzar y superar los grandes desastres salvadoreños. El problema de los títulos falsos que escandalizó a los ciudadanos honrados hace muy poco tiempo no puede ser olvidado por los funcionarios ni por la sociedad. Especialmente, las instituciones educativas dedicadas a transmitir conocimiento jurídico están obligadas a asegurar estándares de calidad en los que debe mejorar la inversión en herramientas bibliográficas, tecnología de internet e intercambio de imágenes y datos, espacios físicos de práctica, oratoria y redacción en castellano e inglés, organización y personal suficiente, planteles de profesores con experiencia práctica y académica, intercambio internacional para profesores y estudiantes, inversión en investigación, etc.


Las oficinas públicas responsables de la autorización y control de instituciones educativas deben asumir con responsabilidad sus funciones y asegurar que solo las instituciones de primer nivel ofrezcan carreras para la formación de abogados. Si los programas y el desarrollo de los estudios de Licenciatura en Derecho ya presentan profundas deficiencias en algunas instituciones, los programas de posgrado que ahora abundan deberían ser vigilados para evitar la entrega de títulos de máster y doctor que no llenan los estándares internacionales adecuados.


Parte del diseño del Estado debe ser orientar la educación en función de las posibilidades y necesidades de la economía nacional. La titulación masificada y autorización de grandes cantidades de abogados son negativas para la calidad de la carrera, causa frustración a los nuevos graduados y perjudica a los clientes. Es necesario planificar la apertura de espacios laborales a carreras técnicas de apoyo al trabajo legal como la administración de tribunales, seguridad de tribunales, investigación criminal para fiscales, psicología y sociología criminal, criminología, estadística criminal, patología, etc.


El CEJ da la bienvenida a los juristas hermanos e invita a los colegas a sumarse a esta máxima celebración del gremio.

lunes, 29 de mayo de 2006

Las nuevas leyes deben ser discutidas

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos


La última semana de la anterior legislatura fue agitada. La Asamblea Legislativa eligió cinco nuevos excelentes magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pero también aprobó con precipitación y a espaldas del pueblo nueve importantes cuerpos legales, que debieron haber sido dados a conocer previamente y objeto de profundo estudio y discusión. Este tipo de maratones legislativas de última hora se ha hecho ordinario a la conclusión de cada período parlamentario, con malas consecuencias para el país.


Cuatro nuevas leyes fueron aprobadas. La más importante, consideramos, es la “Ley de protección de testigos”, que llena un vacío por el que se ha clamado mucho tiempo, pero ameritaba que se dieran explicaciones sobre algunos de sus puntos, como el confiar su aplicación a la UTE, una institución que debería ser de gran utilidad, pero que no ha cumplido su papel por falta de interés gubernamental, y los fondos indispensables para su puesta en práctica. Las bondades de las demás leyes son menos evidentes.


La “Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República” tiene muy poco novedoso; más pareciera que su principal finalidad es dar un cubrimiento legal a las irregularidades habidas en el pasado a la elección tardía del fiscal general, lo que no resuelve el problema de la inconstitucionalidad que esto crea. La “Ley de Ética Gubernamental”, pésimamente redactada, no aporta nada nuevo más que la creación de más burocracia y confusión en el sistema jurídico; no pueden extrañarnos las sospechas que se han levantado contra la misma. La “Ley de la Administración Pública Municipal”, a pesar de su buena intención, es otra fuente más de desorden en el régimen de los servidores públicos que ya se ha dispersado en tantas leyes que es casi imposible conocer los derechos y obligaciones de un empleado del Estado; en vez de ordenar la materia, se la sigue confundiendo más. Debieron haber sido vetadas y dejadas para mayor discusión.


Las reformas a la “Ley de Consejo Nacional de la Judicatura”, prorrogando con efecto retroactivo el período de los miembros de la institución que representan al gremio de abogados, pero no a los demás, son tachadas de inconstitucionales por algunos; además, es evidente la nada ética intención de prolongar las funciones de los representantes de una asociación con vinculaciones con el gobierno. ¿Cómo votaron por ellas los diputados de oposición?


Lo que es verdaderamente grave es la aprobación sin discusión de cinco reformas a la Constitución que deben ser ratificadas por la presente legislatura. Una de ellas prorroga los períodos de los diputados y de los concejos municipales, medida deseable según algunos, pero que según otros es dañina e ignora las ventajas de la regulación actual. Otra se refiere a la intercepción de comunicaciones sin autorización judicial, para lo cual no es necesaria la reforma; la tozudez de unos jueces a no admitirlo debía ser resuelta por otros medios. Otra reforma, privando a la Corte Suprema de Justicia de la facultad de nombrar médicos forenses se hace necesaria porque no se hizo en una reforma anterior mal hecha, que transfirió las facultades de investigación del delito a la Fiscalía, pero crea una nueva institución para tal fin, lo que no es materia constitucional. Otra peligrosa reforma altera las reglas de aprobación del presupuesto y de endeudamiento público, que crearía un gran riesgo para el país. Finalmente, se aprobó una reforma con intención de prohibir el matrimonio homosexual, asunto de tan poca trascendencia para la realidad nacional y tan fuera de materia constitucional que solo puede tener fines propagandísticos.


La precipitación al legislar es imperdonable. Es jugar con la vida y el destino de innumerables personas. Exhortamos a la comunidad jurídica a iniciar un debate serio sobre estas inoportunas leyes y a exigir la corrección del daño que hacen. Es un deber patriótico de los abogados.

lunes, 22 de mayo de 2006

Otra ley de ética gubernamental

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos


Uno de los últimos actos de la pasada Asamblea Legislativa fue la aprobación del Decreto n.º 1038, que contiene un cuerpo legal denominado “Ley de ética gubernamental”. Como tantas otras veces, voceros gubernamentales han anunciado que la nueva ley constituye un gran avance en la lucha contra la corrupción y que es enormemente beneficiosa para el país. No hay nada de eso.


La nueva ley establece supuestas normas de conducta para los funcionarios públicos de una manera que parece estar convirtiendo en jurídicas las reglas de los buenos modales; habla de principios de decoro, de lealtad, de responsabilidad, deber de veracidad, de eficiencia, etc. Principios que deben regir la conducta de los destinatarios de la ley, como el principio de transparencia, lo sabemos, son letra muerta si no tienen mayor desarrollo en la ley.


La ley establece once prohibiciones concretas a los funcionarios y empleados públicos, acciones por las que pueden ser sancionados, pero encontramos que todas ellas, menos una, la prohibición de discriminar a la persona en la prestación de un servicio por su condición social, racial, política o religiosa, estaban ya contempladas en la ley salvadoreña, sea en el Código Penal o en la Ley del Servicio Civil, como delitos o faltas administrativas. ¿Qué se gana entonces con la nueva ley?


Se crea una nueva oficina pública, el Tribunal de Ética Gubernamental, para la aplicación de la ley. Esto no es más que un aumento de burocracia. Cinco funcionarios que devengarán altos sueldos y la burocracia que los acompañará. Ya existen numerosas instituciones destinadas a vigilar el comportamiento ético y la probidad de los funcionarios públicos; aparte de que esta es una obligación de todos los titulares de cargos públicos, que tienen deberes específicos al respecto, existe la Corte de Cuentas de la República, la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la República, la Policía Nacional Civil, el Tribunal del Servicio Civil y todos los demás tribunales con competencia sobre la materia. ¿Para qué sirve esta nueva oficina?


Es duro decirlo, pero tienen mucho fundamento los que señalan que la nueva ley no es más que un engaño, un acto de propaganda gubernamental, que pretende hacer creer que el Estado se está preocupando por combatir la corrupción. ¿Por qué vamos a creer que esta ley y las oficinas que crea funcionarán si las restantes no han funcionado durante décadas? ¿Por qué no se aplican las leyes existentes en vez de crear nuevas?


Lo peor de todo es que los hechos demuestran que en el país no hay intención de combatir la corrupción. La semana pasada nos enteramos cómo la petición hecha por el Dr. René Fortín Magaña a la Fiscalía General de la República para que solicitara la nulidad de la increíble resolución de la Corte Suprema de Justicia que nulificó las funciones de la Sección de Probidad de la misma fue declarada sin lugar por el nuevo fiscal general en uno de sus primeros actos, después de que el anterior la mantuvo sin resolver durante meses. Las razones que se alegaron para tal negativa, según lo manifestado en las noticias de prensa, son totalmente antijurídicas. ¿Cómo podemos creer en la voluntad del Gobierno si vemos que la corrupción realmente no se persigue?


Aún hay signos de esperanza en este país. La semana pasada también vimos un dignísimo acto protagonizado por un funcionario público de este país, con la pública renuncia del Dr. José Eduardo Cáceres, jefe de la Sección de Probidad, ante la resolución del fiscal que, con la resolución de la Corte, destruye toda posibilidad de combatir la corrupción a través de la oficina que presidía. Nuestras felicitaciones y nuestro agradecimiento a un funcionario salvadoreño bueno y patriota. ¡Pino Cáceres ha hecho patria!