Los candidatos

Centro de Estudios Jurídicos / Por el Imperio del Derecho

Recientemente fueron presentados los aspirantes a candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, por la Federación de Asociaciones de Abogados (FEDAES). Se conocen 53 nombres.

Las elecciones exigen que los aspirantes reciban suficientes votos de abogados autorizados para ser parte de la lista de 15 profesionales que serán remitidos al Consejo Nacional de la Judicatura, para que esta institución complete la lista con otros 15 designados de su parte.

El procedimiento de elección requiere que los candidatos se expongan públicamente y que los abogados ejerzan su voto eligiendo a quienes consideren capaces de desempeñar satisfactoriamente el cargo.

Es de esperar que los profesionales autorizados participen de ese privilegio que atiende a su experiencia y conocimiento de la situación de justicia, tomando estas decisiones en nombre de la ciudadanía, con mucha reflexión y responsabilidad. Adicionalmente ha de hacerse un esfuerzo para la participación ciudadana y publicidad del proceso.

Cuando la Asamblea Legislativa recibe las propuestas debe indagar sobre la vida profesional de los candidatos, entrevistarlos, solicitar informes, recibir comunicaciones o testimonios de instituciones y ciudadanos, y todo ello lo ha de hacer de manera pública, según lo indica el Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa.

Sin pretender que las designaciones a magistrados para la Corte Suprema de Justicia se realicen bajo los mismos procedimientos que siguen en Estados Unidos –que someten a los candidatos a intensos interrogatorios públicos en el Congreso sobre diferentes puntos de vista jurídicos o de visión global de la administración de justicia– es importante que existan garantías sobre la elevada capacidad técnica del funcionario a elegir, independencia en la toma de decisiones, imparcial para que resuelva los asuntos sin favoritismos personales o sectoriales y que a los ojos de cualquier observador razonable no se tengan sospechas de corrupción.

El Código Iberoamericano de Ética Judicial, aprobado por nuestra Corte Suprema de Justicia, reconoce la existencia de una crisis de legitimidad en el ámbito político en general y particularmente en el judicial. En ese mismo código se establece la necesidad de “rechazar tanto los estándares de conducta propios de un mal juez, como los de un juez simplemente mediocre que se conforme con el mínimo jurídicamente exigido”.

No contemplemos pasivamente cómo las instituciones públicas van en caída libre hacia el deterioro total, ni heredemos a nuestros hijos un sistema judicial que favorece la trampa y promueve a los incapaces. Las próximas elecciones entre abogados el día 7 de marzo es el primer paso para escoger a los potenciales candidatos a ocupar un cargo en la Corte Suprema de Justicia y será el momento para decidir entre las posibilidades de impulsar un servicio judicial acorde a las necesidades de los tiempos o seguir descendiendo hacia lo anodino. A la vista de los colegas que aspiran llegar al máximo tribunal, el escenario se presta para cualquiera de las opciones.

Los jueces, en especial quienes ocupan las altas magistraturas, no solo deben cumplir sus obligaciones en sus despachos, sino que además, vigilar por el adecuado funcionamiento global del sistema de justicia, representar dignamente uno de los principales órganos de gobierno y responder a las graves necesidades de justicia en el país.

El Centro de Estudios Jurídicos designó una Comisión de notables para que realizara el trabajo de escoger aquellos abogados y abogadas que representen esas garantías, indagó su trayectoria profesional, hizo indagaciones por varios medios, entrevistas y analizó hojas de vida. Así surgieron nuestros candidatos a ocupar las vacantes en la Corte Suprema y por quienes hacemos un llamado a la comunidad jurídica que acuda en su apoyo en las próximas elecciones. Ellos son Doris Luz Rivas Galindo, Ana Guadalupe Zeledón, Martín Rogel Zepeda, Sidney Blanco, Rodolfo González, Roberto Arévalo Ortuño, Mario Sáenz, Florentín Meléndez, Mauricio Rodríguez y Mario Castaneda.

Elecciones transparentes en el CNJ

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Cada vez que hay una elección nos encontramos rápidamente con los candidatos, la propaganda y el momento de votar. No sabemos en todos los casos cómo se construyó esa candidatura, quiénes compitieron, los atributos de todos los participantes ni si hubo espacio para que los militantes y mucho menos los ciudadanos revisaran el proceso y se pronunciaran.

Desgraciadamente se ocultan al ciudadano datos de las instituciones, de los actos de trascendencia pública y del país. Lo que conocemos es una parte: lo que quieren darnos y lo que nos da el esfuerzo de terceros, como los medios de comunicación. Es difícil tomar las decisiones adecuadas al momento de votar, cuando la información necesaria no está al alcance directo del ciudadano.

Lo mismo ocurre en las elecciones de segundo grado, como el de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Es un proceso teóricamente diseñado para aumentar la participación ciudadana y evitar que los diputados elijan arbitrariamente, teniendo que someterse a listas impuestas por otros.

Se pretendió que una institución como el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) formada por representantes de los jueces, universidades, asociaciones de abogados y entidades públicas, procediera a elegir candidatos con base en sus capacidades, independencia e idoneidad. Sin embargo esa institución, formada por siete funcionarios que son nombrados por la Asamblea Legislativa, ha dado muestras en otras ocasiones de seguir orientaciones políticas o responder a otros intereses cuando designa candidatos que no llenan las condiciones adecuadas. La causa proviene de la fuerte influencia y presiones que pueden ejercer los partidos representados en la Asamblea, sobre los miembros de este consejo y las aspiraciones personales de muchos de sus miembros que no desean entrar en conflicto con la institución que puede elegirlos para otros cargos.

Lo peor del proceso es que es llevado con extremo secretismo. Algunos miembros del CNJ se amparan en el artículo 83 de su ley que establece: “Toda la información que maneje el Consejo en sus actuaciones y registros, será reservada; pero podrá extender certificaciones en los casos autorizado por esta ley y por orden judicial”.

No obstante existen tratados internacionales que están por encima de tal legislación y en todo caso la interpretación correcta no impide conocer nombres de aspirantes, que las entrevistas sean públicas y que el proceso de elección sea transparente.

El proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia no solo debe ser público en la Asamblea Legislativa, sino también el proceso de elección de candidatos por el CNJ.

La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social ha pedido “transparentar y robustecer en todas las etapas” el proceso de selección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, sosteniendo que debe ser un proceso público en el que se incluyan entrevistas con los candidatos conociendo su trayectoria en una línea de pensamiento jurídico.

Algunos diputados ante señalamientos de reparto de cuotas le echan la culpa a las instituciones proponentes; cuando en realidad los partidos políticos saben muy bien que la decisión del CNJ puede ser influida por los diputados y mucho antes de que lleguen los propuestos a la Asamblea.

Los aspirantes a la Presidencia de la República han sido más sinceros y reconocieron como práctica común la designación para estos cargos de personas que sin importar su desempeño profesional dan muestras de ciegas lealtades partidarias y aceptaron que sus partidos se han distribuido los puestos e incluso instituciones completas, de modo proporcional a la cuota de influencia que ejercen en el escenario político.

Si queremos cambios a favor de la institucionalidad lo primero que se requiere es seriedad y reconocer realidades. Después viene la transparencia.

Abramos el debate de los magistrados

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El proceso de elección de candidatos a magistrados en el que participan el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) y las diferentes asociaciones de abogados bajo la administración de la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (FEDAES) está en el ecuador.

Cada una de esas instituciones debe proponer quince candidatos. El CNJ los elige con votación de los siete funcionarios públicos que lo componen. La FEDAES realiza una elección entre las asociaciones de abogados que proponen candidatos.

De ellos se elegirán cinco magistrados titulares y cinco suplentes, debiendo elegir asimismo un presidente de la corte entre los primeros y los que ya desempeñan el cargo.

La importancia de la elección es porque terminan su cargo cuatro de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional y deberá renovarse casi por completo la sala encargada de conocer las demandas de inconstitucionalidad de las leyes, los decretos y los reglamentos, los procesos de amparo y habeas corpus, y las controversias entre los órganos Legislativo y Ejecutivo. La Sala de lo Constitucional cuenta con la capacidad de acabar con la existencia jurídica de cualquier ley, decreto o reglamento dictado por los otros órganos. Son los principales custodios de los derechos y las garantías fundamentales.

Como hemos dicho en otra oportunidad: en un Estado democrático y republicano el Órgano Judicial es el llamado a mantener el equilibrio, la sensatez y la objetividad, de la que muchas veces carecen las posturas ideológicas de los principales partidos políticos que tensan las relaciones y perjudican a la población en general.

Sin embargo los partidos políticos no visualizan siempre los beneficios nacionales, pues atienden más a sus intereses. Lo que se discute a puertas cerradas no solo en la propia asamblea sino en cualquier escondite es el reparto de magistrados para cada partido y no la resolución de los grandes problemas de la justicia. Después se preocupan del perfil de obediencia y entrega de los candidatos que los representen y no buscan capacidad, independencia ni principios éticos. Cuando no encuentran respaldo para nombrar esos candidatos o cuando existe calidad ética y profesional de los aspirantes, es cuando se han producido honrosas excepciones, resultando nombrados magistrados decentes y capaces.

Ese es ahora el principal reto de los aspirantes a magistrado: ser capaz de abrirse al diálogo con las diferentes fracciones políticas, pero sin comprometer su identidad profesional y ética, y en caso de ser elegidos magistrados tender puentes respetuosos con los demás órganos del Estado, pero conservar su independencia.

En la actualidad el Órgano Judicial necesita fortalecerse y ser capaz de mejorar su imagen frente a los ciudadanos y frente al mundo. Nuestro país hace ratos que requiere mayor compromiso de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, como tribunal colegiado. Se deben hacer esfuerzos porque tales instituciones estén más acordes con los tiempos actuales y sus necesidades, asumiendo sin temores sus deberes y que estén más cerca de la ciudadanía.

Los partidos políticos tienen también nuevos retos. Así parece que lo han entendido los candidatos presidenciales del FMLN y ARENA, quienes se comprometieron a hacer realidad una elección de magistrados tomando en cuenta las capacidades y trayectoria profesionales, la transparencia y honestidad y no el reparto de magistrados.

Mientras ya se escuchan rumores de acuerdos entre partidos, a escondidas, es el momento de pedirles a los ciudadanos en general, a los profesionales, a los abogados, a las asociaciones profesionales y gremiales, a las organizaciones ciudadanas, a los tanques de pensamiento, a las universidades, a los partidos políticos y a la sociedad organizada que exijamos que el proceso de elección sea público y transparente. Particularmente debemos pedir a los candidatos presidenciales que exijan a sus partidos que el proceso sea a puertas abiertas, para facilitar una elección responsable de magistrados.

Hoja de ruta para la próxima Asamblea

Centro de Estudios Jurídicos / Por el Imperio del Derecho

El presente año amenazado con malos augurios económicos debe ser contrarrestado por la buena voluntad de los partidos políticos de responder a los intereses colectivos, dejando de lado la confrontación permanente que contemplamos hasta en asuntos triviales. Lo más seguro es que ningún partido obtenga la mayoría absoluta, por lo que no habrá tentaciones de monopolizar las ideas y de no escuchar a las minorías; pero habrá que evitar la ingobernabilidad y la práctica de acudir a negociaciones oscuras entre partidos políticos.

En tiempo de crisis es necesario buscar conjuntamente soluciones; pero es urgente llegar a un estado de madurez política para entender que las negociaciones partidarias no deben estar orientadas a cambiar votos por favores personales o reparto de instituciones, en las que se nombra funcionarios carentes de idoneidad, se ocultan delitos y delincuentes y se establecen obediencias a partidos y personas sin buscar el bienestar del país.

No esperamos tampoco que la Asamblea Legislativa pierda o abandone su función deliberativa con acostumbrados y encendidos debates, que en algunos casos resultan inevitables. Desde luego tampoco es una invitación para tomar ejemplo de países asiáticos u otras naciones latinoamericanas, en los que hemos visto que los diputados cuando las palabras no son suficientes recurren a la violencia física dándose de golpes recíprocos. Es un llamado a asumir actitudes superiores para apoyar propuestas ciudadanas o del adversario si son razonables y justas.

Hay decisiones tan importantes para la nación, como la creación de leyes, nombramientos de Fiscal General, Magistrados para la Corte Suprema de Justicia, Procurador para la Defensa de Derechos Humanos o Presidente para la Corte de Cuentas, entre otros, que son necesarias intensas reflexiones alrededor de los postulados.

Es cierto que conforme a la Constitución los diputados representan al pueblo entero y no a sectores especiales; pero los administrados no concedemos esta representación como un cheque en blanco para que puedan abusar de ella. Los vínculos entre el ciudadano y el diputado no nacen y mueren el día de las elecciones.

El constante diálogo con la comunidad, la efectividad en el desempeño, la capacidad para el entendimiento entre las diferentes fracciones partidarias sobre asuntos básicos de funcionamiento institucional, son los presupuestos indispensables para confiar en nuestros representantes en el poder. Y es que en las democracias avanzadas el ciudadano deja de ser un sujeto pasivo en su relación con el parlamentario, para convertirse en su propio control.

Independientemente de quién tenga la mayoría de diputados, alcaldes o del que triunfe en las próximas elecciones presidenciales, no cabe duda que deberíamos comenzar una nueva era en el escenario político salvadoreño, en la que los esquemas tradicionales de los partidos están agotados y hay mayor creatividad para afrontar los retos.

Estas transformaciones de fondo que la decadencia y las crisis imponen a los políticos pasan por potenciar los valores éticos, promover la transparencia en sus actuaciones y la rendición de cuentas, pero sobre todo, surgen como indispensables las nuevas relaciones y vínculos entre la población y los detentadores del poder; dentro de ese escenario, la sociedad civil organizada, como iglesias, universidades, asociaciones profesionales y empresariales, organismos no gubernamentales, sindicatos, tanques de pensamiento y otros, son los llamados a jugar un papel trascendente a favor del ciudadano.

Ojalá que las leyes aprobadas en la nocturnidad y sin debates, que el desconocimiento o la inconsciencia en las iniciativas que se respaldan, que la falta de transparencia en ciertas actuaciones, los oídos sordos al clamor popular, la negación a la participación ciudadana y la nula rendición de cuentas en asuntos relevantes en el seno de la Asamblea Legislativa, sean cosas del pasado.