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El Salvador fue sede de la reciente XLII Conferencia de la Federación Interamericana de Abogados y podemos asegurar que fue un éxito y una oportunidad muy bien aprovechada para intercambiar conocimientos y credenciales con colegas del continente americano. Con ellos compartimos, entre otras, preocupaciones sobre seguridad jurídica, calidad de la justicia, institucionalidad y necesidad de adaptarnos a las nuevas realidades que impone el marco económico internacional, para fortalecer y controlar adecuadamente la formación profesional de los abogados.
De manera especial, la delegación argentina solicitó que se tratara el tema del Consejo de la Magistratura de su país que, según explicaron sus representantes, ha sido tomado por el poder político mediante una reforma legal que redujo el número de sus miembros, menoscabando la esencia de la institución que es preservar la independencia judicial. No vamos a entrar en detalle sobre el caso argentino, pero es importante comentar que la mayoría de los colegios de abogados prestigiosos se ha solidarizado e incluso presentado recursos ante tal reforma legal atentatoria. En El Salvador, recientemente solo ha habido reforma legal para ampliar el plazo de los consejeros, pero antes de ello, el Consejo Nacional de la Judicatura ya había perdido su independencia, como lo hemos explicado en otros artículos y es del conocimiento público, pero en este país, solo nuestra asociación ha protestado.
En una excelente ponencia durante la conferencia de la FIA, se expresó que tres de los pilares que dan base a la existencia de la seguridad jurídica son: la estabilidad institucional, la capacidad de producir normas y la calidad de la justicia. Coincidimos con tal planteamiento y por eso es que estamos preocupados por nuestro Consejo Nacional de la Judicatura, que tiene encomendado por la Constitución participar en la selección del recurso humano que decide con sus sentencias lo que corresponde a cada quien. Nos preocupa también que la investidura del juez no se respete.
Estamos próximos a una nueva elección de consejeros que representarán el sector de docentes universitarios en el CNJ. Los abogados que resulten electos tendrán que actuar fieles a la Constitución, compenetrados con los antecedentes históricos de los consejos de la magistratura, con su normativa y reconociendo el contexto nacional e internacional. Deberán enfocar sus esfuerzos en la consolidación de la independencia institucional, conscientes de que el cumplimiento de las funciones de selección, capacitación y evaluación judicial es trascendental para que el sistema de administración de justicia funcione como es debido. Tendrán que ser garantes de la independencia judicial y del respeto que merece la investidura de juez. Deberán esmerarse en la formación académica, teórica, práctica y ética de los jueces, tanto en su formación inicial, como en su capacitación continuada y especializada. Deberán llevar a cabo evaluaciones de los jueces, con el principal propósito de fortalecer sus debilidades, de detectar sus necesidades y de medir hasta donde sea posible su rendimiento y su idoneidad, reconociendo méritos o recomendando remociones para quienes lo ameriten. Integrar ternas con las personas idóneas para que la CSJ elija. Colaborar con el control social de la administración de justicia, siendo accesibles a los medios de comunicación y atendiendo las denuncias de la ciudadanía. Administrar el presupuesto de manera honrada, eficiente y eficaz. Velar por el recurso humano al interior de la institución y rescatar el ambiente laboral de armonía, equilibrio y mística.
Esperamos que los diputados elijan basándose en el currículo de los candidatos, y que de manera prioritaria se cercioren de que podrán ser consejeros independientes, si es que se quiere rescatar el CNJ.
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