Apuestas del Consejo Económico y Social

Centro de Estudios Jurídicos / Por el Imperio del Derecho

Se está cuestionando el desempeño del Consejo Económico y Social (CES), organizado y diseñado para subsanar la omisión en los Acuerdos de Paz de 1992 de fórmulas para enfrentar los graves problemas sociales y económicos del país. A esa omisión histórica se atribuye la falta de acción decisiva en esos campos, incluso los elevados índices de violencia criminal. Pero el CES no progresa y hemos visto cómo el tema del pacto fiscal no ha logrado abordarse en ese foro.

Hace un año, el 4 de marzo de 2010, el CES, en desplegado de prensa, informó del “Primer gran acuerdo alcanzado en este espacio de diálogo”, consistente en las “Estrategias para el año 2024” y las “Áreas prioritarias del Quinquenio 2010-2014”.

Ese Acuerdo logrado el 1.º de marzo de 2010 fue aceptado por el Gobierno para ser incorporado en el Plan Quinquenal 2010-2014, que así recogería los aportes del CES en lo que representa un consenso social y político, pero su seguimiento ha sido ínfimo y no ha tenido impacto, ni resonancia.

Las áreas del CES para 2010-2014, en las que debería concentrarse la gestión gubernamental, las resumimos así: 1) pobreza y desigualdades sociales; 2) criminalidad y violencia social; 3) reactivación económica, modernización y generación masiva de empleos; 4) un modelo de desarrollo integral, con ampliación de la base empresarial; 5) integración centroamericana; 6) riesgos ambientales; 7) reforma estructural y funcional del Estado; 8) consolidación del régimen democrático y estado de derecho; 9) derechos humanos; 10) reforma estructural y administrativa, (señala el pacto fiscal); y 11) políticas de Estado con participación social.

Dentro de las apuestas estratégicas para 2024 se incluyó los temas de población, educación, equidad, libertades constitucionales, integración territorial, paz social, régimen democrático, transparencia, gobiernos municipales y acción internacional, con planteamientos moderados y plausibles.

Hace un año se logró ese consenso; ahora es necesario profundizarlo en sus alcances, como por ejemplo indicar el tipo de educación que se pretende, las políticas frente a la delincuencia o, cuando se habla del medio ambiente, indicar las prioridades.

Las dificultades del Gobierno, además de la falta de recursos, se atribuyen a la poca disposición de discutir a fondo las medidas trascendentes y a la escasa planificación. Esta última tarea corresponde a la Secretaría de Asuntos Estratégicos, que no ha logrado compenetrar a la población de los objetivos específicos de la proyección estatal, que parecen difusos y opacos; su boletín informativo mensual, en página electrónica, es un esfuerzo valioso pero de escaso radio de difusión.

Tratando de interpretar nuestra realidad, no se aprecian programas significativos en ejecución, en paralelo a las pautas políticas derivadas de los Acuerdos de Paz. Los índices favorables de opinión que mantiene el presidente de la República, según las encuestas, parecen derivar del equilibrio político, ubicándose hacia el centro y desarrollando un habilidoso juego de acercamientos y rechazos, hacia unos y otros; y a mensajes para mantener viva la esperanza de un futuro mejor, amén de la costosa campaña publicitaria. El proyecto de cambio está por verse.

Siguen los problemas acuciantes de la pobreza, el desempleo y subempleo, la incultura, la criminalidad organizada y el narcotráfico, la desintegración humana y familiar, el alza imparable del costo de la vida, la parálisis productiva en el agro, la ausencia de inversiones y la fuga de capitales, la falta de crecimiento de la economía, el endeudamiento y el déficit fiscal.

Por favor, señores del Consejo Económico y Social, actualicen o profundicen sus apuestas. El Gobierno tiene compromisos y responsabilidades con los sectores sociales, con el pueblo virtualmente representado en el CES, que debe honrar. Esperamos resultados tangibles, que se concreticen más allá del papel.

Política de seguridad alimentaria

Centro de Estudios Jurídicos / Por el Imperio del Derecho

Frente a la amenaza de una hambruna, al incremento de la carestía de la vida y en general a la crisis socio-económica que afecta al país, es un deber del Estado ejecutar políticas de emergencia.

El objetivo constitucional es propiciar bienestar a los habitantes de la República; el orden económico debe responder al propósito de asegurarles una existencia digna. Sin embargo, en nuestra sociedad predomina una situación de pobreza y pobreza extrema.

Uno de los aspectos de más alta preocupación es el concerniente a la desnutrición y la inseguridad alimentaria. Respecto al alza de precios de los productos de la canasta básica, se observa que en octubre pasado el quintal de frijoles llegó a tener un valor de hasta $130.00, mientras que el quintal de maíz alcanzó un precio de $18.00, aumentos que devinieron en tendencias aflictivas. Según datos de la FAO, el índice de precios de los alimentos alcanzó su nivel más alto en la historia mundial en diciembre pasado.

En el país, un 20% de la población menor de 5 años padece de desnutrición y la mitad de estos niños fallece como efecto de ello. Los departamentos más afectados son Morazán, Ahuachapán y Sonsonate, en los que el porcentaje se eleva al 40%.

Como referente nacional cercano, en tiempos del conflicto interno se obtuvo ayuda alimenticia del Programa Mundial de Alimentos y de la USAID, para grandes sectores de la población, estimados en medio millón de personas.

Por Decreto Ejecutivo 63, del 16 de octubre de 2009, se creó el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, CONASAN, bajo la coordinación de la Secretaría de Inclusión Social, que realizó un foro enfocado al fortalecimiento de los marcos legislativos, en julio de 2010.

La idea fue promulgar una ley de seguridad alimentaria, que reconozca el derecho a la alimentación de la población, con el objeto de implantar normas a favor de los sectores más vulnerables, pero el tiempo pasa y no prospera. La falta de esa ley no debe retrasar más los programas del Estado para proveer ayuda alimenticia a los núcleos necesitados. La respuesta es el diseño y aplicación inmediata de una política de seguridad alimentaria.

Si bien hay aspectos normativos recomendables, estos podrán dictarse ulteriormente; no debe retrasarse el ámbito de maniobrabilidad de la política estatal, puesto que esta se puede emprender bajo el régimen jurídico vigente.

En circunstancias como la esbozada, el interés general no puede someterse a plazos indefinidos, ni estancarse en la Asamblea Legislativa, donde surgen oportunismos y discusiones estériles, o prevalecen otros temas en su pesada agenda, que no comprende el proyecto de ley para garantizar a la población el derecho a la alimentación, como desarrollo normativo.

Hacemos un llamado al Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, CONASAN, a fin de que impulse de manera inmediata la adopción de medidas para afrontar la crisis alimentaria, a partir de las instituciones estatales constituidas.

Instamos también a la Defensoría del Consumidor y a la Superintendencia de Competencia, para que pongan especial cuidado en esta materia; en particular en lo relativo a la especulación de precios y acaparamiento de alimentos, sancionando a los comerciantes infractores.

Se recomienda a la Secretaría de Inclusión Social dar prioridad a este grave asunto y requerir a instancias internacionales la ayuda alimentaria que los convenios contemplan.

La visita del presidente Obama abre la posibilidad de abordar el problema social para lograr el apoyo político a los proyectos de USAID en este campo.

Son relevantes las iniciativas nacionales y el apoyo internacional para incrementar los niveles de desarrollo del país, pero deben concretizarse y orientarse adecuadamente acciones urgentes frente a la situación planteada.