La falta de moralidad no es excusable

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

Cada vez que hay una elección en el gremio de abogados para candidatos a la Corte Suprema de Justicia o el Consejo Nacional de la Judicatura, comienza a circular una multitud de textos anónimos denigrando a los candidatos que no son propuestos por la Asociación de Abogados de El Salvador. Tan pronto empiezan a circular, cientos de abogados comentan: “Ya empezó otra vez Nelson García”. Aún cuando no haya pruebas de quién es el autor, miles de abogados tienen la íntima convicción de que algo tan bajo solo puede provenir de una persona y de su grupo.

Ahora, García Córdova ha enviado a la Asamblea Legislativa una nota firmada, en su calidad de miembro de la Junta de Gobierno de la referida asociación, acusando al doctor Benjamín López Beltrand, uno de los candidatos a miembro del Consejo, persona íntegra e intachable, de tener un juicio pendiente por desfalco a una entidad financiera. La única prueba que presenta de sus dichos es una fotocopia de un dictamen contable, en la que se advierte su alteración, pues ha combinado en la misma los textos de dos documentos escritos con máquinas que tienen tipos diferentes. (Esto nos recuerda cuando en el año 1984 se falsificó un boletín del Centro de Estudios Jurídicos, con la misma técnica, con objeto de denigrar al doctor René Hernández Valiente, entonces candidato a magistrado, y se envió a todos los diputados; en esa ocasión, la procedencia fue fácil de determinar, pues el texto había sido enviado desde el fax cuyo número había proporcionado a la FEDAES para recibir comunicaciones, el representante de la asociación del doctor García.)

Ha sido fácil probar que no existe ningún proceso contra el candidato aludido, quien en realidad fue quien promovió acción para que el delito fuera perseguido, pero algunos diputados parecen haber atendido los dichos del señor García, sin haberlo oído o conocer las pruebas de descargo.

El señor García Córdova fue durante muchos años el abogado más controvertido del gremio. Su deplorable conducta personal era del dominio público y su actuación profesional le valió numerosas denuncias y provocó escándalos de magnitud. Sin embargo, es el abogado más condecorado de la historia del país y ha ocupado gran cantidad de cargos públicos, gremiales y académicos; hasta una facultad de Derecho llevó su nombre. Después de la exhibición de una mínima parte de los videos decomisados en su oficina y divulgación del contenido de otro material, nadie puede tener dudas de su calidad personal, pero tal como lo predijimos desde un principio, no le han faltado defensores, nuestro sistema judicial lo exoneró de todo cargo, sin que protestara más que un pequeño grupo de mujeres, y ha salido, con la Biblia en la mano y el apoyo de algunas de sus coestrellas del video y otros individuos, a ocupar la presidencia de la Asociación de Abogados de El Salvador, una institución que alguna vez fue respetable, pero que ha sido un instrumento en manos de García y su círculo durante muchos años (el mismo lugar donde se realizó el decomiso de videos debía ser el local de la asociación). Afortunadamente, hay un grupo dentro de la asociación que espera moralizar las cosas.

Algo grave pasa en El Salvador cuando los responsables de los hechos más reprobables salen impunes de todas las dificultades que se causan y la sociedad no los hace acreedores ni siquiera a una sanción moral. Se habla mucho de la pérdida de valores, pero nadie toma medidas sobre esto y se permite que tales individuos estén en posiciones que deberían implicar gran respetabilidad. Esto es responsabilidad de los que directamente los elevan a esas posiciones, pero también de los que los toleran. El gremio de abogados y los organismos encargados de la vigilancia profesional, que debían moralizarlo, permanecen apáticos e indiferentes.

Batalla campal

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

Como batalla campal definieron los medios de comunicación el enfrentamiento ocurrido el pasado miércoles, cuando agentes antimotines y estudiantes de secundaria y universitarios se enfrentaron violentamente con piedras y balas de goma. Las escenas televisivas fueron más que elocuentes, haciéndonos palidecer y recordar los tiempos de la guerra, cuando la muerte en las calles nos amenazaba diariamente. Como resultado de los disturbios salieron lesionados varios agentes de policía, estudiantes y transeúntes, y fue destruido un autobús de servicio público.

Estas batallas campales no han sido comunes en la posguerra, pero se han dado y resultan un fenómeno alarmante. En el pasado reciente, las marchas ciudadanas han tenido diferentes motivaciones, desde un verdadero ejercicio del derecho de libertad de expresión sobre situaciones de orden social y económico de cuya justicia nadie puede dudar, hasta la manipulación deliberada y estratégica de ciertos sectores con fines políticos e ideológicos. Recordamos marchas o tomas de calles por parte de ciudadanos para demandar servicio de agua potable, tren de aseo, protestar por el alza al pasaje de bus, etc.; en contraste, hemos sido testigos de otras marchas como la ocurrida hace algunos meses cuando casi fue destruida la Alcaldía Municipal de Santa Tecla por un grupo de supuestas vendedoras del mercado negándose al reordenamiento de la ciudad.

Todas estas acciones, y principalmente las que conllevan un tinte político e ideológico de cualquier bando y que desencadenan violencia como la ocurrida la semana pasada, generan zozobra, inseguridad, desestímulo a la economía y envían al exterior un mensaje de incapacidad para resolver nuestros propios problemas de forma civilizada. Ante semejantes hechos, que se están volviendo comunes, nos preguntamos: ¿Cómo podemos construir un sistema político democrático sobre estas bases de violencia callejera? ¿Cómo podemos salir del subdesarrollo con esta forma de “hacer política” y resolver los problemas del país? ¿Cómo podemos reactivar la economía y atraer inversión bajo tal clima de inseguridad? Seguramente, ningún Estado puede sobrevivir a una situación de generalización de semejantes actos vandálicos; además, sus ciudadanos se ven cada día más empobrecidos por la espiral de violencia y por los métodos de resolver sus conflictos. Ejemplos abundan: Bolivia, Perú, Ecuador y, más recientemente, nuestra vecina Nicaragua.

En El Salvador estamos procurando instaurar un auténtico estado de derecho, en donde la ley impere y esté por encima de cualquier individuo, en donde el sistema político reconocido en la Constitución sea vigente y positivo, donde haya aplicación irrestricta de la ley. Hechos como los sucedidos la semana pasada deben ser objeto de sanciones ejemplarizantes, sin distinción alguna.

El ejercicio de libertades como las de libre expresión del pensamiento y manifestación no implica, en ningún momento, una facultad a violar los derechos de los demás y si esto se hace, los participantes en dichas acciones deben ser tratados como criminales que son. No basta dispersar a los responsables de desórdenes públicos y dejarlos libres para que vayan a quejarse de cómo sus derechos humanos les son violados ante la prensa y los demagogos de todo tipo que les seguirán la corriente, sino que hay que capturarlos en el mismo momento y trasladarlos ante autoridad judicial para que respondan por sus acciones. Es necesario, además, revisar la legislación penal vigente que hace prácticamente imposible perseguir a los culpables de delitos cometidos durante manifestaciones, a fin de establecer responsabilidad, tanto penal como civil, de todos aquellos que participan en tales acciones de las que pueda deducirse que su fin lógico es la violencia. Esto no sería un abuso, sino una medida de defensa social.