Batalla campal

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

Como batalla campal definieron los medios de comunicación el enfrentamiento ocurrido el pasado miércoles, cuando agentes antimotines y estudiantes de secundaria y universitarios se enfrentaron violentamente con piedras y balas de goma. Las escenas televisivas fueron más que elocuentes, haciéndonos palidecer y recordar los tiempos de la guerra, cuando la muerte en las calles nos amenazaba diariamente. Como resultado de los disturbios salieron lesionados varios agentes de policía, estudiantes y transeúntes, y fue destruido un autobús de servicio público.

Estas batallas campales no han sido comunes en la posguerra, pero se han dado y resultan un fenómeno alarmante. En el pasado reciente, las marchas ciudadanas han tenido diferentes motivaciones, desde un verdadero ejercicio del derecho de libertad de expresión sobre situaciones de orden social y económico de cuya justicia nadie puede dudar, hasta la manipulación deliberada y estratégica de ciertos sectores con fines políticos e ideológicos. Recordamos marchas o tomas de calles por parte de ciudadanos para demandar servicio de agua potable, tren de aseo, protestar por el alza al pasaje de bus, etc.; en contraste, hemos sido testigos de otras marchas como la ocurrida hace algunos meses cuando casi fue destruida la Alcaldía Municipal de Santa Tecla por un grupo de supuestas vendedoras del mercado negándose al reordenamiento de la ciudad.

Todas estas acciones, y principalmente las que conllevan un tinte político e ideológico de cualquier bando y que desencadenan violencia como la ocurrida la semana pasada, generan zozobra, inseguridad, desestímulo a la economía y envían al exterior un mensaje de incapacidad para resolver nuestros propios problemas de forma civilizada. Ante semejantes hechos, que se están volviendo comunes, nos preguntamos: ¿Cómo podemos construir un sistema político democrático sobre estas bases de violencia callejera? ¿Cómo podemos salir del subdesarrollo con esta forma de “hacer política” y resolver los problemas del país? ¿Cómo podemos reactivar la economía y atraer inversión bajo tal clima de inseguridad? Seguramente, ningún Estado puede sobrevivir a una situación de generalización de semejantes actos vandálicos; además, sus ciudadanos se ven cada día más empobrecidos por la espiral de violencia y por los métodos de resolver sus conflictos. Ejemplos abundan: Bolivia, Perú, Ecuador y, más recientemente, nuestra vecina Nicaragua.

En El Salvador estamos procurando instaurar un auténtico estado de derecho, en donde la ley impere y esté por encima de cualquier individuo, en donde el sistema político reconocido en la Constitución sea vigente y positivo, donde haya aplicación irrestricta de la ley. Hechos como los sucedidos la semana pasada deben ser objeto de sanciones ejemplarizantes, sin distinción alguna.

El ejercicio de libertades como las de libre expresión del pensamiento y manifestación no implica, en ningún momento, una facultad a violar los derechos de los demás y si esto se hace, los participantes en dichas acciones deben ser tratados como criminales que son. No basta dispersar a los responsables de desórdenes públicos y dejarlos libres para que vayan a quejarse de cómo sus derechos humanos les son violados ante la prensa y los demagogos de todo tipo que les seguirán la corriente, sino que hay que capturarlos en el mismo momento y trasladarlos ante autoridad judicial para que respondan por sus acciones. Es necesario, además, revisar la legislación penal vigente que hace prácticamente imposible perseguir a los culpables de delitos cometidos durante manifestaciones, a fin de establecer responsabilidad, tanto penal como civil, de todos aquellos que participan en tales acciones de las que pueda deducirse que su fin lógico es la violencia. Esto no sería un abuso, sino una medida de defensa social.