Anomalías en las licitaciones públicas del ISSS

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

No es nada novedoso en nuestro país el mal manejo administrativo que ha tenido por hábito el ISSS. Todos recordaremos los escándalos públicos de algunos funcionarios de esta institución procesados y hasta con órdenes de captura por cargos de corrupción. Obviamente al final como es nuestra triste costumbre todo se pierde en la impunidad y el olvido.

Los medios de comunicación han informado sobre sendas problemáticas en el manejo de las licitaciones públicas del ISSS: adjudicaciones impugnadas, revocaciones de adjudicaciones, quejas administrativas y judiciales. Parece que hoy en día, esta entidad pública se encuentra en la vanguardia de las controversias y los escándalos públicos de los contratos del Estado.

En este contexto de anarquía institucional generalizada en materia de contratación, hemos tenido conocimiento de un caso que quizás sea el paradigma de las irregularidades que rodean la contratación administrativa de esta autónoma.

En octubre de 2004 el ISSS convocó a una licitación para el “Suministro de Medicamentos Varios”, dentro de los cuales se encontraba un producto muy especializado para el tratamiento de trasplante de riñón: “Ciclosporina Micro Emulsión”. Participaron ofertantes de laboratorios reconocidos y otro totalmente desconocido, ofreciendo los primeros productos con experiencias médicas nacionales e internacionales; en cambio el representante del laboratorio ignoto ofertó un producto genérico de origen oriental que adolecía de estudios científicos aceptados, que respaldaran sus efectos positivos y adversos.

Siguiendo con el procedimiento jurídico, la Comisión de Evaluación de Ofertas designada en base a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública recomendó al Consejo Directivo del ISSS adjudicar la licitación a uno de los laboratorios con producto suizo reconocido, que obtuvo el 100% de calificación. Sin embargo, los titulares de esa entidad desatendieron sin dar razones técnicas ni legales dicha recomendación, adjudicando de forma asombrosa al producto de origen oriental que carece de respaldo científico.

Ante esta arbitrariedad el ofertante afectado interpuso “Recurso de Revisión”. En dicho trámite legal se designó una “Comisión de Alto Nivel” para que realizara un estudio de las ofertas. La referida comisión al efectuar su labor se auxilió de las opiniones versadas de los médicos especialistas (nefrólogos); concluyendo al final la mencionada entidad consultiva que la adjudicación debía revocarse y ceñirse a la recomendación original de la Comisión de Evaluación de Ofertas.

Empero nuevamente privó el despotismo de los funcionarios quienes hicieron caso omiso de las opiniones expertas de las comisiones y de los médicos especialistas, confirmando la desafortunada adjudicación.

En vista de semejantes anomalías el ofertante perjudicado en el mes de agosto del presente año, interpuso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia una demanda contra el ISSS, impugnando la nefasta adjudicación.

Sabemos que este caso tiene más interrogantes que respuestas; ¿Por qué el Consejo Directivo del ISSS rechazó en dos ocasiones las opiniones versadas de las Comisiones Técnicas? ¿Cuál es el interés del referido Consejo de favorecer a un laboratorio que ofrece un producto sin credenciales científicas? ¿Cuál es el temor de los funcionarios a que este caso sea revisado por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia?

Los títulos falsos vuelven a estar de moda

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

Hace cuatro años, el fallido intento de la Fiscalía General de la República de solucionar el problema creado por la venta de títulos de abogado provocó un escándalo mayúsculo, aunque sus resultados prácticos fueron mínimos. Ahora parece ser que hasta dichas modestas consecuencias serán revertidas. Los abogados con título falso contraatacan con gran agresividad y cuentan con apoyo político. ¿Ha llegado la hora de consolidar definitivamente la corrupción?

De las varias manifestaciones de esto, la más notoria la constituye el caso de treinta antiguos jueces destituidos por la Corte Suprema de Justicia por tener título falso y que con tan excelentes credenciales pretenden volver a la carrera judicial, después de haber logrado el registro de sus títulos en el Ministerio de Educación.

Un blanco favorito de sus iras es el antiguo fiscal especial de la investigación de títulos falsos, Roberto Vidales, que lo único que hizo fue cumplir a cabalidad con el encargo que se le encomendó, llegando a llamarlo mentiroso e interponiendo denuncias contra él. Lo curioso es que ni Vidales ni su famoso informe tuvieron que ver con la destitución de esos jueces, porque la Corte Suprema de Justicia rechazó su documento y sus conclusiones. Los casos de algunos de esos jueces, además, ni siquiera fueron dilucidados por la Fiscalía y no aparecen en su listado de títulos falsos.

Ellos fueron destituidos porque una comisión especial nombrada por la Corte examinó sus títulos y determinó que eran falsos. De modo que si hubo error o mentira, a los que se debería cuestionar es a quienes integraron dicha comisión: al primer procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Carlos Mauricio Molina Fonseca, al ex procurador adjunto, Eduardo Urquilla, a la directora de FESPAD, María Silvia Guillén, al ex diputado José Mauricio Rodríguez, y a los ex magistrados Orlando Baños Pacheco y José Ernesto Criollo. Pero, ¿es posible que todos estos pilares de nuestra sociedad hayan mentido o hayan sido tan irresponsables de declarar negligentemente que títulos que no tenían ningún problema eran falsos? No se puede creer.

Hay algo más. Esta comisión no hizo una investigación general, como la Fiscalía, sino que se limitó al examen de 199 casos que fueron reportados a la Corte por el Ministerio de Educación como irregulares. Quiere decir que el mismo ministerio los había examinado previamente y dictaminado que eran falsos, por lo que no eran inscribibles. Sin embargo, ahora están inscritos.

La ministra de Educación debe haber notado que sus cuatro predecesores inmediatos, Cecilia Gallardo de Cano, Abigaíl de Pérez, Evelyn Jacir de Lovo y Rolando Marín, tuvieron conocimiento de esos títulos y se negaron a registrarlos porque eran falsos. ¿Acaso lo hicieron solamente por maldad? ¿Cómo ha ocurrido el milagro que de repente desaparecieran las irregularidades y los títulos son inscribibles? ¿Por qué se ha hecho? La ministra debería responder esto.

Han trascendido también los avatares de un abogado con título falso, uno de los casos más graves dilucidados por la Fiscalía y que fue determinante para el cierre de una universidad por el ministerio, que ha presentado su título para registro. Parece que ha despertado el interés de muchos políticos salvadoreños que han comenzado a hacer presiones a las autoridades educativas para que ese título sea registrado, a pesar de tener gravísimas y evidentes ilegalidades. Uno de sus principales protectores, se nos dice, es un diputado de un partido que se proclama de izquierda. ¿Rompe la corrupción las barreras ideológicas?

Debe quedar gente decente en este país que en nombre de la moral proteste y exija el cese de este estado de cosas, y si no es así, por lo menos deberían hacerlo quienes tengan temor de ser afectados por la corrupción.