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Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos
La elección del nuevo fiscal general de la República ha descorazonado a muchos abogados. Es demasiado evidente que la única cualidad del nombrado que los diputados tomaron en cuenta era la lealtad partidaria de este político, que hoy se declara “independiente”.
Por supuesto que tiene un título legítimo de licenciado en Ciencias Jurídicas, está autorizado para el ejercicio de la abogacía y el doctor Nelson García y compañía le otorgaron en fecha reciente el título de “Abogado del Año” (aunque los que saben lo que hay detrás de este premio se indignan o mueren de la risa). Por otra parte, no ha ejercido la abogacía ni ninguna otra profesión jurídica; hace más de quince años tuvo la experiencia de ser asesor jurídico del Ministerio de Planificación y desde entonces ha ocupado cargos administrativos; nunca ha sido fiscal, no tiene experiencia penal, constitucional o como litigante en ninguna rama. Dejando aparte los defectos personales, intelectuales y como administrador que se le achacan, su carrera como funcionario no revela su formación jurídica; nunca ha dado una explicación pública de las reformas legales que ha promovido estando a cargo de una de las oficinas jurídicas más importantes del Estado, dejando esto a sus múltiples asesores. Sin embargo, ahora es el titular de la oficina encargada de la “defensa de los intereses jurídicos del Estado y de la sociedad”.
La elección hecha es aún más descorazonadora por lo que significa para un futuro próximo, estando pendiente la elección de cinco nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Revela que todo cuanto se ha dicho sobre la necesidad de despartidizar los órganos de control y de justicia del Estado, de buscar candidatos que reúnan altas cualidades intelectuales, de capacidad y moralidad, ha caído en oídos sordos. Que de nada han valido los llamados al fortalecimiento de la institucionalidad democrática en el país y a la creación de un verdadero estado de derecho. Que todos los llamados a la decencia y la moralidad y a buscar el beneficio de todo el país no han sido atendidos. Lo que prevalece es la defensa de los intereses inmediatos de los partidos políticos; todo con una miopía y falta de visión de futuro, aparte de la falta de amor al país y de respeto al orden legal, que nos parece increíble.
En una época en que la opinión pública sobre el Sistema Judicial nos revela que no se le tiene confianza, que la institución necesita profundas reformas, que tenemos elevados índices de criminalidad, que debemos llevar a los más competentes, conocedores y honestos a la Corte, los antecedentes son sombríos. Hay excelentes candidatos, pero también hay quienes solo aparecen en la lista por razones políticas y quienes tenemos la seguridad que llegarán al tribunal solo a lucrarse personalmente. Es fundado el temor que estos últimos prevalecerán.
Un comentarista que hasta hace pocos años era muy respetado dejó esto en claro en un artículo publicado la semana pasada en el que se burlaba de los llamados, como los nuestros, a que se depusieran los intereses partidarios y se pensara en los de toda la sociedad para la elección de magistrados. Ya que los partidos tienen cierta ideología, manifestó, sería una traición a sí mismos si no eligen a quienes compartan la misma. Se puede responder que no es fácil esperar que un partido elija a un activista político de signo contrario, pero que sí, al menos, debe tomar en cuenta valores más altos como capacidad para desempeñar el cargo, carácter para ser independiente y probidad al hacer una elección, más que los intereses partidarios inmediatos.
No deseamos ver un movimiento populista, como los que plagan los países sudamericanos, ni regresar a una guerra civil, como la que nos desangró por más de diez años. Nuevamente hacemos un llamado a la conciencia y moralidad de nuestros políticos y de quienes los promueven. Serán quienes más sufran si el experimento democrático salvadoreño fracasa.
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