¡Políticos, dedíquense a la política!

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

Estamos a las puertas del nombramiento de funcionarios por parte de la Asamblea Legislativa que serán los encargados de definir las actividades de justicia en los próximos tres o nueve años y las señales nos indican que no vamos por el camino correcto. Estamos cayendo cada día en el fondo y nos hemos acostumbrado a la oscuridad, tanto que muchos aceptan esta situación como normal o no alcanzan a ver los picos de la realidad que sobresalen.

Hemos visto cómo los nombramientos de funcionarios van expresando la idea de que la fidelidad partidaria o haber sudado la camiseta de un partido político es mucho más valioso que haber demostrado dignidad, decencia y capacidad. El fiscal general, el procurador general y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia representan a los órganos de control que regulan el comportamiento de los demás órganos y colaboran con ellos; pero además son los encargados de que los ciudadanos no tengan que resolver por sí mismos los problemas de seguridad pública o conflictos jurídicos y puedan confiar en que las reglas están ahí y se cumplen honestamente.

Ellos son las cabezas principales de la justicia y sus errores, incapacidad, ineficiencia, corrupción y dependencia partidaria pueden generar quebranto social e incluso económico para toda la nación.

Muchas empresas e instituciones como el Harvard Institute for International Development han realizado trabajos que muestran el desarrollo económico de algunos países con relación al Derecho y las instituciones de justicia.

La seguridad es una forma de atraer capitales y de promocionar sociedades estables para inspirar creatividad, crecimiento, competencia, desarrollo y transformación positiva.

La disminución de los niveles de seguridad jurídica y transparencia acarrea el desmoronamiento social y económico. Se manifiesta en la emigración de grandes núcleos de la población, negocios de corto plazo, especulación, surgimiento de poderes desconectados de la formalidad estatal, pérdida de territorio a manos de poderes fácticos, sustitución de inversiones de capitales blancos por otros sospechosos, decaimiento del espíritu emprendedor y de trabajo, etc.

Muchas personalidades se quejan en silencio sobre la situación de justicia, que no se reduce únicamente a la actuación de los jueces y magistrados sino también de la Policía y la Fiscalía y de los propios ciudadanos; pero no están dispuestos a reconocer los problemas públicamente y menos a actuar para cambiar esa situación. Nos encontramos en un momento en el que es necesario tomar posturas definidas y actuar con valentía y firmeza. Hay que pronunciarse sobre estos hechos y presionar a nuestros partidos políticos e instituciones para que construyamos un sistema de justicia honrado, independiente, creíble y eficaz. Existe ahora la oportunidad de que nuestros políticos cambien el rumbo. ¿No se puede intentar maximizar la democracia, siquiera por un momento, para deponer las desconfianzas mutuas? Un acto de valentía y de suprema dignidad sería renunciar al reparto de cargos entre diferentes partidos. Así se demostraría que podemos tener esperanza y confiar en un futuro.

Fundamental es que el nombramiento de funcionarios se haga bajo criterios de capacidad técnica, independencia y honradez, pues el que la Constitución otorgue la facultad de escoger magistrados a una entidad eminentemente política y no técnica, o sea la Asamblea Legislativa, no quiere decir que debamos tener funcionarios dependientes de la política partidaria. Así como hay comerciantes que eligen contadores para llevar las cuentas de su empresa, cirujanos que buscan arquitectos para construir su casa, empresarios que contratan pilotos para manejar un avión, con base en la lógica de que es mejor depositar las tareas en las personas más adecuadas para producir los mejores productos o servicios, también los políticos podrían comprender que es muy riesgoso poner al frente del avión, de la construcción de la casa o de las cuentas de la empresa a una persona corrupta o incapaz, aunque sea obediente, porque el patrón puede morir en una mala maniobra, en el derrumbe de su casa o caer en bancarrota.