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Centro de Estudios Jurídicos / Por el Imperio del Derecho
A la par de la crisis de la abogacía, el ejercicio del notariado es preocupante. Esta relevante función pública, que confiere certeza jurídica, es necesaria para la vida social, pues determina la potestad de asegurar la verdad de los hechos y actos que el notario constata, los que gozan de fe pública delegada por el Estado. Por tanto, es de suyo delicada y está sujeta a controles oficiales, así como a sanciones administrativas y penales por actos reñidos con la responsabilidad.
Sin embargo, está en descrédito por prácticas inconcebibles, es el notariado en declive, decadente en la vida cotidiana. Nos referimos a “bufetes populares” que comercializan auténticas a veinticinco centavos, escrituras de compraventa de vehículos a tres dólares, testamentos por una nimiedad y así otros ejemplos de arrabal. En el otro extremo, hay instituciones bancarias que ofrecen la cartulación “gratuitamente”, como medio de promoción de sus créditos. Hay empresas que contratan notarios como empleados con protocolo, para utilizarlos en el marco de sus operaciones sin costo adicional. Es frecuente que los presidentes de las compañías no concurren a la lectura y firma de las escrituras ante notario, quienes les dejan los libros, en espera de la firma. Esta crítica situación se vincula al hecho de que hay alrededor de cuatro mil notarios activos.
Frente a ello, la Sección del Notariado de la Corte Suprema de Justicia tiene una misión casi imposible. Manifestamos respeto a la dignidad de los jefes y empleados de esa sección, pues son personas honorables. Empero, esa oficina no dispone de los recursos humanos, tecnológicos e infraestructura necesaria para enfrentar ese reto. Recibe la sección diariamente entre treinta y cuarenta libros de protocolo utilizados, y multitud de solicitudes de testimonios, que exigen un trabajo ingente. La revisión de los protocolos y testimonios, de índices, anexos, firmas y sellos, obligan a un esfuerzo cuidadoso para detectar errores, lo que no puede soslayarse. Es positivo que la sección entrega los nuevos libros ya autorizados con celeridad entre dos y tres días a lo sumo.
Por fortuna hay un régimen especial para testamentos, cuyos testimonios deben someterse por el notario en un plazo de cinco días de otorgados y son objeto de minucioso cotejo respecto al cumplimiento de las exigencias legales. Pero los demás instrumentos son vistos por la Sección del Notariado hasta después de vencido el año de vigencia del protocolo, o al haberse agotado las páginas, y pese al empeño responsable, pareciera que no se logran escudriñar con la misma rigurosidad.
Amén de lo anterior, hay miles de abogados, sin exageración, esperando examinarse. La Corte ha dejado transcurrir alrededor de tres años desde el último examen y los aspirantes se han organizado para exigir el proceso de evaluación. En las tres últimas pruebas masivas, el test parecía diseñado para engañar, no para evaluar con justicia. El promedio de aprobados ha rondado el doce por ciento, cifra muy pobre atribuida al bajo nivel de preparación académica, pero tampoco se descarta que la forma del examen incide en los magros resultados.
Aspirantes visualizan al notariado como medio de subsistencia, dadas las precarias condiciones económicas, pero no es una panacea al encontrarse en decadencia. Hay competencia por favoritismos y cierres de empresas.
El estudio a profundidad de la crisis de la abogacía, que instamos a la Corte Suprema de Justicia y a la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador, debe incluir el problema del notariado, en el grueso de su complejidad. Habrá que analizar la forma, naturaleza y alcances de los exámenes, así como ligarlos a la necesaria actualización de conocimientos que se requiere: la educación legal continuada.
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