Despoliticemos la Corte de Cuentas

Centro de Estudios Jurídicos / Por el Imperio del Derecho

En abril próximo se deberá nombrar a los nuevos magistrados de la Corte de Cuentas de la República (C. de C.). Es el momento de despolitizar dicha institución. El problema que motiva este artículo tiene un fondo histórico frecuentemente señalado, cual es que el nombramiento de los magistrados de la C. de C. ha sido objeto de acuerdos políticos con dedicatorias pactadas a favor de algún partido en especial, afectando su autonomía y libre desempeño.

El art. 195 de la Constitución establece que la fiscalización de la hacienda pública y de la ejecución del presupuesto estará cargo de la C. de C., un organismo independiente del Órgano Ejecutivo. Ese artículo le confiere atribuciones de vigilancia, autorización y control administrativo de las finanzas estatales, que debemos fortalecer; y tiene, además, funciones jurisdiccionales, por medio de Cámaras de Primera y de Segunda Instancia.

La Cámara de Segunda Instancia se integra por el presidente de la Corte y dos magistrados, elegidos para un período de tres años, que ahora deberán renovarse por la Asamblea Legislativa. El artículo 131 Cn. ordinal 19º atribuye a la Asamblea Legislativa la potestad de elegir al presidente y magistrados de la C. de C., y por no requerir mayoría calificada basta el voto de 43 diputados.

Los artículos 98 y 99 del Reglamento Interior del Órgano de referencia indican un trámite para la elección, que debe cumplirse. Enfatizamos esto en vista de que en la ocasión anterior hubo dispensa de trámites y no fue público el proceso.

Es necesario que despoliticemos de manera absoluta la C. de C., a fin de que no haya tráfico de influencias que pongan en jaque la autonomía de las decisiones de ese ente en el ejercicio de sus competencias y también en los nombramientos de su personal. Se debe designar a los magistrados sobre la base de criterios de idoneidad, experiencia e independencia partidaria. La Constitución prescribe que deben ser salvadoreños por nacimiento, de honradez y competencia notorias.

La sociedad civil está cansada de decisiones políticamente sesgadas que ocurren en la Asamblea Legislativa. Los señores diputados deben cuidar, en cumplimiento de su juramento, la fidelidad, en el marco constitucional, a los principios fijados para la legitimidad democrática y buen funcionamiento del Estado. Muchas veces hemos instado por el imperio del derecho, para evitar prácticas nocivas. Bajo ningún argumento debe prevalecer el reparto de instituciones como cuotas de poder para los partidos. Señores diputados a la Asamblea, basta ya.

El cambio para el cual el pueblo los eligió como sus representantes se pone de manifiesto en ocasiones como la presente, en la que se debe patentizar la voluntad de impulsar la institucionalidad del Estado. Les estamos pidiendo que estos nombramientos sean transparentes, que los candidatos sean examinados y calificados sobre la base de su probidad, reconocido prestigio y conocimientos especializados, lo que no obsta a que dejemos a salvo la honorabilidad de actuales magistrados.

Pugnamos por funcionarios que tengan el valor y pleno poder real para llevar adelante la fiscalización del manejo de los fondos públicos, en forma acuciosa, responsable, libre y eficiente.

Así como han logrado aprobar la ley de transparencia, denominada Ley de Acceso a la Información Pública, con mecanismos para hacer efectivos derechos de fiscalización ciudadana, aseguremos la función de contraloría estatal en forma impecable. Rescatemos esta institución, que es de rango primario, en sus facultades expresas para la supervisión financiera y la honestidad administrativa, que deben aplicarse sin excusas.

No es posible que la C. de C. se instrumentalice por intereses políticos para “pasar facturas” a funcionarios dignos, o por el contrario para ocultar casos de corrupción o infracción de ley, favoreciendo la impunidad.

El alza del subsidio al transporte público

Centro de Estudios Jurídicos / Por el Imperio del Derecho

La Constitución, en su artículo 110, prescribe que el Estado aprobará las tarifas de los servicios públicos prestados por empresas privadas, e incluso podrá tomar a su cargo los mismos cuando los intereses sociales lo exijan.

El mandato constitucional, art. 231, es expreso: “No pueden imponerse contribuciones sino en virtud de una ley y para el servicio público”.

En diciembre de 2007 entró en vigor la “Ley transitoria para la estabilización de las tarifas del servicio público de transporte colectivo de pasajeros”, con el fin de mantener los precios que los usuarios pagan por ese servicio. Para mitigar a los transportistas del peso del alza del combustible, el art. 7 de la referida ley establece un subsidio mensual de $250.00 para microbuses y de $500.00 para autobuses con permiso de línea autorizado.

Ese subsidio se financia básicamente con una contribución especial de los consumidores, que se abrevia COTRANS, que se paga al cancelar el precio de la gasolina o el diésel, igual que el FOVIAL.

Debido al incremento del diésel en los últimos meses, los transportistas han exigido al Gobierno de diversas maneras que autorice un aumento a los pasajes o que se eleve el subsidio. En estas circunstancias, el Gobierno ha propuesto adicionar el subsidio en $250.00 a los autobuses y en $100.00 para microbuses; no obstante, algunas gremiales afirman que ese aumento no es suficiente. Debe mantenerse la vía del diálogo y aplicarse la ley a los que adopten medidas de hecho e incumplan procedimientos legales.

El subsidio debe reestructurarse jurídicamente y adoptar criterios diferenciadores y focalizados; al efecto, considerar los elementos característicos del servicio y sus modalidades; para el caso, al otorgar el subsidio la extensión del recorrido departamental o municipal; los niveles de rentabilidad y la situación socio-económica de los usuarios en municipios considerados de extrema pobreza.

El Gobierno ha expresado que el aumento del subsidio estará sujeto a varias condiciones, lo que es oportuno, y necesario. Se recomienda una visión integral y considerar los aspectos siguientes: 1- profesionalización y mejoramiento de las condiciones laborales de los motoristas; 2- modernización del servicio; 3- previo a los desembolsos, verificar solvencias en el pago de multas; 4- el establecimiento de un seguro obligatorio.

El subsidio es una situación temporal que no solventa el problema del transporte, que es complejo y de gran magnitud incluso, en algún momento, puede constituir un desincentivo a la competencia empresarial, al mejoramiento de la calidad del servicio y posibilita abusos de fondos públicos por algunos transportistas, con lucros indebidos.

El problema no se puede resolver en un corto período y debe enfrentarse desde ya, incluso a nivel local. Los gobiernos locales deberían asumir un papel definido y preponderante, pues con el ordenamiento del transporte podrían establecerse focos de desarrollo económico-social.

Ciertamente existe un incremento en los precios de los combustibles, pero no puede obviarse la difícil situación económica de la mayoría de la población y tampoco la carga que representa el subsidio para el país, en crisis financiera.

En ese orden de ideas, el CEJ se pronuncia por la focalización del subsidio, a corto plazo y hace un llamado a las autoridades estatales para que formulen una solución efectiva e integral al problema del transporte colectivo; y a los transportistas, para que cumplan el mandato constitucional de respetar la normativa vigente y recordarles que el interés general prevalece sobre el privado. A la población en general, a ser consciente que tanto el Estado como los transportistas necesitan propiciar o generar márgenes de rentabilidad para sostener el servicio colectivo, en solidaridad con los sectores más vulnerables, a quienes están destinadas estas medidas.

Huelga en el Órgano Judicial (II)

Centro de Estudios Jurídicos / Por el Imperio del Derecho

El CEJ, junto con un grupo de ex presidentes del Centro de Estudios Jurídicos y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, ha difundido un pronunciamiento sobre la crítica situación en el Órgano Judicial, que se resume así:

A mediados del mes de enero presenciamos acciones provocadas por un grupo de “dirigentes sindicales” que, con la excusa de exigir aumentos salariales, indujeron a empleados del Órgano Judicial a efectuar una suspensión de labores y a tomarse las sedes del Instituto de Medicina Legal y otras oficinas judiciales. Tales acciones provocaron una serie de perjuicios al Estado y a personas particulares, retraso en la conducción de asuntos oficiales, impunidad en la comisión de delitos y problemas de salud, sin contar el daño moral causado a familiares de numerosos fallecidos por acciones violentas ocurridas en esos días.

Los trabajadores del Órgano Judicial tienen derecho a reclamar la mejora de sus condiciones de trabajo y a plantear sus demandas, pero deben hacerlo de conformidad a la ley y dentro de los límites de la racionalidad económica. En cambio, hemos visto muestras de libertinaje sindical que, con la excusa de reivindicaciones laborales, generaron una situación de desorden, sin importarles burlar la Constitución, que expresamente prohíbe la huelga de los empleados públicos. Asimismo, desconocieron la ley que prevé mecanismos para la solución de conflictos en el caso de los servicios indispensables a la comunidad, como es la administración de justicia.

Hubo indignación al difundirse que los sueldos y prestaciones de este núcleo se encuentran entre los más elevados del sector público; y adquirió mayor relevancia al efectuarse la recuperación de las instalaciones del Instituto de Medicina Legal por fuerzas del orden público, al conocerse que se interrumpió un festejo con licores y no un acto de protesta gremial.

Por tales motivos:

1. Expresamos apoyo a las acciones legales adoptadas para la recuperación de las instalaciones del sistema de la administración de justicia.

2. Exhortamos a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia a deponer actitudes divisionistas que han mostrado algunos de sus integrantes; y a trabajar conjuntamente como cuerpo colegiado para la resolución de esta crisis en beneficio de los intereses de todo el pueblo.

3. Demandamos que la solución del conflicto planteado sea un ejemplo del respeto a las leyes y de un espíritu positivo; asimismo que sean aplicadas las sanciones administrativas, laborales y penales que correspondan a quienes hayan infringido la normativa vigente.

4. Reprobamos la actitud pasiva de la Fiscalía General de la República en el desenvolvimiento del conflicto; ya que diversas acciones ocurridas constituyen delitos perseguibles de oficio y son incluso más graves que el asalto producido a dos fiscales auxiliares en una dependencia judicial. Los funcionarios públicos deben ejercer la función que la Constitución y las leyes secundarias les encomiendan, y si no están dispuestos a hacerlo, por ética, honor y responsabilidad, deben renunciar a sus cargos para que los asuman funcionarios que actúen con la valentía necesaria.

5. Se ha hecho público lo que era un secreto a voces, como son casos de aprovechamiento de sus posiciones por algunos dirigentes sindicales del Órgano Judicial para obtener la colocación de parientes en empleos de dicha entidad; ante ello, exigimos que se haga un cuidadoso examen de ese abuso, de manera pública, de conformidad a lo establecido por las leyes y las normas éticas; y que la investigación se extienda a todos los niveles del Órgano Judicial, incluso a los señores magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

6. Exigimos la vigencia de un verdadero Estado de Derecho y que se respeten la Constitución y las leyes para reclamar derechos y exigir obligaciones.