“Déjà vu”, dicen los franceses cuando se produce una incómoda sensación de que se está viviendo algo que ha pasado antes. Hace poco, el Departamento de Estado de Estados Unidos dio a conocer su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el país y en él se dice que el sistema de administración de justicia en El Salvador adolece de corrupción y de falta de eficiencia; que garantiza la impunidad de individuos poderosos; que es susceptible de ser influido por razones políticas o económicas; que ante la indiferencia de la Corte Suprema de Justicia, está plagado de funcionarios con título falso, al igual que lo está el gremio de abogados; que el alto tribunal no atiende las recomendaciones del Consejo Nacional de la Judicatura; que no ha respondido adecuadamente a las críticas de su gestión; y que no hace un verdadero esfuerzo para remover jueces incompetentes o corruptos. “Déjà vu”.
En principio, esto es solo una mancha más en la piel del tigre. Es la sexta vez que el Departamento de Estado dice lo mismo; también lo han dicho el PNUD, la ANEP en sus anuales ENADE, la Fiscalía General de la República, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, decenas de encuestas de opinión pública y prácticamente todo investigador, nacional o extranjero, que haya tratado de hacer un estudio serio y objetivo de la administración de justicia en el país. La Corte está acostumbrada a oír todas estas cosas y a ignorarlas; a veces hace unos pocos cambios cosméticos para acallar protestas y nunca pasa a resolver los problemas verdaderamente graves que aquejan al Órgano Judicial. Esto sería enfrentar a sectores que constituyen la base de poder de algunos funcionarios, cuestionar su propia actuación, resolver el problema de la corrupción.
Sin embargo, nuestros magistrados no están nada felices con la situación. Desean que dichas críticas cesen, quieren ser amados y que se proyecte en la prensa y en trabajos académicos la imagen de honestos patriotas que les cantan algunos aduladores y, sobre todo, quieren evitar esas molestas preguntas que les hace la prensa sobre las críticas públicas hacia ellos.
Esto es imposible, porque no se puede tapar el sol con un dedo. Aunque se hagan mejoras materiales en los tribunales, la imagen de la Corte se viene abajo, ante los ojos de la comunidad jurídica y el público en general, con las periódicas actuaciones de algunos jueces y del mismo alto tribunal. Piénsese, si no, en una reciente sentencia que salvó de la disolución a dos partidos políticos, cuando la Corte interfirió indebidamente en las atribuciones de otro organismo del Estado y resolvió sobre la base de una argumentación que nadie puede tomar en serio. Habría dado lo mismo que el tribunal dijera que resolvía así porque le daba la gana.
Las reacciones de la Corte ante las críticas son a veces tan pueriles que empeoran su imagen. Al ser interrogado por la prensa sobre el Informe del Departamento de Estado, el presidente de la Corte respondió: “¡Que presenten pruebas!”
Tenemos que explicar la naturaleza de dicho Informe. El Departamento de Estado no está en un litigio contra la Corte y no debe presentar pruebas de nada, de la misma manera que nuestros embajadores no deben dar pruebas a gobiernos extranjeros de lo que informan al nuestro. El Informe es una declaración sobre situaciones determinadas que ayudarán al Gobierno de Estados Unidos a formular sus políticas hacia el país (malas noticias para el Órgano Ejecutivo y el Legislativo) y está redactado según la información con que cuentan los diplomáticos norteamericanos en El Salvador.
Repetimos que no se puede tapar el sol con un dedo. Si la actitud de la Corte no cambia, seguirán los informes negativos sobre su actuación.
No hay comentarios:
Publicar un comentario