El Centro de Estudios Jurídicos, preocupado por el futuro del Consejo Nacional de la Judicatura, considera necesario reflexionar sobre la función social que realizan los jueces, sobre todo porque los diputados deben elegir en los próximos días quiénes de los candidatos participarán en los procesos de selección, capacitación y evaluación de aquellos.
Nos parece oportuno recordar algunas consideraciones del papa Juan XXIII sobre el tema. El Santo Padre catalogaba la abogacía como una función social de primer orden y como un sacerdocio especial; al respecto expresó: “El abogado es un hombre que busca la verdad. Nadie, quizá, aparte del sacerdote, conoce mejor la vida humana que él en todos sus aspectos más diversos. No es de extrañar, pues que desde la antigüedad, el abogado haya sido el candidato designado para las funciones políticas o para los cargos públicos, por ser el más capaz de ejercerlos”. El papa relacionaba la abogacía con la justicia así: “Aquí sin duda alcanzamos la cima de la vocación del abogado; todo su arte, toda su ciencia, en definitiva, están al servicio de la justicia. Es el hombre que defiende, y —en cuanto le es posible— hace triunfar la justicia. Y no solamente la justicia escrita por los hombres en los textos de las leyes. Esta le sirve de punto de partida, ciertamente, pero es para permitirle elevarse a la justicia escrita por Dios en el corazón del hombre”. ¡Qué grandiosa la concepción sobre nuestra profesión! Es una lástima sin embargo, que las actuaciones de muchos la degraden.
Continuando con esta reflexión que hacemos nuestra, los jueces como abogados, además de la función social como tales, tienen todavía una más elevada: ¡Impartir justicia! El juez idóneo ejecutando su función social contribuye con carácter decisivo a la sociabilidad de un Estado, es un guardián del orden; convierte su presencia en una autoridad de tutela y amparo de los miembros del grupo social. Es indiscutible que ha habido un cambio de la relevancia social de los jueces. Ahora deben estar a la vanguardia para que la Constitución cuente con eficacia directa. La nueva situación de relevancia social de los jueces se debe, según el jurista José Albino Tinetti, a que las personas han empezado a ejercer con mayor frecuencia y vigor los derechos que les han proclamado desde hace más de dos siglos las históricas Declaraciones y Constituciones; y a que ahora, cuando nos vemos afectados por una circunstancia dañosa, tenemos conciencia clara de que hemos sido víctimas, de que el responsable debe de ser sancionado y de que se nos debe resarcir por el daño.
Como ejemplo: Antes, cuando moría un pariente durante tratamiento médico se aceptaba como un designio divino, ahora indagamos si la muerte se debió a la mala práctica médica. Además de que la ciudadanía recurre más a la administración de justicia, el desvanecimiento progresivo de las fronteras, la internacionalización del derecho, los avances tecnológicos, entre otros factores, vuelven indispensable que los abogados y los jueces tomen conciencia de la nueva realidad, de la necesidad de que ejerzan idóneamente su función social, de que exista equidad y justicia y de la importancia contemporánea de los jueces ante las nuevas exigencias. El abogado y el juez en su calidad de ciudadanos especializados en alcanzar la justicia tienen la máxima responsabilidad, para que la administración de justicia sea un pilar de desarrollo, que logre generar seguridad, bien común y paz social. Esas reflexiones demuestran la importancia de que los diputados de la Asamblea Legislativa elijan a los abogados que garanticen una gestión en el Consejo Nacional de la Judicatura, que sea valiente, honesta, independiente, capaz, eficaz y con conciencia de su función social y de la de quienes decidirán sobre nuestros derechos y los de nuestros hijos.
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