Vuelven los secuestros. ¿Y los jueces?

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

El miércoles pasado, el pueblo salvadoreño se escandalizó con la noticia de que un juez había liberado a varios imputados de un delito de secuestro, ignorando pruebas como el hecho de que el dinero pagado como rescate se encontraba en su poder. Los secuestradores no filman sus actos, no levantan y firman actas de sus decisiones, no realizan sus acciones ante testigos, por lo que en muchísimos casos es la prueba indiciaria la determinante para su condena. Encontrar el dinero del secuestro en manos de una persona es más que un indicio y cualquiera con un mínimo de lógica e inteligencia normal considerará que es motivo más que suficiente para presumir la participación de aquella en el delito. Pero hay un juez salvadoreño que, según parece, no es capaz de hacer una deducción tan elemental.

A esto se sumaron detalles que fueron apareciendo, como la extraña declinación de la jueza propietaria del tribunal para conocer del caso; el discutible currículo del juez que pronunció la decisión, habitual defensor de secuestradores, que la hace más sospechosa; la memoria de un hecho sucedido unos días antes, cuando otro juez puso en libertad a unos sujetos que cavaban un túnel que no podía tener más objetivo que el robo de un banco.

No es extraño que importantes funcionarios públicos y destacadas figuras del gremio de abogados se pronunciaran sin tardanza e inequívocamente contra esa resolución. Solo una juez, cuya calidad moral podemos deducir del hecho de que preside una asociación de abogados, lo que es contrario a la ética judicial en todas partes del mundo, salió en defensa del juez cuestionado.

ANEP no tardó en publicar un campo pagado manifestando su indignación ante la decisión, pidió la revisión de esta en un sentido lógico y la investigación de la actuación del juez. En conferencia de prensa, la gremial empresarial fue un paso más allá y exigió la depuración del Órgano Judicial.

¡Alguien pide la depuración judicial en este país! ¡Por enésima vez!

Bien, la depuración judicial no se llevará a cabo, a menos que ANEP y las demás asociaciones que agrupa, unidas a otras instituciones en la que quede un mínimo de decencia y que comprendan por fin el daño que les provoca la situación de la judicatura salvadoreña, den un paso más adelante y realicen una verdadera campaña para lograrlo, que prolonguen su actuación hasta ver cumplidos sus objetivos y exijan rendir cuentas a las autoridades que no han cumplido con su deber de realizar la depuración judicial desde hace mucho.

De lo contrario, sabemos lo que pasará. No es la primera vez que una actuación judicial indigna a los salvadoreños y el Órgano Ejecutivo y la empresa privada piden la depuración de la judicatura. Recordemos el caso de la liberación de otros secuestradores por un juez que ni siquiera consideró la prueba vertida en el proceso; el de la liberación de un transportista de drogas porque un juez dio crédito a sus dichos de que ignoraba qué era lo que llevaba y que motivó hasta la intervención de la Embajada americana; el caso del famoso avión pirata en Intipucá, etc. Cuando sucedieron se pidió también la depuración judicial y, ¿qué sucedió? Nada. Incluso tras haberse demostrado fuera de toda duda que varios jueces tenían título falso, vemos que están ahora regresando a sus antiguos cargos y con la aquiescencia del Ministerio de Educación, nada menos, demostrando que la depuración judicial no se desea en altas esferas. Todos los antecedentes nos hacen aplicar las reglas de la lógica y deducir lo que sucederá con la última petición de depuración judicial: NADA.

Las peticiones de depuración que hacen ANEP y otras organizaciones son declaraciones vacías si los que las hacen no las sostienen y exigen y toman acción. No nos extrañará si dentro de unos pocos meses los vemos nuevamente pedir la depuración judicial ante otro escandaloso caso y, nuevamente, nada volverá a pasar.