La semana pasada, FUSADES realizó una mesa redonda para la deliberación del tema electoral, que aparece contenido en el estudio sobre institucionalidad democrática que ha elaborado la institución junto con la Universidad de Salamanca. Nuevamente, la institución propició un serio debate sobre un tema extremadamente controvertido y que puede desatar apasionamientos. Casi al término de la jornada, uno de los panelistas, un político importante, criticó a la fundación por realizar el acto en un período preelectoral, aduciendo que las críticas hechas al sistema pueden generar desconfianza pública en las elecciones. Diferimos completamente de esa opinión.
Para algunos en este país, el sistema electoral es el tipo de institución que resulta inoportuno discutir en todo momento y en cualquiera que se hubiera realizado el acto señalarían que no es el adecuado. Por otra parte, el documento a discutir es un ensayo académico de irreprochable carácter científico, respaldado por sólida evidencia empírica; es más que oportuno reiniciar con él un debate que ya ha estado presente en la agenda nacional durante mucho tiempo y obtener resultados a corto plazo. La idea de que la discusión del tema no es oportuna no es más lógica que intentar prohibir toda literatura de Ciencias Políticas durante el período electoral.
El panelista tocó, sin embargo, el tema de la credibilidad en las elecciones, algo indispensable para la existencia de un sistema democrático y los partidos políticos harían bien en examinar si su actuación no la está erosionando. Ya antes nos hemos referido a los mensajes sobre la corrupción que se están enviando; veamos normativa electoral. Si las mismas leyes, si las reglas del juego que se han impuesto para llevarlo a cabo, no se cumplen, ¿cómo podemos esperar que el resultado sea legítimo? ¿Cómo podemos creer en unas elecciones que son manoseadas por unos cuantos políticos?
En los últimos tiempos ha sido repetido hasta la saciedad el art. 81 de la Constitución que establece: “La propaganda electoral sólo se permitirá, aún sin previa convocatoria, cuatro meses antes de la fecha establecida por la ley para la elección de Presidente y Vicepresidente de la República; dos meses antes, cuando se trate de Diputados, y un mes antes en el caso de los Concejos Municipales”. Con beneplácito del Tribunal Supremo Electoral, que ha inventado las excusas más increíbles, los partidos políticos han iniciado la campaña para alcaldes y diputados desde hace meses. Algunos afiches y pintas ya se ven descoloridos por el tiempo. Miles han recibido llamadas con una grabación de un candidato a alcalde pidiéndoles su voto.
¿Qué decir de lo esencial de la elección de diputados? ¿De su número y procedencia? El art. 79 de la Constitución establece que habrá circunscripciones electorales en el territorio de la República y que la base del sistema electoral será la población. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ya ha declarado inconstitucional un sistema de distribución de los diputados que no cumplía con dichas normas y nuestros políticos lo han sustituido por otro que adolece del mismo defecto. Departamentos que tienen una población muy reducida tendrán el mismo número de diputados que otros que tienen una mucho mayor, y esto es solo porque favorece a un partido político que es útil para formar alianzas coyunturales por medio de la negociación de sus votos en la Asamblea Legislativa.
Las normas que hemos citado son constitucionales y su violación es más grave que las del Código Electoral, porque son las que establecen la estructura fundamental del estado y si no se cumplen no existe ningún tipo de institucionalidad. Si nuestros políticos y sus partidos pueden violar flagrantemente unas normas de la Constitución, ¿cómo podemos esperar que cumplan las demás? ¿Cómo podemos esperar que respeten nuestra vida, libertad, propiedad y demás derechos contenidos en la Constitución?
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