Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos
El tema de la administración de justicia ocupa permanentemente la atención de la ciudadanía, pues de alguna u otra manera se pone en evidencia a cada instante que algo (o mucho) está fallando y que lo que debería ser un sistema debidamente integrado y coordinado, entre policías, fiscales, defensores y jueces, no lo es. Todas las deficiencias de que adolece la administración de justicia favorecen la impunidad y la corrupción y estimulan la delincuencia. En la medida en que no se superen, no lograremos vivir un estado de derecho.
Cuestiones esenciales vinculadas a la administración de justicia, como el imperfecto acceso material y formal a la misma, el incumplimiento de la norma constitucional que establece que la justicia debe ser gratuita, pronta y cumplida, la falta de independencia judicial y de profesionalismo, mística e idoneidad de algunos operadores del sistema, son parte de los indiscutibles indicadores del estado crítico de las cosas.
También se ha puesto de manifiesto la falta del debido control del ejercicio de la profesión de abogado, de la función notarial y de la judicial, atribución que corresponde al máximo tribunal de nuestro país. En gran medida, esta falta de eficacia en el cumplimiento de esa atribución constitucional por parte de la Corte Suprema de Justicia es lo que ha ocasionado la decadencia en que ha caído casi irremediablemente el gremio de abogados, con el agravante que, como consecuencia de los Acuerdos de Paz, es quien elige a los abogados que pueden llegar a ocupar un sitial tan privilegiado.
Hay otra cantidad de aspectos de naturaleza administrativa que también deben ser debidamente atendidos, tales como la adecuada racionalización de los recursos con que cuenta el Órgano Judicial. El apoyo a los jueces con recursos materiales y humanos que les permitan realizar bien su trabajo es indispensable, pero es otra de las muchas fallas de que adolece el sistema judicial.
El próximo 18 de marzo se llevará a cabo en nuestro país un evento electoral tan importante para la vida institucional del país y para la determinación del destino de los salvadoreños en los próximos años como las elecciones para diputados que lo precederán la semana anterior: la elección del gremio de abogados de candidatos a ocupar los cargos de cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia que concluyen su período. De dichas elecciones resultarán electos quince candidatos a los que se sumará un número igual seleccionados por el Consejo Nacional de la Judicatura. La Asamblea Legislativa deberá escoger de entre ellos a quienes, durante los próximos nueve años, tendrán la facultad de juzgar en última instancia y de decidir sobre nuestra vida, libertad, propiedad y demás derechos. A quienes serán los máximos intérpretes de la Constitución y la ley salvadoreña y harán historia con decisiones que nos indicarán si la democracia, el estado de derecho, la voluntad del pueblo reflejada en la ley primaria y los actos de la Asamblea Legislativa son efectivos o no lo son.
No siempre el gremio de abogados salvadoreño ha estado a la altura del inmenso privilegio que se le ha otorgado y no siempre ha elegido guiándose por los principios de ética y probidad que deben regir la selección. Hacemos un llamado a nuestros colegas a votar por los candidatos que reúnan las características de moralidad, capacidad, conocimiento y patriotismo que son necesarias para el desempeño del máximo cargo judicial.
El Centro de Estudios Jurídicos se precia, como lo ha hecho en todas las elecciones anteriores, de promover la candidatura de siete juristas que son una garantía de las cualidades que indicamos. Exhortamos al gremio de abogados a votar por los doctores Ernesto Arrieta Peralta, Rodolfo Borjas Munguía, José Ernesto Criollo, Francisco Rafael Guerrero Aguilar, José Belarmino Jaime, Óscar Humberto Luna y Evelyn Roxana Núñez Franco. Son personas a quienes podemos confiar nuestro destino y el de nuestros allegados. Piensa en ello.
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