Los políticos y el gremio de abogados

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

En pocos meses se pondrá en práctica uno de los más importantes logros de los Acuerdos de Paz, con las elecciones del gremio de abogados. Con ellas se esperaba que el sector que mejor conoce los méritos de sus integrantes designara a quienes debían ser candidatos a la Corte Suprema de Justicia o escogiera a los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura, que designan a otros candidatos; así se limitaría la posibilidad de elección de los diputados y se evitaría la politización total de la Corte, que fue desastrosa en la década anterior.

Tras doce años de experiencia con elecciones gremiales, casi nadie dice que han dado resultado. La laxitud de los requisitos para ser magistrado, la ambición insana de oscuros personajes, la manipulación que estos han hecho de las asociaciones de abogados, que deben proponer los candidatos, y la falta de voluntad de la Corte para aplicar la normativa disciplinaria del gremio y depurarlo, junto a su tolerancia a todo tipo de inmoralidades y delitos, han llevado a corrupción en el sector de los abogados y a que las elecciones conviertan en candidatos a algunos individuos totalmente faltos de ética y de capacidad, y la Asamblea Legislativa se ha mostrado muy dispuesta a llevarlos a la Corte, pues son los que más fácilmente se prestan a transacciones. Como si esto fuera poco, parece que los políticos han decidido desnaturalizar completamente la institución.

Esto comenzó en el año 2004 cuando abogados muy relacionados con el partido en el gobierno crearon una entidad, la Asociación Salvadoreña de Abogados (ASDA), que no tiene verdaderamente fines gremiales sino propósitos electoreros. Por supuesto, esta asociación niega toda vinculación partidaria, pero nadie les cree. Sus dirigentes son funcionarios de gobierno o políticos de esa agrupación; además, la injerencia de varios políticos que no son abogados ha sido más que evidente.

La asociación fue inscrita en el Ministerio de Gobernación en tiempo récord, a pesar de las irregularidades en su escritura de constitución, e inició una campaña para incrementar su membresía con promotores a tiempo completo, especialmente entre los abogados que trabajan para el sector público que, con mucho sigilo y reserva, reconocen haber sido presionados para ingresar a la institución. De esta manera, ASDA es la única asociación de abogados que ha podido crear seccionales en todos los departamentos. ¿Quién paga todo esto? ¿El partido o el gobierno?

Las primeras elecciones en que participaron fueron las del CNJ el año pasado. Además de desarrollar una cara campaña publicitaria, contaron con el apoyo no disimulado del gobierno; los abogados que trabajan en los ministerios de Gobernación y Relaciones Exteriores, la PNC y el CNR afirman, con el justo temor a perder sus cargos, que fueron presionados a asistir a actos de propaganda de los candidatos de ASDA y en algunos casos fueron sutilmente amenazados si no votaban por ellos. El día de las elecciones se presentaron en los centros de votación funcionarios públicos portando distintivos de la asociación, coreando sus consignas y arrastrando tras sí a los abogados de las oficinas que dirigen. También pusieron vigilantes en dos centros de votación, por lo menos, llevando control de los empleados públicos que llegaban a votar. No es de extrañar que sus candidatos ocuparan los primeros lugares de la elección y fueran electos tras un arreglo con los partidos de oposición.

El objetivo es acabar con la poliarquía que garantiza la paz social y ocupar la totalidad de los cargos públicos, pero ha dado ideas a otros partidos que empiezan a formar sus propias agrupaciones de abogados. La partidización de las elecciones gremiales es la muerte de una institución creada por los Acuerdos de Paz y el preludio del fin de nuestra incipiente democracia.