El sobregiro de la ciudadanía

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

El título de nuestra columna de hoy está inspirado en la expresión de un distinguido ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia y ex presidente de esta institución, que, al referirse a la forma en que todos abordamos el tema de la delincuencia de este país, dijo que uno de los problemas que tenemos es que ya estamos “sobregirados”, porque ya ni siquiera ponemos atención a lo que alguien dice, sino que casi automáticamente atacamos o demeritamos a quien lo dice, ante la desesperanza de la caótica situación en que nos hallamos sumergido, de cara al gravísimo auge delincuencial.

Sin duda, propios y extraños, desde antes de que hablara el señor embajador, ya sabíamos, ya sentíamos y ya sufríamos el flagelo de la exacerbada delincuencia. Los seres más humildes de este país lo han dicho porque lo han sufrido; algunos políticos lo han dicho porque les conviene a sus intereses partidarios; algunas gremiales lo han expresado porque callarlo es cohonestar algo insostenible; y ahora, parafraseando a un premio Nobel de Literatura, el Gobierno ha informado a la población que su intención sigue siendo la de proseguir a ritmo acelerado las acciones de investigación y prevención que conducirán al país a un conocimiento satisfactorio de las causas de esta grave situación. Igualmente ha informado que una nutrida comisión interdisciplinaria, incluyendo representantes de partidos políticos, religiones, gremiales e instituciones educativas, que en estos asuntos siempre tienen una palabra que decir, está encargada de la delicada tarea de reflexionar sobre cómo lograr un futuro sin delincuencia, al mismo tiempo que —se dice— intentará elaborar una previsión plausible de cómo la sociedad debe encarar el problema, el cual se resume en la siguiente pregunta: ¿Qué vamos a hacer con las maras, el crimen organizado y la corrupción oficial?

Nosotros, a pesar del sobregiro en que nos encontramos, queremos pensar —y así lo deseamos— que la intención formalmente expresada de la citada comisión se haga una realidad, y que en un plazo corto se pueda contar con un criterio de nación que sirva para sentar las bases para el inicio de una verdadera pacificación de El Salvador. No queremos pensar que a estas alturas, después de la mano dura y la super dura, ahora se haga, con un eufemismo político, un reconocimiento de la falta de una básica política criminal.

El antecedente institucional de esta comisión —la reunión de los presidentes de los tres órganos del Estado— debe ir más allá de la simple iniciativa de uno de los tres; debe transmutarse a la realidad en (i) acciones efectivas coherentes con el discurso del jefe de Estado; (ii) en no abusar de crear una hiper-inflación legislativa, que hace más confuso y ambiguo el orden jurídico, que al final del día “beneficia” al delincuente y en no convertir el recinto parlamentario en cuna de debates estériles y de protagonismos mesiánicos incomprensibles; y (iii) en instruir a los jueces de la entereza, el valor, la capacidad y la probidad que deben tener los que poseen tal calidad, y de la necesidad que se conviertan en fieles defensores del Estado de Derecho y de los genuinos derechos de la población ahora indefensa.

Pero esta situación demanda un correcto y justo sentido de los “Derechos Humanos”.

En tal sentido, quien se encargue de tan sagrada misión debe ir más allá de un discurso que además de retóricamente inapropiado, no represente la genuina expresión de la queja, el lamento y la avidez de justicia, de quienes ya no soportan esta situación.

Es cierto, estamos sobregirados, porque nuestros libramientos de protestas y lamentos rayan en la desesperanza; pero confiamos en Dios y en que en esta lucha, por sobre todo, prevalecerán los bien entendidos intereses de la Patria.