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En el año 2000 fue promulgada la Ley de Adquisiciones y Contratos de la Administración Pública, conocida como LACAP, que modernizó la obsoleta y dispersa legislación de la materia. Se trata de una buena ley que, como toda obra humana, no es perfecta, pero es concebida con sentido pragmático y eficiente, y sana intención de proteger el patrimonio del Estado y racionalizar sus gastos.
Se han oído numerosas quejas de funcionarios públicos y de empresarios acerca de la falta de efectividad de la ley y se alega que hay que reformarla con urgencia e incluso cambiarla. Se dice que la ley no sirve para dar en concesión las obras portuarias que construye el Estado, pero ni siquiera las disposiciones relativas a esta figura se han aplicado una sola vez. En nuestra opinión, todo esto es otra manifestación de un fenómeno muy salvadoreño: culpar a la ley de los defectos de sus aplicadores. No es la ley la que está fallando, sino los encargados de cumplirla, y toda reforma que se intente fracasará, porque no ataca el problema donde se origina.
Hay faltas de coordinación, errores de interpretación y malos hábitos burocráticos que deben combatirse al aplicar la LACAP. Con frecuencia, los encargados de evaluación de ofertas o del cumplimiento de contratos no son idóneos. Las sanciones por incumplimiento son laxas y las garantías de cumplimiento raras veces se hacen efectivas. Se ha permitido la intimidación de empleados públicos y la imposición de la voluntad de particulares interesados sobre ellos; esta es una de las razones por las que el banco de información de la UNAC, que establece el Art. 13 de la ley no es completo, ya que no se le reportan muchos casos de incumplimiento. Son problemas comunes a toda administración pública que pueden resolverse con un poco de buena voluntad y firmeza.
Sin embargo, la principal medida que hay que tomar para el correcto funcionamiento de la LACAP es el combate a la corrupción. El Gobierno salvadoreño queda mal situado en todos los índices de transparencia internacionales y con razón; se mantienen como secretos de Estado las erogaciones de gastos públicos, en las licitaciones no se hacen públicas las diversas ofertas ni los resultados de las mismas. No obstante, el presidente de la República ha dicho que no es necesaria una ley de acceso a la información.
No se necesitan nuevas leyes, sin embargo, para hacer lo principal. Nada detendrá la corrupción en este país si no se demuestra a los funcionarios, empleados públicos y empresarios que hay voluntad de combatirla, y para esto no se necesitan nuevas leyes, sino casos ejemplarizantes. En los últimos tres años, los tribunales han condenado a tres funcionarios públicos por actos de corrupción, las primeras condenas por tales actos que se dan en el país desde hace casi 120 años, pero en relación al problema existente es un resultado tan pobre que hay escepticismo general acerca de la intención de corregir el problema (sin hablar que uno de los tres condenados se escapó, no ha sido capturado y los responsables de su fuga quedaron indemnes, gracias a otro tribunal). Seguimos viendo que funcionarios menores aparecen de repente conduciendo autos extravagantemente caros o que comienzan a construir mansiones a costo superior a las que han demostrado corrupción en los casos anteriores indicados. Seguimos oyendo las quejas de los constructores acerca de las demandas ilegales y corruptas de las municipalidades. Todo esto es más que indicios de corrupción, a la vista de todos, y si el Gobierno, que solo debe investigar, no hace nada al respecto, no solo es también responsable sino que condena a la LACAP y cuantas reformas se le hagan al fracaso.
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