El tema de la transparencia gubernamental preocupa a todos los sectores responsables de la sociedad salvadoreña. Los reclamos que se hacen sobre ella son cada vez más fuertes y provienen también de organismos internacionales.
En foros sobre la materia, una afirmación frecuente es que el Órgano Judicial es la menos transparente de las oficinas gubernamentales salvadoreñas. Esto molesta a muchos funcionarios del mismo que protestan diciendo que se cuenta con toda la información de la actividad de la institución, que está disponible al público y que cualquiera puede acceder a ella. Hacen un mal papel, pues encuentran un escepticismo general y es muy fácil demostrar que sucede lo contrario.
Tomemos como muestra la página electrónica de la Corte Suprema de Justicia (www.csj.gob.sv), y comparémosla, no con las de Suiza o Canadá, sino con la de la cercana Costa Rica (www.poder-judicial.go.cr).
En esta última, además de información general de la institución, se encuentran: todas las actas de la Corte Plena; información sobre organización y servicios del organismo y competencia de todos los tribunales de manera comprensible para cualquiera; planes estratégicos para su funcionamiento futuro; información sobre ejecución del presupuesto, describiendo cada gasto hecho y su monto, mes a mes, incluyendo los fondos provenientes de préstamos externos; informes sobre licitaciones y compras directas; nombres, cargos y salarios de todos los que trabajan para el órgano; un código de ética judicial y una sección para denuncias; estadísticas de labores realizadas por cada magistrado en ejercicio del cargo; un servicio de remisión de solicitudes electrónicas; un sistema de consulta de los expedientes judiciales en trámite en todos los tribunales del país; la jurisprudencia de los mismos, actualizada al día siguiente en que es pronunciada; secciones de acceso a todas las dependencias administrativas de la institución; estadísticas judiciales actualizadas de todo tipo, etcétera.
En contraste, la página electrónica de nuestra Corte es de contenido pobre, de lentitud exasperante y nada amigable para su utilización. Es meritorio que se hayan incluido los textos de muchas leyes y las sentencias de la Corte pronunciadas en los últimos años, pero el resto de la información que ofrece es la de un boletín informativo periódico con mucha propaganda. Las secciones de las unidades jurídicas se limitan a describir su función y ubicación física. La sección de estadísticas contiene apenas un cuadro de ingresos y egresos de procesos al Órgano Judicial que no tiene ninguna utilidad. La sección denominada “Transparencia” no tiene nada que ver con su nombre, pues se limita a informar el porcentaje del presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa que ha sido gastado durante el año, sin especificar en qué. La sección relativa a licitaciones solo contiene los carteles correspondientes; no muestra las ofertas hechas ni las adjudicaciones decididas. Se recoge la política de calidad que pretende la Corte, pero nunca sus resultados.
Todo el que haya intentado obtener información en la Corte habrá encontrado una barrera hostil.
La información sobre el manejo del presupuesto se reserva como si fueran secretos y el que pregunta por ellos es tratado como fisgón y no como alguien interesado en conocer el destino de los impuestos que paga. Las estadísticas judiciales, sin las cuales no puede haber una política efectiva del Órgano Judicial y que este afirma tener, nunca han sido dadas a conocer. Algunos funcionarios y empleados se molestan cuando se les indica esto y culpan al que solicita información por no habérselas pedido personalmente. Nosotros nos preguntamos, ¿por qué tenemos que dirigirnos a altos funcionarios para obtener con “cuello” información que debe ser para todos? La falta de transparencia sí es un problema que afecta al Órgano Judicial y lo desmerece.
No hay comentarios:
Publicar un comentario