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Por una coincidencia de carácter histórico relacionada con el movimiento de constitución de asociaciones representativas del gremio de abogados, en el mes en curso se están realizando elecciones en la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (FEDAES) y en tres asociaciones miembros –entre ellas la nuestra—, para elegir a sus nuevas autoridades. Estos eventos han despertado el interés natural entre los agremiados y generado grandes expectativas sobre las actividades que aquellas desarrollarán en el futuro.
La ocasión es propicia para volver a reflexionar sobre la misión a cumplir por las asociaciones de abogados del país y la actitud asumida en el pasado sobre los ingentes problemas que agobian al país y especialmente los que afectan la administración de justicia.
Al referirnos a este tema en ocasiones anteriores, hemos hecho severos señalamientos a las distintas asociaciones de abogados y en particular a la FEDAES, por su actitud de total indiferencia ante los problemas nacionales, lo cual desdice de la misión que les corresponde cumplir en el seno de la sociedad a entidades profesionales como las asociaciones de abogados. Incluso, estas asociaciones no han sabido cumplir con el deber elemental de defensa de los intereses del gremio, ni se han distinguido por velar por la dignificación de la profesión del Derecho.
En los estatutos de las distintas asociaciones de abogados aparecen expresamente consignados fines de carácter científico y gremial relacionados invariablemente con el desarrollo de la cultura jurídica del país y la superación y el engrandecimiento de la abogacía, y en los estatutos de la FEDAES se establece como uno de sus fines primordiales la misión de propugnar por la emisión de un Código de Ética profesional. Siendo un mandato imperativo, las asociaciones de abogados y la FEDAES están obligadas a cumplirlos fiel y exactamente, y al no hacerlo cometen una abierta violación de sus estatutos, desconocen olímpicamente sus principios y contradicen el sentido y el espíritu del gremialismo.
Heri dicebamus —como decíamos ayer— en un artículo que titulamos precisamente “La actividad gremial de los abogados”: “El país necesita a los abogados organizados, pero no para verlos convertidos en grupúsculos afanados simplemente en alcanzar puestos de magistrados o concejales, no para cohonestar en forma servil intereses meramente partidarios, no para servir de plataforma formal para entrega de reconocimientos o distinciones, como forma de congraciarse o pagar favores recibidos, no para defender la incapacidad y la corrupción, ni tampoco, en fin, para servir de fachada a grupos privilegiados...”.
En las frases del párrafo anterior está condensada nuestra concepción sobre la responsabilidad del abogado y de sus organizaciones representativas, y si bien es cierto que estas no han estado a la altura de las circunstancias pues su ausencia y su silencio han sido notorios ante problemas que afectan al foro nacional y a la institucionalidad del país, creemos, sin embargo, que merecen vivir. Su razón de ser sigue vigente y la plena realización de su finalidad es necesaria e indispensable para bien del país.
Por ello, la elección de los nuevos directivos de los abogados no debe ser una simple renovación de puestos, un cambio de personas, un relevo intrascendente de individuos, sino que debe significar la asunción de un compromiso para dar un salto de calidad y lograr la superación de la profesión del derecho.
El Centro de Estudios Jurídicos ha asumido el compromiso de adoptar una posición eminentemente apegada al derecho y en procura de la justicia, lo que le da sentido a su vida dentro de la sociedad. Las condiciones actuales de nuestro país definen un panorama desalentador en el que priva la inseguridad jurídica y en el que la institucionalidad presenta un alarmante deterioro, y por ello siempre tenemos presente nuestra divisa de velar por el imperio del derecho.
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