Crisis mundial y orden jurídico

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

A un año del derrumbe del mercado inmobiliario y el estallido de la crisis financiera en Estados Unidos los efectos negativos siguen impactando a escala mundial y el mundo se encuentra inmerso en una crisis generalizada.

Las consecuencias son múltiples, entre ellas el galopante incremento de los precios del petróleo y de los alimentos, grandes pérdidas en el mercado de trabajo y otras igualmente desfavorables que anuncian reducciones significativas en las tasas de crecimiento de muchos países, y han puesto al borde de una crisis sin precedentes a la economía mundial.

La crisis financiera en Estados Unidos ha sido de tal magnitud que es verdaderamente impresionante la forma en que se desarrollaron los acontecimientos. Al descalabro de las hipotecas sub prime siguió inmediatamente la crisis en los mercados de crédito, la caída de las Bolsas de Valores y el bajón del dólar. Pero lo más dramático ha sido la respuesta del gobierno y del Banco Central, la FED, que se traduce en drásticas medidas de intervención estatal en forma de mayores regulaciones, concesión de incentivos fiscales, devolución de renta, salvataje de bancos y empresas, e, incluso, la asunción de deuda riesgosa para colocar bonos del Tesoro, etc...

Por otro lado, el petróleo reviste una importancia trascendental pues es la principal fuente de energía que el desarrollo tecnológico y económico ha utilizado para alcanzar los actuales niveles de progreso y bienestar; pero estos mismos logros incrementan tanto su consumo que se va reduciendo su disponibilidad para cubrir la demanda mundial, lo que se traduce en aumento del precio. Ahora, la crisis financiera de Estados Unidos ha convertido al petróleo y otros productos en “commodities” apetecibles para inversionistas en el mercado especulativo, situación aprovechada por los países productores de petróleo y las grandes compañías petroleras, que se han beneficiado en forma desmedida a costa de las naciones que carecen del valioso recurso y se ven obligados a importarlo a precios cada vez más elevados.

Frente a esta situación es obvio que las medidas de tipo económico difícilmente pueden resolver el problema, en la medida en que la economía, por sí sola, lejos de atacar las causas tiende a volverlas más perturbadoras, pues quienes resultan beneficiados con los incrementos de precios no tienen interés en que estos se estabilicen y, por el contrario, pueden obtener gran provecho en tanto la abundancia de dinero proveniente del boom petrolero les permite asumir un papel preponderante en actividades lucrativas como la financiera, y en el campo político.

Los economistas todavía discuten sobre la preeminencia del Estado o del mercado, discusión de tipo ideológico que por su misma naturaleza carece de la objetividad necesaria para resolver el problema por la vía de la lógica y la experiencia; pero que todo esto no puede quedar sujeto a la libertad de mercado lo demuestran las medidas (¿populistas?) tomadas por el presidente Bush y la FED, pues sin ellas el desquiciamiento de la economía sería total.

En un mundo amenazado por los riesgos derivados de una situación como la descrita, nos hemos olvidado de que en este proceso desestabilizador existe un grave vacío: la falta de un orden jurídico de carácter internacional al que se pueda acudir para restablecer el orden económico, que en su carrera desenfrenada se aproxima a un verdadero desastre de proporciones planetarias.

La función insustituible del derecho en la experiencia histórica de la humanidad ha demostrado de manera constante e invariable que ninguna actividad de carácter social puede funcionar sin un orden jurídico, lo que implica autoridades e instituciones encargadas de dictar las normas pertinentes y aplicarlas cuando las necesidades lo demanden; orden jurídico que es indispensable para restablecer la equidad y la justicia. O como dice nuestro lema: para que reine el imperio del Derecho.