Nuevo código para instituciones precarias

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

Para complacencia de aquellos que querían un nuevo Código Procesal Penal, la semana pasada fue aprobado por la Asamblea Legislativa un texto que busca armonizar la realidad con el respeto a los derechos fundamentales de víctima, victimario y sospechoso.

Afortunadamente, hoy los diputados escucharon a las diferentes escuelas de Derecho del país, a las asociaciones de abogados y de jueces, a los organismos no gubernamentales y respetables opiniones que salieron denunciando la intención de distorsionar el sistema penal con el anterior proyecto de ley presentado en noviembre pasado y que ha sido desechado para dar paso a un ordenamiento acorde a la Constitución.

De las excesivas atribuciones al fiscal que concedía el proyecto desechado, hoy se ha limitado a lo permitido constitucionalmente; de la eliminación del rol de los jueces de Paz y la reestructuración de los tribunales de Sentencia, se ha pasado al reforzamiento de estos. Del manejo discrecional y sin control del fiscal sobre los criterios de oportunidad, ahora será sometida al control judicial la facultad de prescindir de la persecución penal.

Hay mucho que opinar sobre el nuevo ordenamiento, pero fijaremos la atención en una importante innovación: el deber que tiene la Fiscalía de promover la acción penal ante los tribunales. En el código todavía vigente no se contempla ningún mecanismo para exigir al fiscal que presente requerimiento por hechos delictivos aunque los haya investigado. Prácticamente somete a las víctimas a una espera interminable para que el caso sea sometido a la justicia, sin tener plazos ni controles judiciales. Esto ha significado que muchísimos delitos han sido denunciados ante la Fiscalía y transcurren los meses o años, sin que se lleven los casos ante el juez y por ende, negando el acceso a la justicia para las víctimas.

El nuevo código reconoce a la víctima el derecho de acudir ante el fiscal cuando han transcurrido dos meses después de la denuncia sin que no se haya presentado requerimiento; la ley concede cinco días al fiscal para que lo haga o en su defecto se quejará ante el juez, quien prevendrá el ejercicio de la acción, bajo la amenaza de aplicar el régimen disciplinario por realizar prácticas dilatorias o abusar de las facultades legalmente concedidas. Inicialmente reconvendrá al infractor, luego podrá amonestarlo y si persiste en no presentar el requerimiento, le impondrá una multa, sin perjuicio de las responsabilidades penales y profesionales.

Disposiciones como las anteriores requieren de una Fiscalía que esté a la altura de las necesidades de justicia que tiene la población; es justo por otro lado, exigir a los diputados que refuercen el presupuesto de las instituciones encargadas de la investigación del delito. De lo contrario, estaríamos ante un texto legal que destaca la celeridad pero con instituciones que no pueden cumplir los plazos por escasez de recursos humanos y materiales.

Tampoco podemos dejar de decir que el problema principal de la impunidad en nuestro país no radica en las leyes, sino en las deficientes investigaciones del delito. Se necesita atender adecuadamente a la Policía y la Fiscalía. El cambio de código no es tan urgente como el fortalecimiento de las instituciones fiscales y policiales. El código de 1998 que está por desaparecer sufrió muchas reformas cuestionadas de inconstitucionales o excesivas, a lo largo de los 10 años de vida. Ahora lo que se hace es eliminar todas esas reformas y mejorar el texto inicial. Visto de otro modo, el trabajo ha consistido en volver al principio, introducir nuevos mecanismos amparados por la Constitución, mejorar su redacción y sistematización. Es posible que pronto aparecerán detractores y comenzarán nuevos procesos de reformas. En este círculo estaremos hasta que se entienda que no basta modernizar las leyes cuando se tienen instituciones precarias para combatir el crimen.

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Anteproyecto de Ley de Acceso a la Información Pública

El 10 de septiembre del presente año, el grupo parlamentario "Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional" que puede abreviarse FMLN, presentó su proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública, mediante la cual pretende trasparenta el ejercicio de la función pública. El diputado Gersón Martínez, manifestó en su oportunidad que se pretende: “establecer las normas que garanticen el ejercicio del derecho fundamental de las personas a obtener en forma, clara, suficiente, directa y oportuna”.

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Propuesta a favor de la mediocridad

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

El jueves 2 de octubre, LA PRENSA GRÁFICA dio a conocer que varios músicos populares salvadoreños han presentado a la Asamblea Legislativa un anteproyecto de ley supuestamente para fomentar la música nacional. Lo que persiguen es que las estaciones de radio del país tengan que programar un 30% de música salvadoreña. A primera vista, puede parecer una medida loable de apoyo al “talento” nacional, que recibe poca atención y favor del público y los difusores de música.

La ley podría impugnarse como inconstitucional, ya que es una restricción irrazonable a la libertad económica y libertad de expresión de los titulares y oyentes de las empresas radioemisoras. Lo que pretende es crear una audiencia cautiva para un pequeño sector de intérpretes y forzar a la radio-audiencia a escuchar “patrióticamente” lo que no ha elegido. Si además de esta cuota obligada sumamos las cadenas de radio del gobierno y los comerciales, poco quedará para la música predilecta.

Es políticamente incorrecto decirlo, pero la verdad es que si los peticionarios fueran buenos o al menos respondieran a los gustos del público, no necesitarían la ley. Predomina la música extranjera en nuestras ondas debido a su mayor variedad y calidad, lo que hace que el público responda a ella espontáneamente. Esto es lo que sucede cuando un intérprete nacional es de alta calidad o satisface al público.

En realidad, se está pidiendo adoptar un esquema perjudicial y que puede producir efectos contrarios a los que se pretenden. Concederle un espacio reservado, de manera forzosa, a un grupo de músicos, significa quitarles todo estímulo para mejorar, ya que saben que por malo que sea su producto, debe ser transmitido. El efecto final será una reducción de calidad del producto musical nacional.

Si tenemos dudas que esto pueda pasar, recordemos un par de casos. De los años cincuenta a los setenta, los cineastas europeos conquistaron al mundo con su originalidad, calidad y con la belleza y el talento de sus intérpretes, hasta que la Comunidad Europea estableció cuotas obligatorias de exhibición para el cine regional, lo que llenó las salas de películas mediocres, y subsidios para la producción de nuevas cintas “artísticas”, es decir, hechas sin pensar que iban dirigidas a un público que paga y que nadie tenía interés en ver. El resultado fue la quiebra y desaparición casi total del cine comercial europeo. El cine de Hollywood, contra el que iban dirigidas las medidas, triunfó como nunca antes.

También ha sucedido en nuestro país. Hace algunos años hubo una ley por la que se pretendió “ayudar” a los “artistas” nacionales, obligando a oír a sus representantes gremiales cada vez que se pretendía presentar un intérprete extranjero en el país y además tenían que pagar parte de las ganancias al sindicato de intérpretes: ¡un impuesto que un particular debía pagar, no al Estado, sino a otro particular! El sublime violoncellista Pablo Casals tuvo que pedir permiso a un payaso de circo para poder ejecutar en concierto suites de Bach y sonatas de Beethoven. El gremio “artístico” nacional no mejoró un ápice con ello, pero sus asociaciones fueron acusadas frecuentemente de estar dominadas por mafias que medraban exclusivamente de la ley. Los circos nacionales tienen aún privilegios similares.

El lamentable estado de la producción artística nacional tiene sus raíces en los defectos del sistema educativo nacional, inadecuado para estimularlo, tema que podríamos tratar más adelante. Si el Estado y el municipio quieren ayudar, que utilicen las frecuencias de las radios nacionales para programar música nacional, que asignen becas para arte y música, que abran escuelas gratuitas de música y arte en todas las ciudades, que celebren concursos y conciertos municipales, etcétera. Mientras tanto, no fomentemos la mediocridad ni torturemos al público radioescucha con material que no tiene interés en oír.

Esperanzas para elecciones de segundo grado

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídico

Recientemente estuvieron en la Cátedra de Derecho de la UCA los candidatos presidenciales de los dos partidos políticos mayoritarios (FMLN y ARENA) y ambos —por separado— mantuvieron discursos bastante parecidos en temas relevantes, al grado que quien no los conozca pudo pensar que pertenecen al mismo partido.

Uno de los temas comunes fue la crítica a las formas de nombramientos de los funcionarios de segundo grado que hace la Asamblea Legislativa, por ejemplo, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Nacional de la Judicatura, el presidente de la Corte de Cuentas y el fiscal general de la República.

Los aspirantes a la Presidencia de la República reconocieron como práctica común la designación para estos cargos de personas que sin importar su desempeño profesional dan muestras de ciegas lealtades partidarias y aceptaron que sus partidos se han distribuido los puestos e incluso instituciones completas, de modo proporcional a la cuota de influencia que ejercen en el escenario político.

Estos mecanismos de selección han puesto en grave riesgo la estabilidad moral del Estado, puesto que viola el principio ético de la supremacía del interés público sobre el provecho de personas o sectores determinados; aunque hay honrosas excepciones que demuestran que cuando los políticos toman decisiones a favor de la sociedad y no de los grupos que representan, los resultados positivos son visibles de inmediato.

Ciertamente los candidatos saben que ese reparto de cargos públicos ha constituido una de las razones principales para el deterioro de las instituciones, sobre las que existe poca confianza y credibilidad ciudadana.

Desde hace algún tiempo venimos contemplando el mediocre comportamiento de muchos funcionarios y al vencer sus períodos para el que fueron electos creemos que difícilmente aparecerá otro con tan pésimas cualidades. Y nos equivocamos, pues nombran otros impensables, al grado que terminamos echando de menos a los anteriores. Definitivamente no se ha pensado en el país a la hora de hacer tales nombramientos.

Instituciones completas han venido a menos, gracias a ese perverso método de nombramiento. Muchos, como los últimos fiscales generales, algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y miembros del Consejo Nacional de la Judicatura, que no se les conoció ningún mérito previo, han conducido los cargos a tal deterioro sistemático que llevará buen tiempo recuperar la imagen institucional.

Pero la novedad presentada por los candidatos es que de llegar al poder, esos mecanismos para nombrar funcionarios no seguirán más. Ambos sostuvieron que prevalecerán las capacidades académicas, la trayectoria profesional, la transparencia y la honestidad demostradas. Aplaudimos este anuncio y estamos convencidos de que constituye un primer paso para esperar transformaciones de fondo en la gestión pública.

Sin emocionarnos demasiado porque en campaña se ofrecen muchas cosas, nos parece una buena noticia ahora que se acercan precisamente las elecciones del fiscal general de la República y de cinco nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cuatro de ellos para integrar la Sala de lo Constitucional, quienes tomarán posesión a mediados del próximo año.

Se comenta insistentemente que algún sector está interesado en que los anteriores nombramientos se hagan por la actual legislatura. Esta es una mala señal y un presagio de viejas componendas políticas. De modo que los candidatos en mención deben desde ya hacer realidad sus promesas que divulgan a los cuatro vientos e impedir que por un lado ellos transmitan esperanzas mientras otros en silencio continúen con los acostumbrados y nefastos repartos.

De convertirse en realidad la oferta de los candidatos presidenciales, esperamos que vayan desapareciendo por siempre la ansiedad que sufren algunos abogados por aspirar a cargos importantes, celebrando excesivamente eventos sociales para ganar adeptos, gestionando para que alguien le otorgue distinciones honoríficas que no merece, placas de reconocimientos o medallas por méritos no logrados o la desagradable costumbre de hacerse publicidad personal.

Realidad sobre las evaluaciones judiciales

Por el Imperio del Derecho/ Centro de Estudios Jurídicos

Una encuesta realizada por el proyecto Transparencia Judicial a 360 profesionales del Derecho, entre ellos fiscales, procuradores y abogados en el libre ejercicio, refleja que dentro de las causas que más afectan a la administración de justicia están la corrupción de los jueces, su ineptitud, el desorden administrativo y la lentitud para resolver los casos.

El Consejo Nacional de la Judicatura no ha superado las deficiencias en su sistema de evaluación judicial. Es cierto que anualmente verifica el desempeño de todos los jueces y magistrados de segunda instancia, pero los resultados de esa fiscalización no son útiles para determinar el verdadero desempeño del funcionario judicial.

El actual sistema de evaluación permite que un juez corrupto, sumiso a influencias de otros, irresponsable y desconocedor de la nueva legislación o corrientes jurídicas, obtenga una mejor ponderación y sea para el consejo un juez “excelente”. Mientras que otro honesto, independiente, imparcial, responsable y estudioso, puede obtener resultados no satisfactorios.

Entre los mismos jueces se ha cuestionado duramente la idoneidad de algunos de los evaluadores, los criterios legales de la evaluación, la poca utilidad de sus resultados y la apreciación sobre la aptitud y capacidad del evaluado; todo a pesar del enorme costo económico que significa el presupuesto asignado a esa tarea.

Muchos evaluadores comprueban la puntualidad del juez en base a la hora que llegó el día de la evaluación; el orden, la disciplina y la atención al público, según lo que ven en el juzgado esa misma fecha; el orden y la conservación de los archivos y expedientes se califican por la apariencia de estos, si están limpios y sus páginas numeradas y si se llevan los libros que impone la ley; y con calendario en mano, verifican el cumplimiento de los plazos para los diferentes actos procesales, celeridad y cantidad de resoluciones emitidas mensualmente. Sin embargo, hay aviso previo del día que se presentarán a realizar la evaluación y muchos jueces se preparan para tal eventualidad, por lo que su resultado es “excelente”.

Al siguiente día de la evaluación, algunos jueces continúan su rutina: llegadas tardías a las audiencias sin justa causa, desatenciones al público, lentitud en resolver los asuntos, trato irrespetuoso a abogados, testigos, imputados y víctimas; poca transparencia en sus actuaciones, preferencias para ciertos litigantes y animadversión a otros, adulaciones a los magistrados superiores y poco interés en el estudio para mejorar la calidad de justicia. Y así actúan hasta la siguiente evaluación.

Los resultados finales se envían a la Corte Suprema de Justicia y esta demuestra apatía a esos extensos libros que contienen evaluaciones de más de 525 funcionarios judiciales. Los jueces saben que tales resultados son inútiles.

Salvo casos puntuales, las calificaciones no sirven para promociones, ascensos ni traslados: estos reconocimientos se logran generalmente a través de amigos con poder de decisión o pago de favores por alguna distinción pública, placas o medallas concedidas inmerecidamente a algún magistrado; tampoco sirven para superar las deficiencias señaladas ni para someter a los infractores al régimen disciplinario interno que tiene el máximo tribunal.

Se advierte un círculo vicioso: el consejo no supera los graves señalamientos a las evaluaciones; la corte no toma en cuenta los resultados de estas y el colectivo de jueces no confían en que obtener buenos o malos resultados en la gestión sea la base para alcanzar ascensos ni para sufrir sanciones disciplinarias. Muchos evaluadores también están en desacuerdo con el sistema actual de evaluaciones, pero son incapaces de cambiar por sí solos la realidad.

Es urgente implementar una reingeniería en el proceso de evaluación judicial para no continuar reflejando falsas apreciaciones sobre la conducta de los administradores de justicia. El consejo debe dar muestras a la corte de sincera colaboración y esta debe admitir tales evaluaciones sin creer que pierde poder.