Realidad sobre las evaluaciones judiciales

Por el Imperio del Derecho/ Centro de Estudios Jurídicos

Una encuesta realizada por el proyecto Transparencia Judicial a 360 profesionales del Derecho, entre ellos fiscales, procuradores y abogados en el libre ejercicio, refleja que dentro de las causas que más afectan a la administración de justicia están la corrupción de los jueces, su ineptitud, el desorden administrativo y la lentitud para resolver los casos.

El Consejo Nacional de la Judicatura no ha superado las deficiencias en su sistema de evaluación judicial. Es cierto que anualmente verifica el desempeño de todos los jueces y magistrados de segunda instancia, pero los resultados de esa fiscalización no son útiles para determinar el verdadero desempeño del funcionario judicial.

El actual sistema de evaluación permite que un juez corrupto, sumiso a influencias de otros, irresponsable y desconocedor de la nueva legislación o corrientes jurídicas, obtenga una mejor ponderación y sea para el consejo un juez “excelente”. Mientras que otro honesto, independiente, imparcial, responsable y estudioso, puede obtener resultados no satisfactorios.

Entre los mismos jueces se ha cuestionado duramente la idoneidad de algunos de los evaluadores, los criterios legales de la evaluación, la poca utilidad de sus resultados y la apreciación sobre la aptitud y capacidad del evaluado; todo a pesar del enorme costo económico que significa el presupuesto asignado a esa tarea.

Muchos evaluadores comprueban la puntualidad del juez en base a la hora que llegó el día de la evaluación; el orden, la disciplina y la atención al público, según lo que ven en el juzgado esa misma fecha; el orden y la conservación de los archivos y expedientes se califican por la apariencia de estos, si están limpios y sus páginas numeradas y si se llevan los libros que impone la ley; y con calendario en mano, verifican el cumplimiento de los plazos para los diferentes actos procesales, celeridad y cantidad de resoluciones emitidas mensualmente. Sin embargo, hay aviso previo del día que se presentarán a realizar la evaluación y muchos jueces se preparan para tal eventualidad, por lo que su resultado es “excelente”.

Al siguiente día de la evaluación, algunos jueces continúan su rutina: llegadas tardías a las audiencias sin justa causa, desatenciones al público, lentitud en resolver los asuntos, trato irrespetuoso a abogados, testigos, imputados y víctimas; poca transparencia en sus actuaciones, preferencias para ciertos litigantes y animadversión a otros, adulaciones a los magistrados superiores y poco interés en el estudio para mejorar la calidad de justicia. Y así actúan hasta la siguiente evaluación.

Los resultados finales se envían a la Corte Suprema de Justicia y esta demuestra apatía a esos extensos libros que contienen evaluaciones de más de 525 funcionarios judiciales. Los jueces saben que tales resultados son inútiles.

Salvo casos puntuales, las calificaciones no sirven para promociones, ascensos ni traslados: estos reconocimientos se logran generalmente a través de amigos con poder de decisión o pago de favores por alguna distinción pública, placas o medallas concedidas inmerecidamente a algún magistrado; tampoco sirven para superar las deficiencias señaladas ni para someter a los infractores al régimen disciplinario interno que tiene el máximo tribunal.

Se advierte un círculo vicioso: el consejo no supera los graves señalamientos a las evaluaciones; la corte no toma en cuenta los resultados de estas y el colectivo de jueces no confían en que obtener buenos o malos resultados en la gestión sea la base para alcanzar ascensos ni para sufrir sanciones disciplinarias. Muchos evaluadores también están en desacuerdo con el sistema actual de evaluaciones, pero son incapaces de cambiar por sí solos la realidad.

Es urgente implementar una reingeniería en el proceso de evaluación judicial para no continuar reflejando falsas apreciaciones sobre la conducta de los administradores de justicia. El consejo debe dar muestras a la corte de sincera colaboración y esta debe admitir tales evaluaciones sin creer que pierde poder.