La crisis económica

Centro de Estudios Jurídicos / Por el Imperio del Derecho

Comienzan las vacaciones en el sector público y disminuye el interés en los asuntos de las diferentes instituciones. Sin embargo es momento propicio para analizar con mayor tranquilidad lo que sucede interna y externamente.

La crisis económica es el tema de mayor trascendencia en el mundo en estos momentos y la semana pasada se realizó la Cumbre de Londres, un evento en el que se reunieron el grupo de países que representan las veinte mayores economías del mundo (G20) y que pretendió ofrecer esperanza y confianza para salir con mayor rapidez de la hecatombe económica mundial.

Entre las medidas anunciadas y publicadas en los medios de comunicación están las siguientes: aportar 500,000 millones de dólares en recursos para el FMI, elevando a 750,000 millones de dólares la suma disponible para ayudar a los países más duramente golpeados por la crisis global; los bancos multilaterales de desarrollo (Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo) dispondrán de 100,000 millones de dólares; habrá un paquete de financiación al comercio mundial y las exportaciones contarán con 250,000 millones de dólares; y se implementará un nuevo organismo de supervisión para vigilar el sistema financiero global. También pretenden aumentar el papel del Fondo Monetario Internacional, dando seguimiento independiente, franco e imparcial de las grandes economías y sectores financieros; se creará un nuevo Comité de Estabilidad Financiera para trabajar con el FMI para identificar riesgos económicos y financieros y las medidas necesarias para enfrentarlos, relanzando un foro ya existente; y se elaborará una lista de paraísos fiscales, que permitirá imponerles sanciones, pues Francia y Alemania los culpan de permitir que los ricos eviten pagar lo suyo en un momento de creciente dificultad económica.

No se sabe si se logrará el objetivo, pero entre voces disonantes y escépticas muchos líderes en el mundo se han pronunciado a favor de los acuerdos alcanzados. Lo que sí es evidente es que los acuerdos deben ser solo un comienzo, pues las principales acciones del G-20 están enfocadas a combatir los grandes problemas de liquidez en el mundo, sin entrar de lleno en la corrección del sistema económico mundial y financiero. Tampoco se puede dejar a otras instituciones el momento y el modo de vigilar el sistema financiero, pues hay que fijar tiempos, responsabilidades y una guía básica de acciones a desarrollar.

En nuestro país la crisis económica pasó oculta durante las recientes campañas políticas; pero inmediatamente después que terminaron, el Banco Central de Reserva (BCR) reconoció una fuerte caída en las exportaciones y de la recaudación fiscal, junto a la pérdida de miles de empleos. Esa información de trascendencia pública que no conocimos demuestra una vez más la necesidad de contar con mecanismos de acceso a la información pública y obligaciones de publicar datos de interés nacional, de los que por ahora carecemos. En cuanto a los controles financieros, estos existen aunque siempre deben ser mejorados. Precisamente debido a que tuvimos casos de quiebre financiero de instituciones y perjuicios a inversores y público, se hicieron algunos ajustes oportunos. Es en el plano centroamericano y mundial que requerimos contar con acuerdos bilaterales o multilaterales para proteger a nuestra economía de productos y operaciones de enorme riesgo.

El gobierno deberá ser uno de los actores principales para reactivar nuestra economía y protegerla de los perjuicios mundiales. Sin embargo deben intervenir otros órganos del Estado, los partidos políticos, la empresa privada y los sindicatos, para abordar la problemática e involucrarse en acciones positivas para el país. Para crear y mantener una interrelación adecuada entre todos los sectores y participantes, debería ser el gobierno como organismo de mayor poder el primero en reconocer la acción conjunta y colaboradora sin protagonismos o manipulaciones publicitarias.

Igualmente las alcaldías necesitan ser apoyadas para resolver problemas económicos de los ciudadanos, sin que aquellas reclamen protagonismos inmerecidos.