CEJ PRESENTA CANDIDATOS A CONSEJALES AL CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA
El Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) presentó esta mañana a sus cuatro candidatos a Consejales al Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), siendo ellos el Dr. Eduardo Tomasino, Dr. Romeo Melara Granillo, el Licenciado Francisco Díaz y el Lic Mauricio Trejo.
La presentación estuvo a cargo de nuestro Presidente Dr. Ricardo Mena, quien resaltó la importancia de esta institución, como órgano colaborador en la administración de la carrera judicial, la eficiencia, modernización y moralización de la estructura judicial así como también destacó la trayectoria de cada unos de los candidatos de nuestra gremial, lo cual los hace personas idóneas para ocupar tales cargos.
Por su parte, los cuatro candidatos intercambiaron sus opiniones con la prensa y explicaron algunos de sus planes en caso de llegar a ocupar una silla en el CNJ.
El gremio de abogados ha sido convocado para el sábado 8 de mayo, por la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (FEDAES), órgano que tiene a su cargo la administración de esta elección en todo el país, para participar en la elección de los tres Consejales que corresponden a los profesionales del derecho en el Consejo Directivo del CNJ.
El pasado martes 9 de marzo del presente año, la Asamblea General del Centro de Estudios Jurídicos nombró a los candidatos a Consejales del Consejo Nacional de la Judicatura.
Los candidatos del Centro de Estudios Jurídicos recaracterizan por ser profesionales sobresalientes en distintas ramas del derecho; pero además, están comprometidos con los ideales del Centro de Estudios Jurídicos; y que de ser electos como consejales, basarán su programa de trabajo, en los siguientes ejes:
EJES PRINCIPALES DE TRABAJO DE LOS CANDIDATOS DEL CEJ:
Cumplir con el ordenamiento jurídico vigente, especialmente la aplicación de la Ley del Consejo Nacional de la Judicatura, para el funcionamiento de dicha Institución;
Garantizar la objetividad e igualdad de oportunidades en la integración de las ternas de candidatos de Magistrados de Segunda Instancia y Jueces, así como la idoneidad de los mismos;
Contribuir al fortalecimiento de la independencia de los Magistrados y Jueces en el ejercicio de su función jurisdiccional y a propiciar la protección de estos funcionarios en el cumplimiento de la Constitución y las leyes;
Contribuir como órgano colaborador de la administración de la carrera judicial, a la eficiencia, modernización y moralización de la estructura judicial, a fin de garantizar la idoneidad, capacidad, eficiencia y honestidad del personal judicial;
Estrechar lazos de cooperación y comunicación entre el Consejo Nacional de la Judicatura y la Corte Suprema de Justicia.
EJES TRANSVERSALES
Transparencia y participación ciudadana. Incluye apertura a los medios de comunicación sobre asuntos de interés público.
Para conocer detalladamente el perfil de cada uno de los candidatos propuesto por el Centro de Estudios Jurídicos, haga click sobre el nombre de quién desea conocer más:
Centro de Estudios Jurídicos / Por el Imperio del Derecho
Desde hace varios años, pueden notarse dos situaciones aparentemente contradictorias respecto a la regulación jurídica nacional: la hipertrofia normativa por un lado y la falta de regulación sobre aspectos esenciales de la realidad, por otro. Ambas, en el fondo, responden a una diversidad de factores, cuyo punto en común es que no responden verdaderamente a las necesidades de la realidad del país.
Como ejemplo de la primera situación podemos mencionar la tristemente célebre Ley Transitoria para la Alfabetización Nacional, que tal como dijimos en una anterior publicación viene a regular aspectos que ya cuentan con un marco normativo adecuado, por lo que se vuelve innecesaria. Definitivamente, podríamos citar más ejemplos de este actuar.
Desde la perspectiva contraria, podemos ilustrar la situación con las temáticas de ordenamiento territorial y de transparencia y acceso a la información, las cuales revisten de una significativa importancia como temas de país, cada una en su ámbito de aplicación. La primera, por cuanto no es posible seguir a cabalidad la ruta del crecimiento económico y del bienestar en la casi absoluta desorganización en que se encuentra nuestro territorio. Se necesita pues, dotar de certidumbre al ambiente en que se desarrollan los agentes económicos y garantizar una relativa calidad de vida a los ciudadanos, todo desde un plano de largo plazo. La segunda, en tanto que el correcto funcionamiento del aparato estatal es básico para que sus fines sean cumplidos a cabalidad, lo cual se dificulta profundamente, si no se le dan las herramientas adecuadas a quien debe ser el principal fiscalizador de la labor de las instituciones públicas: la sociedad civil.
Es evidente que los sistemas jurídicos revisten de una complejidad acorde a la de la sociedad en que subsisten, por lo que la excesiva proliferación de cuerpos normativos es una tendencia muy difícil de evitar, no obstante, debe tenerse claro, que complejidad no es sinónimo de caos ni de desorden, por lo que la jerarquía de prioridades debe jugar un papel importante.
Si bien en cierto, actualmente, las dificultades de corto, por evidentes, tiene acaparada tanto la atención ciudadana como la política, no debe olvidarse que estos aspectos son una consecuencia de la falta de voluntad casi histórica de los involucrados en la función pública de dar prioridad a los aspectos más esenciales y de largo plazo de la vida social, lo cual se ve reflejado en las prioridades normativas que se tienen.
En este punto, es importante hablar del tema de eficiencia, la cual es considerada en sus términos más sencillos como la realización de determinados objetivos utilizando la menor cantidad de recursos posible, ya no solo desde el punto de vista de los servicios que son brindados de manera directa a la población, sino también desde sus funciones más amplias, tal como la normativa. La producción de normas innecesarias deviene en desperdicio de recursos de todo tipo y en un alto costo de oportunidad al no encauzar los recursos del estado en su uso más valioso, es decir, en aquellos esfuerzos por solventar situaciones que verdaderamente repercuten de forma profunda en la vida ciudadana, por medio de regulaciones.
La producción normativa debe seguir principios de eficiencia, evitando todos aquellos desgastes redundantes o que tratan de regular aspectos que no tienen reflejo en nuestra sociedad actual, tal como meses atrás se produjo respecto a ciertos artículos de la Constitución. Eficiencia significa en términos de la elaboración de normas, priorizar, buscar las mejores alternativas a los problemas reales en lugar de buscar quimeras. Significa también, concertar e involucrar a la sociedad civil en la búsqueda de las soluciones con las características antes mencionadas. Lo contrario, solo resultará en desperdicio de los recursos que pertenecen a la sociedad y que como tales deben ser gestionados de la mejor manera.
Para cualquier comentario o inquietud, favor escribir a nuestra dirección: centrodeestudiosjuridicos@gmail.com, donde con gusto recibiremos sus correos.
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