Competitividad productiva

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

No hay duda de que la clave para que las personas y las empresas operen y prosperen en los mercados abiertos del comercio internacional es ser competitivo. La pregunta relevante es cómo serlo, porque se empieza aceptando que aún no lo somos.

Hoy, ya finalizada la negociación del TLC con E.U.A., el nuevo presidente de Guatemala quiere que se haga una revisión en la parte agrícola. Esperamos ver y opinar sobre el texto negociado del TLC; allí esperamos que se consigne, por ejemplo, el trato sobre las triangulaciones, peligro que preocupa a quienes no son sinceros en lo que es libre comercio, como dijo para “Libertad Digital” el fundador de la universidad Francisco Marroquín de Guatemala, Manuel F. Ayau, en su artículo “Libre Comercio”.

El distinguido académico señaló: “A las personas que intercambian no les interesa el origen del producto sino su calidad y precio. Por ejemplo, el Volvo 780 es supuestamente un auto sueco, pero la empresa fue adquirida por Ford de E.U.A.; tiene un motor hecho en Francia, transmisión japonesa, aire condicionado de Estados Unidos, electrónica alemana, válvulas de control de Singapur, ejes suecos, llantas de Irlanda, escape del Canadá, antena automática de Taiwán, componentes eléctricos de Corea del Sur, diseño y ensamble italiano”; muy a propósito para nuestra industria maquiladora y de ensamble.

La aplicación de ciencia y tecnología que trae competitividad explica que países con altos índices de calidad de vida no sean necesariamente los que tengan más petróleo o la mano de obra más barata.

Para que El Salvador obtenga ventajas de competitividad sostenibles, debe de pasar por reformas políticas. El CEJ ha insistido en éstas, a fin de que el Estado y sus administradores (Gobierno) aseguren un marco de estabilidad política, social y económica con seguridad jurídica, con reglas de juego muy claras y permanentes, con un eficaz y confiable sistema de justicia y de seguridad ciudadana.

En un país reducido a 20 mil kilómetros cuadrados de extensión, con derechos del mar, compartidos en el golfo de Fonseca, la inteligencia, el capital humano es más que relevante. Sólo con el estudio, la innovación, la ciencia y tecnología por aplicarse urgentemente, podríamos tener mejores precios para nuestros productos; así como lograr una mayor calidad y diferenciación de bienes y servicios en los procesos de gestión. Esto de la innovación, es función directa del conocimiento; y el que logremos esto y se tenga éxito, depende inicialmente de la organización de la oferta de recursos humanos, de la inteligencia dispersa que aunque poca, ciertamente la hay.

Queremos saber qué piensan o qué se proponen hacer sobre este tema los candidatos presidenciales. La oferta de capital humano que tiene El Salvador está difusa; Chile, paradigma en consultores internacionales y país líder en desarrollo en Latinoamérica, cuenta con un profundo estudio de su capital humano y de sus innovaciones, realizado por la universidad Adolfo Ibáñez. Debemos aglutinar y censar a nuestro capital humano, para que trabaje coordinado; es una tarea inmediata, lo hacemos y bien en cinco años, o no salimos adelante.

Se debe dar importancia estratégica fundamental, a la coordinación de la ciencia y tecnología, al sistema educativo, al sector productivo del país, hacia y por la formación incluyente de un sistema futuro de innovación productiva e integrada. Esto sería de gran ayuda a la pequeña y mediana empresa, para acceso rápido al conocimiento práctico tecnológico.

Resulta vital que el nuevo Gobierno genere las condiciones para esta alianza de estrategia acelerada, para dotar de presupuesto e independencia al ente de Ciencia y Tecnología y que se propicien los servicios básicos tecnológicos, horizontales abiertos y libres; interacción de carreras productivas de valor y alfabetismo digital acelerado, tratamiento heroico en el quinquenio de 2004 a 2009.

La animalada salvadoreña

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

Animalada es una expresión que los salvadoreños comprendemos, y llamamos “animala” al que sabe hacer las animaladas y merece ese calificativo, que se detenta con orgullo. A estas vivezas salvadoreñas se les rinde culto en nuestro medio, olvidándonos que cualquier lesión a los derechos de los demás es contraria a la convivencia pacífica y armónica de los individuos. “El respeto al derecho ajeno es la paz”, y ese respeto debe ser real; no puede darse violando derechos de otro y simulando que no hay tal violación. Esa es la gran diferencia entre nuestros pueblos y los países desarrollados.

En nuestro país, por ejemplo, vemos cómo para evitar trámites de adopción se dan suplantaciones de estado civil; se cometen falsedades ideológicas y defraudaciones, obteniendo pagos o subsidios del ISSS o de compañías de seguros para supuestos partos en donde la madre que va a entregar a un hijo en adopción es internada en un hospital bajo el nombre de la que va a adoptarlo. Entre las ocupaciones ilegales de inmuebles y la posesión no existe mayor diferencia, lo importante es obtener de alguna manera la “legitimidad sobre un inmueble”. Hemos visto con tristeza cómo la alcaldía municipal tuvo que hacer uso del Cuerpo de Agentes Metropolitanos, para poner en cintura a un tipo que, en lo mejor de su ignorancia y de su animalada, declaró a los medios informativos que él había ocupado una zona verde municipal “a la brava”. El caso de las alteraciones de los decretos legislativos que ha producido la aplicación retroactiva de leyes penales, poniendo en libertad a narcotraficantes, es otra de las animaladas de la cual la ciudadanía no obtiene una explicación coherente.

Podemos encontrar cantidad enorme de situaciones en las cuales la gente considera parte de su inteligencia y de su propio valer el hacer uso de privilegios, como la compra de licores a precios más bajos, la agilización de trámites mediante el pago de “mordidas” o las “movidas” de buseros, que vienen a hacer pensar a nuestro pueblo que vivimos en un sistema que jamás va a poder ser cambiado y que las cosas simplemente son así. Se acepta que el funcionario que no se “compone” en un cargo es “bobo”, y por el contrario, al que se lucra ilegítimamente del cargo se le considera “animala”.

Existen así, cantidades de animaladas que van desde las que hemos mencionado, constitutivas de delitos, hasta otras en las cuales se abusa de la buena fe, la bondad y el nacionalismo de los salvadoreños, como el relacionado al reciente caso de La Haya, cuando se publica el voto razonado de un magistrado cuyos honorarios pagó el Estado salvadoreño (valga decir, pagado con los impuestos de los salvadoreños), en vez de publicar la sentencia que nos fue adversa.

Aceptamos esto como si se tratara de una verdad divina inmutable, y se cree que los salvadoreños no podemos cambiar, pero cuando estos mismos salvadoreños se suben a un avión y en dos horas están en Estados Unidos, ya no son tan “animalas” como lo eran en suelo salvadoreño. Llegando al aeropuerto que fuere, respetan la línea amarilla, hacen cola, respetan las señales de tránsito, no botan la basura en las autopistas, etc. ¿Por qué esta diferencia? Por la voluntad de hacer cumplir la ley que hay allá; no necesitamos acudir, como sugieren personas de edad avanzada, a un hombre fuerte que venga a poner orden, sino contar con un orden jurídico que se haga realidad. No necesitamos otro dictador más que el Estado de Derecho.

Hay miles de casos entre los ejemplos citados, pero bastaría con que uno solo fuera juzgado y hecho del conocimiento público, para que muchas personas cambiaran de actitud. Este cambio se logra a través del orden jurídico y del ejemplo de los políticos. Pero hay algo más allá de esos buenos ejemplos que se ha perdido en el país y lo debemos rescatar, es… la vergüenza.

La reforma del Estado

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

“Es difícil hacer que una persona entienda algo cuando su salario depende precisamente de que no lo entienda”, frase de Upton Sinclair que sintetiza lo difícil que es para un burócrata con trabajo, con cargo al presupuesto, que inicie, promueva un estudio, diagnóstico y proponga los cambios necesarios, en el quehacer del Estado, y así iniciar las reformas del Estado, que son vitales y urgentes, como la fiscal, la de la democracia electoral, la del control del presupuesto y auditoría de la sociedad civil, la de una Ley de Partidos Políticos, la de sustituir la Corte de Cuentas por un ente apolítico, contralor de las cuentas nacionales y garante de la transparencia en la administración pública, entre otros urgentes contenidos de la reforma.

Un pacto fiscal está ya planteado y comienza su discusión. El enfoque más publicitado, que se le ha presentado, es el que se ve fácil, pero con consecuencias que deben ser meditadas y discutidas como es subir dos puntos al IVA (recordar el Pacto de San Andrés).

Es necesario que se analicen las varias alternativas del menú tributario que se han sugerido y que buscan combinar varias fuentes impositivas, ya que resulta difícil o muy improbable que para los próximos cinco años sea solo suficiente el ampliar la base tributaria y controlar con más eficiencia la evasión fiscal, la racionalización del gasto, la disminución de aranceles por el Libre Comercio. Todo será parte del debate, para financiar la inversión social, disminuir el déficit y la deuda pública.

El Fondo Monetario Internacional ya pidió al país realizar el ajuste fiscal de tres puntos porcentuales del producto interno bruto. La política fiscal sugerida es de aumentar los ingresos y modificar la edad de retiro.

No hay propuestas oficiales de las reformas del Estado que el país necesita; nos referimos al gobierno y tampoco de los partidos políticos, hoy en campaña presidencial, donde el énfasis de la inversión social no contempla con el grado de detalle necesario para que lo prometido no sea una ilusión o sueño. Es necesario que le pongan cifras y de dónde saldrá el dinero, cómo se financiarán las propuestas de los planes de Gobierno. Esto debe ser lo apremiante, para una reforma de Estado, que busca concertación, modernidad, eficiencia y transparencia. El dilatar más allá del presente año la discusión sobre las reformas políticas que necesitamos sería irracional, pues son impostergables en un moderno Estado de Derecho. Debemos pronto superar estas desventajas comparativas de nación, pero hay renuencias. No obstante, en abstracto, se habla del impulso a la educación, salud, vivienda y a la necesidad de la seguridad ciudadana y jurídica; la Ley de Murphy refinada se aplica a lo que han manifestado muchos, pero en voz baja: el sistema político actual debe renovarse.

Murphy dice: “Cuando las cosas van mal en alguna parte entonces es que pueden ir mal en todos los sitios”. Es importante emprender las reformas políticas. El Salvador fue el país con menos crecimiento económico de los de la región centroamericana y donde actualmente ocupamos el penúltimo lugar en materia de exportaciones.

La posibilidad más difícil es de enfrentar a la sociedad y a los votantes, con sus cotidianos y permanentes problemas, que no tienen solución instantánea, fácil o simple. No hay magia para esto. Algunos tendrán que prescindir de algo que consideren su legítimo privilegio. No parece recomendable para quienes solo aspiren a ser políticos pero ante el agotamiento, la reforma política en tiempo es una buena alternativa, para prever mejor futuro inmediato y debe ser el camino del estadista que El Salvador requiere.

Otro mal año

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

Hace un año, en nuestra primera columna del año 2003, calificamos el 2002, como Annus un Poco Horribilis. El año 2003 mantiene ese calificativo; esperábamos un mejor año, pero la realidad demuestra lo contrario.

El problema nacional de falta de legitimidad en los títulos falsos de cientos de abogados que ejercen su profesión, el Notariado y la Judicatura, sigue sin resolverse en forma integral, con apego al derecho. Entre los señalados en el informe del Fiscal Especial, algunos han optado por el camino de volver a la universidad a cursar las materias pendientes y a cumplir con los requisitos; pero estos son los menos, la mayoría sigue ejerciendo, como si nada.

FUSADES en su reciente presentación a la nación de su Estrategia Económica y Social en su síntesis 4.2 Legitimidad del Sistema Judicial señala: “El sistema judicial es una de las instituciones que goza del menor prestigio. Este es un sentimiento compartido tanto por inversionistas internacionales como por el público general. En el Reporte Global de Competitividad, El Salvador aparece relativamente bien en la percepción de corrupción y favoritismo a nivel del Poder Ejecutivo y de los organismos de la administración pública, tales como las aduanas (posición 41), el ente de control tributario (posición 38) y los servicios públicos (posición 32). Sin embargo, el país aparece en la posición 61 en percepción de independencia del Poder Judicial. Esta visión se repite tanto en el Latino barómetro como en los índices de calidad institucional de Kaufmann (2003). En síntesis, el sistema judicial no goza de una fuerte legitimidad”.

También se señalan tres causas: politización excesiva de la Corte Suprema de Justicia, centralización de las funciones administrativas y judiciales en la Corte Suprema de Justicia y falta de transparencia y de rendición de cuentas en todo el sistema judicial. Esto último extensivo en opinión del CEJ a toda la Administración pública.

Por su parte el CEJ ha sostenido la necesidad imperiosa de un pacto político y social para una reforma integral de la administración de justicia, que sea concertado entre los protagonistas del sector Justicia, las gremiales de jueces, las de abogados, los órganos Ejecutivo y Legislativo, los partidos políticos y la sociedad civil; el diagnóstico es evidente, el pacto por la justicia debe tener financiamiento y un número suficiente de años para su ejecución, con control y seguimiento, como lo está haciendo España con un pacto político, con un Consejo General del Poder Judicial en que participan jueces, abogados y la sociedad civil.

La elección de los cinco nuevos Magistrados de la CSJ (grupo de los cinco) creó expectativas, al menos dos propugnaron en su campaña por legitimar a los abogados y jueces con títulos falsos. Ciertamente no lo han hecho, pero tampoco han contribuido a resolver integralmente esta situación, o sea continúa la inacción en el tema. Esperamos que el Gobierno que surja de las elecciones lo propicie; ya se está discutiendo la necesidad de la reforma fiscal, la sistémica del sector Justicia es vital y urgente.

El CEJ reitera su compromiso inclaudicable con la sociedad, con nuestros miembros, con el gremio, con nuestros lectores.

Esperanzados en que el 2004 sea un año de Justicia y de Derecho, expresamos nuestro profundo agradecimiento a LA PRENSA GRÁFICA por permitirnos este espacio de opinión por más de cinco años. Y a nuestros lectores y amigos, les deseamos lo mejor para el 2004.