Otro mal año

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

Hace un año, en nuestra primera columna del año 2003, calificamos el 2002, como Annus un Poco Horribilis. El año 2003 mantiene ese calificativo; esperábamos un mejor año, pero la realidad demuestra lo contrario.

El problema nacional de falta de legitimidad en los títulos falsos de cientos de abogados que ejercen su profesión, el Notariado y la Judicatura, sigue sin resolverse en forma integral, con apego al derecho. Entre los señalados en el informe del Fiscal Especial, algunos han optado por el camino de volver a la universidad a cursar las materias pendientes y a cumplir con los requisitos; pero estos son los menos, la mayoría sigue ejerciendo, como si nada.

FUSADES en su reciente presentación a la nación de su Estrategia Económica y Social en su síntesis 4.2 Legitimidad del Sistema Judicial señala: “El sistema judicial es una de las instituciones que goza del menor prestigio. Este es un sentimiento compartido tanto por inversionistas internacionales como por el público general. En el Reporte Global de Competitividad, El Salvador aparece relativamente bien en la percepción de corrupción y favoritismo a nivel del Poder Ejecutivo y de los organismos de la administración pública, tales como las aduanas (posición 41), el ente de control tributario (posición 38) y los servicios públicos (posición 32). Sin embargo, el país aparece en la posición 61 en percepción de independencia del Poder Judicial. Esta visión se repite tanto en el Latino barómetro como en los índices de calidad institucional de Kaufmann (2003). En síntesis, el sistema judicial no goza de una fuerte legitimidad”.

También se señalan tres causas: politización excesiva de la Corte Suprema de Justicia, centralización de las funciones administrativas y judiciales en la Corte Suprema de Justicia y falta de transparencia y de rendición de cuentas en todo el sistema judicial. Esto último extensivo en opinión del CEJ a toda la Administración pública.

Por su parte el CEJ ha sostenido la necesidad imperiosa de un pacto político y social para una reforma integral de la administración de justicia, que sea concertado entre los protagonistas del sector Justicia, las gremiales de jueces, las de abogados, los órganos Ejecutivo y Legislativo, los partidos políticos y la sociedad civil; el diagnóstico es evidente, el pacto por la justicia debe tener financiamiento y un número suficiente de años para su ejecución, con control y seguimiento, como lo está haciendo España con un pacto político, con un Consejo General del Poder Judicial en que participan jueces, abogados y la sociedad civil.

La elección de los cinco nuevos Magistrados de la CSJ (grupo de los cinco) creó expectativas, al menos dos propugnaron en su campaña por legitimar a los abogados y jueces con títulos falsos. Ciertamente no lo han hecho, pero tampoco han contribuido a resolver integralmente esta situación, o sea continúa la inacción en el tema. Esperamos que el Gobierno que surja de las elecciones lo propicie; ya se está discutiendo la necesidad de la reforma fiscal, la sistémica del sector Justicia es vital y urgente.

El CEJ reitera su compromiso inclaudicable con la sociedad, con nuestros miembros, con el gremio, con nuestros lectores.

Esperanzados en que el 2004 sea un año de Justicia y de Derecho, expresamos nuestro profundo agradecimiento a LA PRENSA GRÁFICA por permitirnos este espacio de opinión por más de cinco años. Y a nuestros lectores y amigos, les deseamos lo mejor para el 2004.