Recomendables: Eufemismo para violar la Constitución

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

Desde que nuestros políticos descubrieron que, dentro de sus atribuciones, la Asamblea Legislativa tiene facultad para “recomendar a la Presidencia de la República la destitución de los ministros de Estado… etc.” (art. 131 n.° 7 Cn.), los diputados han puesto de moda el término “recomendable”.

Recomendable viene de recomendar y, según el diccionario, esto es encargar, pedir o dar orden a uno para que tome a su cuidado una persona o negocio. También señala que es hablar o empeñarse por uno, elogiándolo, y una tercera acepción se refiere a hacer recomendable a uno, con lo cual entendemos que el recomendable es la persona que recibe una recomendación. Pero no es ese el punto.

La recomendación a que se refiere el art. 131 n.° 37 es una sugerencia fuerte, cuando existen las situaciones que así lo ameritan. Tiene que ver con el resultado de una investigación de las comisiones especiales o de la interpelación en su caso; es vinculante cuando se refiere a los jefes de seguridad pública o de inteligencia del Estado por causa de graves violaciones a los derechos humanos.

Resulta aberrante que un partido político haga un “recomendable” a los diputados que pertenecen al mismo para que no cumplan con una de las obligaciones que establece el Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa, cual es la de asistir puntualmente a las sesiones de dicha Asamblea (art. 21), pero lo más delicado es que este eufemismo de “recomendar” es una orden que lesiona abiertamente el sentido de respeto por la Constitución, leyes y reglamentos que deberían tener los diputados, quienes según el art. 125 Cn. “representan al pueblo entero y no están ligados por ningún mandato imperativo”.

Hacer este “recomendable” ante la derrota que ha sufrido el partido no significa otra cosa que desconocer, en el fondo y la forma, el contenido del sistema democrático y todo el andamiaje legal en que éste se fundamenta. Si se considera que las elecciones son nulas, esto debe alegarse por los procedimientos contemplados en ella, de lo contrario no es posible sostenerlas jurídicamente.

Por otra parte, el partido político que ha interpuesto un amparo pretende fundamentarlo en el engaño a los electores. La nulidad de elecciones está regulada en el Código Electoral y de acuerdo la ley y la jurisprudencia deben agotarse los recursos legales para poder llegar a sostener la violación constitucional. Se alega que hubo un engaño, que no se suspendió a tiempo la propaganda electoral, etc. etc., pero ¿ha habido alegatos concretos para sostener tal argumentación? ¿Se fundamentaron escritos y se presentaron pruebas basadas en los art. 232 y siguientes del Código Electoral? ¿Acaso el Tribunal Supremo Electoral no funcionó? El partido que ahora se siente afectado con lo que considera una campaña sucia confió en que iba a triunfar en las elecciones, en la tendencia que expresaban las encuestas, y por eso no tomó en serio sus quejas.

Ha participado en el juego “político” para repartirse el Tribunal Supremo Electoral entre las distintas fuerzas partidarias. Esto nos lleva a la conclusión de que se necesitan reformas políticas en país y que el TSE debe despartidizarse. Es más urgente una conciencia cívica en los partidos de aceptar la derrota si no se hizo uso oportuno de los medios para alegar nulidades o para detener las campañas que en otros casos le hubieran favorecido.

Un mal principio es sugerir, recomendar a sus diputados incumplir el reglamento. Esto sería violar una ley. Hay una invitación abierta a contrariar el espíritu que debe animar a un legislador. El Estado de Derecho también requiere conciencia cívica, caballerosidad, mucha dignidad y, sobre todo, … decencia.

Dos semanas de la justicia en El Salvador

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

En las últimas dos semanas, una serie de casos han creado una repulsa generalizada contra los órganos de administración de justicia, como nunca antes en el país. No sólo los profesionales del derecho, sino muchos particulares han enfocado su atención en acontecimientos jurídicos, y lo que se ha producido es un sentimiento de frustración y disgusto contra jueces, fiscales y Policía.

Siempre hay explicaciones para todo, pero el pueblo ya no las quiere oír. ¡Quiere ver que se haga justicia!

Comenzó esto con la noticia del asesinato de Federico Bloch y el deficiente inicio de su investigación. La reserva de las autoridades es natural, pero las pocas explicaciones que han dado, sobre un caso que parece sencillo de resolver, han generado un escepticismo general. En consecuencia, se han desatado infinidad de rumores sobre quién está implicado y por qué las autoridades no quieren que el crimen se aclare.

La exención de responsabilidad a Mario Orellana, en el caso ANDA, ha levantado una justificada ola de críticas contra la Fiscalía General de la República. El criterio de oportunidad a favor de un imputado debe ser un recurso extraordinario a usarse únicamente cuando no existe otro medio para demostrar la culpabilidad de alguno, pero la Fiscalía, por comodidad, lo está usando como un sustitutivo de la investigación, con la consecuencia de que los autores y cómplices de centenares de crímenes horrendos quedan en libertad. En el caso de ANDA, indigna más el hecho de que la oportunidad procesal, que era innecesaria, extingue la responsabilidad civil del imputado, y ya que las condiciones impuestas por la Fiscalía a los favorecidos no están claras, la idea general es que alguien que ha robado millones del pueblo salvadoreño no sólo quedará impune, sino con su enorme botín.

En el caso de la liberación de los autores de los desórdenes públicos ocurridos ante la Iglesia Catedral, cualesquiera que hayan sido los errores de la Fiscalía en el mismo, la interpretación de la ley por el juez del caso nos parece que sólo puede explicarse por su falta de voluntad de aplicarla. Ninguna explicación sobre la ley y los derechos de los imputados dejará satisfechos a quienes vieron saqueados sus humildes comercios y su fortuna perdida. No sólo se ha mandado el mensaje que con una excusa política se puede destruir impunemente la propiedad pública y privada, sino que se ha generado un clima de inseguridad para todos.

La liberación del influyente Nelson García ha puesto como nunca de manifiesto la desigualdad en la aplicación de la ley. Esto, después de que pasó meses fugado y en un hospital estatal para tratarse, entre otras, de ciertas dolencias pulmonares (parece que nadie notó que llegó fumando a la audiencia en que se ordenó el examen de su salud). Un ciudadano que hizo una llamada durante una entrevista televisiva en que apareció, expresó mejor que nadie el sentimiento de miles: “Me da asco usted, tanto como da asco el sistema judicial”.

Hasta cuando trata de calmar un poco los ánimos, la justicia se equivoca. La destitución de dos jueces de sentencia del caso García Prieto no ha calmado la indignación pública por su fuga. Las medidas cautelares que le permitieron escapar debieron utilizarse con racionalidad. ¿Es que hay alguien con dos dedos de frente que no podía predecir que García Prieto se iba a fugar?

La creación de un Estado de Derecho ha sido una ilusión en nuestro país. El mensaje que se manda al pueblo es que la única justicia posible es la que se hace por propia mano. En nuestra vecina Guatemala, el pueblo, harto de la impunidad, ha comenzado a linchar a delincuentes y a algunos operadores de justicia. ¿Cuándo sucederá esto en El Salvador? Las víctimas no encontrarán muchos que los defiendan. Ciertamente que no podrán decir que no fueron advertidos.

Cuentas claras

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

Tal como han señalado especialistas del Banco Mundial: “Los sistemas de administración pública en los que ocurren sistemáticamente hechos de corrupción están insertos dentro de un marco de gobernabilidad que es permisiva o incentiva la corrupción. Se genera así un ‘medio ambiente’ institucional adverso en que tanto en el plano administrativo como político existen incentivos que promueven la corrupción y se establecen restricciones y obstáculos que impiden la rendición de cuentas”. La Convención Americana contra la Corrupción, de la OEA, ratificada por el país, y la intención de aprobar la Convención contra la Corrupción de la ONU son buenas señales, pero lo importante es que se apliquen. En el entorno nacional faltan medidas y legislación para combatir la corrupción; la mejor medida sería aceptar el poder de fiscalización de la sociedad civil, hoy que habrá funcionarios que terminarán su gestión y otros que la iniciarán.

El control ciudadano mejorará la gestión pública, pero aquél debe ser provisto de una modalidad de relación entre el gobierno y la sociedad civil, donde el punto a lograr es una transparencia en la gestión pública y su rendición de cuentas, es decir, real transparencia y acceso ciudadano a la información. Ya no se debe seguir con esa relación de representantes y representados que tiene como única instancia de rendición de cuentas las elecciones que se celebran cada tres años o por medio de mecanismos de control institucional que han fallado y que además son obsoletos. El control ciudadano debe ser ejercido de forma sistemática y coordinada con renovados sistemas de supervisión pública. Estas formas directas del control ciudadano nos permitirán romper con la lógica perversa de la corrupción, que está institucionalizada y causa estragos (para muestra, el caso de ANDA). La intervención y el seguimiento de los gobernados, que trae aparejada la multiplicación de ojos y oídos sobre la actividad estatal, puede y debe romper la hegemonía de la corrupción.

La ley mexicana obliga a los servidores públicos a presentar sus declaraciones patrimoniales anualmente y a publicarlas todos los años. En las ediciones digitales de los periódicos “El Universal” y “La Jornada” pueden ustedes consultar la del presidente Fox con todo detalle. Aquí hemos permitido que los gobiernos sean poco transparentes y los resultados y escándalos están a la vista. Se debe empezar dando publicidad a la información contenida en las declaraciones patrimoniales de todos los nuevos funcionarios públicos y de los salientes.

Los nuevos dirigentes de la administración pública, que entrarán al gobierno el próximo 1º de junio, deben cumplir con lo prometido y ofrecido en la campaña presidencial. El presidente electo anunció la lucha contra la corrupción como un pilar de su gobierno y debe reclamársele el cumplimiento de esta promesa.

Una política inmediata para el acceso de la ciudadanía a la rendición de cuentas de los funcionarios públicos debe ser implementada desde el inicio del nuevo gobierno, para empezar teniendo cuentas claras y detalladas de lo que se recibe y en qué condiciones se recibe, esto con las declaraciones patrimoniales de los que terminan y de los nuevos dirigentes. Recordemos que esta práctica no sería una concesión de los gobernantes para con los gobernados, sino que sería el cumplimiento de una norma ética que, además, debería ser legal, ya que su trabajo se paga con los impuestos que administran y que se generan con el sudor de los ciudadanos.

¡Basta ya!

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

La semana pasada vimos cómo un grupo de sujetos encapuchados como criminales tomaron la Catedral de San Salvador, reclamando supuestas reivindicaciones laborales, y en su apoyo, un pretendido grupo de sindicalistas obstaculizó el tránsito en el centro de la ciudad, incendió vehículos, hubo destrozos de propiedad pública y privada, se lesionó a periodistas que cubrían el suceso y también fueron atacadas las fuerzas de seguridad que intentaban proteger los derechos de los ciudadanos. Desde luego, no han faltado los demagogos que han salido en defensa de estos atropellos, alegando que a los que los cometen no les queda otro remedio por la falta de libertades que existe en el país, que la culpa la tiene el Gobierno por negarse a dialogar con ellos, a pesar de que no tienen ningún derecho de imponerle ese diálogo. Lo que es peor, lo pretendido por los ocupantes de Catedral y sus secuaces es que el Órgano Ejecutivo incumpliera la ley dictada por la Asamblea Legislativa.

El tipo de acciones que hemos visto en estos días en nuestra capital las hemos presenciado en un pasado reciente, aunque bajo circunstancias políticas y sociales distintas; en el resto del mundo tienen una larga tradición, siempre encaminada al establecimiento de un gobierno totalitario. Los métodos de los manifestantes han sido los de los anarquistas, de los fascistas, de los nazis y de los comunistas; en años recientes los vemos entre los manifestantes antiglobalizadores, que provocan caos y destrucción en las ciudades en donde se celebran las cumbres de jefes de Estado de los países más industrializados y entre los integristas musulmanes. Son, en resumen, una forma de terrorismo, y su finalidad es sembrar el caos, amedrentar a la población y destruir el estado de Derecho y la democracia. Como son incapaces de convencer al pueblo de la justicia o pertinencia de sus causas, intentan lograr lo que no pueden por la vía electoral por la vía del terror y de la violencia.

Si la violencia política puede justificarse como método de derrocamiento de una tiranía, nunca puede serlo en una sociedad democrática. No podemos decir que nuestra democracia sea perfecta, pero hemos avanzado a un estado en que no existe represión política, hay libertad de expresión y de plantear posiciones políticas y recursos jurídicos para hacerlos valer. Debemos trabajar para consolidar lo que se ha logrado y seguir avanzando pacíficamente para conseguir superar los defectos del sistema.

El estado de Derecho tiene respuestas a todo. Si los manifestantes se sienten agraviados de alguna forma, tienen numerosos recursos que pueden hacer valer para lograr sus fines, pero si estos no están conformes a la ley, deben reconocer la posibilidad de no verlos satisfechos. Solamente así puede funcionar una sociedad civilizada y democrática. En cambio, parece ser que los manifestantes no admiten otra posibilidad que la de imponer al resto de la sociedad su voluntad, aun cuando esté en contra de la del resto de los ciudadanos. Esta actitud no es más que una expresión de una mentalidad totalitaria como la de los grupos que hemos mencionado antes. No lo podemos permitir.

La democracia no sólo permite un amplio régimen de libertades a los ciudadanos, también tiene mecanismos de defensa contra quienes atentan contra la misma por vía violenta y este es el momento en que deben utilizarse con todo vigor.

Es el momento en que todas las personas decentes de este país exijan del Gobierno el cumplimiento estricto de la ley, sin dilaciones ni vacilaciones, ni tolerancia de los hechos criminales que buscan procurar el caos social y la ruptura del derecho, y se apliquen las sanciones correspondientes a sus acciones. La acción popular y de los organismos del Estado debe también dirigirse contra los funcionarios públicos que avalan, fomentan y ayudan a las mencionadas acciones delictivas. Recordemos que también hay recursos legales democráticos contra ellos.