Dos semanas de la justicia en El Salvador

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

En las últimas dos semanas, una serie de casos han creado una repulsa generalizada contra los órganos de administración de justicia, como nunca antes en el país. No sólo los profesionales del derecho, sino muchos particulares han enfocado su atención en acontecimientos jurídicos, y lo que se ha producido es un sentimiento de frustración y disgusto contra jueces, fiscales y Policía.

Siempre hay explicaciones para todo, pero el pueblo ya no las quiere oír. ¡Quiere ver que se haga justicia!

Comenzó esto con la noticia del asesinato de Federico Bloch y el deficiente inicio de su investigación. La reserva de las autoridades es natural, pero las pocas explicaciones que han dado, sobre un caso que parece sencillo de resolver, han generado un escepticismo general. En consecuencia, se han desatado infinidad de rumores sobre quién está implicado y por qué las autoridades no quieren que el crimen se aclare.

La exención de responsabilidad a Mario Orellana, en el caso ANDA, ha levantado una justificada ola de críticas contra la Fiscalía General de la República. El criterio de oportunidad a favor de un imputado debe ser un recurso extraordinario a usarse únicamente cuando no existe otro medio para demostrar la culpabilidad de alguno, pero la Fiscalía, por comodidad, lo está usando como un sustitutivo de la investigación, con la consecuencia de que los autores y cómplices de centenares de crímenes horrendos quedan en libertad. En el caso de ANDA, indigna más el hecho de que la oportunidad procesal, que era innecesaria, extingue la responsabilidad civil del imputado, y ya que las condiciones impuestas por la Fiscalía a los favorecidos no están claras, la idea general es que alguien que ha robado millones del pueblo salvadoreño no sólo quedará impune, sino con su enorme botín.

En el caso de la liberación de los autores de los desórdenes públicos ocurridos ante la Iglesia Catedral, cualesquiera que hayan sido los errores de la Fiscalía en el mismo, la interpretación de la ley por el juez del caso nos parece que sólo puede explicarse por su falta de voluntad de aplicarla. Ninguna explicación sobre la ley y los derechos de los imputados dejará satisfechos a quienes vieron saqueados sus humildes comercios y su fortuna perdida. No sólo se ha mandado el mensaje que con una excusa política se puede destruir impunemente la propiedad pública y privada, sino que se ha generado un clima de inseguridad para todos.

La liberación del influyente Nelson García ha puesto como nunca de manifiesto la desigualdad en la aplicación de la ley. Esto, después de que pasó meses fugado y en un hospital estatal para tratarse, entre otras, de ciertas dolencias pulmonares (parece que nadie notó que llegó fumando a la audiencia en que se ordenó el examen de su salud). Un ciudadano que hizo una llamada durante una entrevista televisiva en que apareció, expresó mejor que nadie el sentimiento de miles: “Me da asco usted, tanto como da asco el sistema judicial”.

Hasta cuando trata de calmar un poco los ánimos, la justicia se equivoca. La destitución de dos jueces de sentencia del caso García Prieto no ha calmado la indignación pública por su fuga. Las medidas cautelares que le permitieron escapar debieron utilizarse con racionalidad. ¿Es que hay alguien con dos dedos de frente que no podía predecir que García Prieto se iba a fugar?

La creación de un Estado de Derecho ha sido una ilusión en nuestro país. El mensaje que se manda al pueblo es que la única justicia posible es la que se hace por propia mano. En nuestra vecina Guatemala, el pueblo, harto de la impunidad, ha comenzado a linchar a delincuentes y a algunos operadores de justicia. ¿Cuándo sucederá esto en El Salvador? Las víctimas no encontrarán muchos que los defiendan. Ciertamente que no podrán decir que no fueron advertidos.