¡Basta ya!

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

La semana pasada vimos cómo un grupo de sujetos encapuchados como criminales tomaron la Catedral de San Salvador, reclamando supuestas reivindicaciones laborales, y en su apoyo, un pretendido grupo de sindicalistas obstaculizó el tránsito en el centro de la ciudad, incendió vehículos, hubo destrozos de propiedad pública y privada, se lesionó a periodistas que cubrían el suceso y también fueron atacadas las fuerzas de seguridad que intentaban proteger los derechos de los ciudadanos. Desde luego, no han faltado los demagogos que han salido en defensa de estos atropellos, alegando que a los que los cometen no les queda otro remedio por la falta de libertades que existe en el país, que la culpa la tiene el Gobierno por negarse a dialogar con ellos, a pesar de que no tienen ningún derecho de imponerle ese diálogo. Lo que es peor, lo pretendido por los ocupantes de Catedral y sus secuaces es que el Órgano Ejecutivo incumpliera la ley dictada por la Asamblea Legislativa.

El tipo de acciones que hemos visto en estos días en nuestra capital las hemos presenciado en un pasado reciente, aunque bajo circunstancias políticas y sociales distintas; en el resto del mundo tienen una larga tradición, siempre encaminada al establecimiento de un gobierno totalitario. Los métodos de los manifestantes han sido los de los anarquistas, de los fascistas, de los nazis y de los comunistas; en años recientes los vemos entre los manifestantes antiglobalizadores, que provocan caos y destrucción en las ciudades en donde se celebran las cumbres de jefes de Estado de los países más industrializados y entre los integristas musulmanes. Son, en resumen, una forma de terrorismo, y su finalidad es sembrar el caos, amedrentar a la población y destruir el estado de Derecho y la democracia. Como son incapaces de convencer al pueblo de la justicia o pertinencia de sus causas, intentan lograr lo que no pueden por la vía electoral por la vía del terror y de la violencia.

Si la violencia política puede justificarse como método de derrocamiento de una tiranía, nunca puede serlo en una sociedad democrática. No podemos decir que nuestra democracia sea perfecta, pero hemos avanzado a un estado en que no existe represión política, hay libertad de expresión y de plantear posiciones políticas y recursos jurídicos para hacerlos valer. Debemos trabajar para consolidar lo que se ha logrado y seguir avanzando pacíficamente para conseguir superar los defectos del sistema.

El estado de Derecho tiene respuestas a todo. Si los manifestantes se sienten agraviados de alguna forma, tienen numerosos recursos que pueden hacer valer para lograr sus fines, pero si estos no están conformes a la ley, deben reconocer la posibilidad de no verlos satisfechos. Solamente así puede funcionar una sociedad civilizada y democrática. En cambio, parece ser que los manifestantes no admiten otra posibilidad que la de imponer al resto de la sociedad su voluntad, aun cuando esté en contra de la del resto de los ciudadanos. Esta actitud no es más que una expresión de una mentalidad totalitaria como la de los grupos que hemos mencionado antes. No lo podemos permitir.

La democracia no sólo permite un amplio régimen de libertades a los ciudadanos, también tiene mecanismos de defensa contra quienes atentan contra la misma por vía violenta y este es el momento en que deben utilizarse con todo vigor.

Es el momento en que todas las personas decentes de este país exijan del Gobierno el cumplimiento estricto de la ley, sin dilaciones ni vacilaciones, ni tolerancia de los hechos criminales que buscan procurar el caos social y la ruptura del derecho, y se apliquen las sanciones correspondientes a sus acciones. La acción popular y de los organismos del Estado debe también dirigirse contra los funcionarios públicos que avalan, fomentan y ayudan a las mencionadas acciones delictivas. Recordemos que también hay recursos legales democráticos contra ellos.