Cuentas claras

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

Tal como han señalado especialistas del Banco Mundial: “Los sistemas de administración pública en los que ocurren sistemáticamente hechos de corrupción están insertos dentro de un marco de gobernabilidad que es permisiva o incentiva la corrupción. Se genera así un ‘medio ambiente’ institucional adverso en que tanto en el plano administrativo como político existen incentivos que promueven la corrupción y se establecen restricciones y obstáculos que impiden la rendición de cuentas”. La Convención Americana contra la Corrupción, de la OEA, ratificada por el país, y la intención de aprobar la Convención contra la Corrupción de la ONU son buenas señales, pero lo importante es que se apliquen. En el entorno nacional faltan medidas y legislación para combatir la corrupción; la mejor medida sería aceptar el poder de fiscalización de la sociedad civil, hoy que habrá funcionarios que terminarán su gestión y otros que la iniciarán.

El control ciudadano mejorará la gestión pública, pero aquél debe ser provisto de una modalidad de relación entre el gobierno y la sociedad civil, donde el punto a lograr es una transparencia en la gestión pública y su rendición de cuentas, es decir, real transparencia y acceso ciudadano a la información. Ya no se debe seguir con esa relación de representantes y representados que tiene como única instancia de rendición de cuentas las elecciones que se celebran cada tres años o por medio de mecanismos de control institucional que han fallado y que además son obsoletos. El control ciudadano debe ser ejercido de forma sistemática y coordinada con renovados sistemas de supervisión pública. Estas formas directas del control ciudadano nos permitirán romper con la lógica perversa de la corrupción, que está institucionalizada y causa estragos (para muestra, el caso de ANDA). La intervención y el seguimiento de los gobernados, que trae aparejada la multiplicación de ojos y oídos sobre la actividad estatal, puede y debe romper la hegemonía de la corrupción.

La ley mexicana obliga a los servidores públicos a presentar sus declaraciones patrimoniales anualmente y a publicarlas todos los años. En las ediciones digitales de los periódicos “El Universal” y “La Jornada” pueden ustedes consultar la del presidente Fox con todo detalle. Aquí hemos permitido que los gobiernos sean poco transparentes y los resultados y escándalos están a la vista. Se debe empezar dando publicidad a la información contenida en las declaraciones patrimoniales de todos los nuevos funcionarios públicos y de los salientes.

Los nuevos dirigentes de la administración pública, que entrarán al gobierno el próximo 1º de junio, deben cumplir con lo prometido y ofrecido en la campaña presidencial. El presidente electo anunció la lucha contra la corrupción como un pilar de su gobierno y debe reclamársele el cumplimiento de esta promesa.

Una política inmediata para el acceso de la ciudadanía a la rendición de cuentas de los funcionarios públicos debe ser implementada desde el inicio del nuevo gobierno, para empezar teniendo cuentas claras y detalladas de lo que se recibe y en qué condiciones se recibe, esto con las declaraciones patrimoniales de los que terminan y de los nuevos dirigentes. Recordemos que esta práctica no sería una concesión de los gobernantes para con los gobernados, sino que sería el cumplimiento de una norma ética que, además, debería ser legal, ya que su trabajo se paga con los impuestos que administran y que se generan con el sudor de los ciudadanos.