Otra elección de fiscal general de la República

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

A pocos días de finalizar el segundo periodo del actual fiscal general de la República, se ha comenzado a discutir en los medios de comunicación cuál debe ser el perfil de este funcionario, de reelección y de alternabilidad en el cargo. Representantes de partidos políticos y de sectores de la opinión pública salvadoreña han señalado la necesidad de examinar detenidamente los atestados de los candidatos, por el bien del país.

La Asamblea Legislativa tiene la responsabilidad, el deber constitucional que le ha delegado el pueblo salvadoreño, de seleccionar a la persona idónea para el cargo. En última instancia, los diputados son responsables de resolver, por medio de una sana elección, el problema de la delincuencia.

El nuevo fiscal general debe cumplir con los requisitos que señala el art. 192 de la Constitución, por supuesto, pero además debe ser un profesional honesto, con profundo sentido de la ética, sin filiación ni compromisos políticos, con experiencia en el campo penal y preferentemente haber servido en la Fiscalía General de la República, en una judicatura penal, de comprobada valentía y con liderazgo para saber conducir a la institución y a sus agentes auxiliares. Debe ser capaz de conducir la institución ante los nuevos retos y desafíos que demanda la globalización inevitable. Debe defender por igual los intereses del Estado y de la sociedad, ser imparcial y apegarse a la Constitución y a las leyes. Debe saber dirigir la investigación del delito y realizar acciones coordinadas con la Policía Nacional Civil, respetar la independencia del Órgano Judicial, y garantizar que sus agentes auxiliares sean señalados por su responsabilidad, ética e imparcialidad.

Hay muchos profesionales que reúnen los requisitos antes señalados; solo falta la voluntad política necesaria para elegirlos.

Lo que vemos, en cambio, es que la elección del máximo funcionario que debe velar por los intereses del Estado y de la sociedad es, como en otras ocasiones y en otros cargos de elección secundaria, una negociación entre los partidos políticos para la persecución de sus fines. Mientras tanto, la sociedad sigue envuelta en una ola de crímenes sin resolver, corrupción sin investigar y abusos de autoridad a tal grado que más pareciera que quien posee el cargo debe tener las cualidades de saber ocultar o no investigar los casos en que funcionarios de Estado o grupos de poder podrían resultar involucrados.

Es aflictivo ver en la lista de candidatos que se ha dado a conocer a un grupo de propuestos por una gremial de abogados que si por algo se distinguen es por su falta de capacidad, conocimientos y cualidades para ocupar el cargo; el gran mérito que tienen es gozar de la confianza de un dirigente de esa gremial, al que le han garantizado impunidad. Es grave ver en esa lista a funcionarios públicos que han fracasado en el desempeño de sus cargos, que casi no tienen experiencia profesional y que son señalados como posibles autores de delitos. En la lista de candidatos faltan nombres de quienes harían cumplir la ley si acceden al cargo.

La Asamblea Legislativa, y los políticos tras ella, pueden hacer un cambio fundamental o seguir el camino de deterioro de la institucionalidad, la democracia y la ética que amenaza con hundir a nuestro país en un nuevo conflicto. Por tanto hacemos un llamado a toda la sociedad civil para que abandone su pasividad y se manifieste sobre el perfil que debe poseer el designado a tan complejo cargo, aportando propuestas de personas capaces, honorables y que carezcan de compromisos partidarios.