Un fiscal para reforzar la crisis institucional

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

La elección del próximo fiscal general de la República se ha convertido, según parece, en un ejemplo más de la pérdida de institucionalidad y calidad de la democracia. Se buscan candidatos propicios a seguir corrientes equivocadas y se insiste en burlar las aspiraciones ciudadanas de tener instituciones de justicia creíbles.

El fiscal actual se ha debilitado más como posible candidato para estar al frente de la institución, con su actuación en torno a la decisión de la Corte Suprema de Justicia para restar funciones a la Sección de Probidad. El magistrado René Fortín Magaña le pidió, en un escrito fácilmente comprensible por la calidad de sus ideas y principios éticos, que promoviera la declaratoria de nulidad del acuerdo que restringió facultades a la oficina de probidad para pedir informes a los bancos sobre el estado de patrimonio de funcionarios públicos.

Hace meses dijo que estaba reuniendo un equipo de abogados para que le ayudaran. Hasta la fecha, no ha movido un dedo en torno al asunto y parece que todo este tiempo ha estado tratando de encontrar motivos para rechazar los argumentos del magistrado decente, pero le ha resultado tan difícil que sigue investigando y analizando.

En medio de tal inacción, aparece el magistrado Ulices del Dios Guzmán con una contradicción evidente, manifestando que el acuerdo por el que votó alegremente para restringir la labor de la Sección de Probidad le provoca dudas y que es mejor que la Asamblea Legislativa interprete la ley, particularmente los diputados de la fracción que lo llevó al cargo. Cualquiera podría pensar que todo esto es un acuerdo entre compadres.

El interés por la reelección del fiscal, para alegría de los involucrados en las cuentas pendientes de Probidad, ha llegado hasta las supuestas presiones que han denunciado algunos diputados, ofreciéndoles inscripción de su nuevo partido político y otras ventajas.

Esto nos hace recordar que hay una crisis institucional generada principalmente por los partidos políticos. Algunos ejemplos de esto son: repartos de plazas de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de otros cargos; la elección del magistrado del PCN al Tribunal Supremo Electoral, cuando no le correspondía plaza por no ser el tercer partido más votado; el rescate de partidos políticos que debían desaparecer, por parte de la Sala de lo Constitucional; las dificultades impuestas para formar nuevos partidos políticos; las dificultades para controlar y supervisar el padrón electoral y las últimas reformas electorales que permiten que las decisiones en el TSE sean tomadas por un solo sector ideológico.

Hay que advertir que todos los partidos políticos en mayor o menor medida han hecho u omitido lo necesario para tener un estado de cosas como el actual.

Para mencionar un ejemplo, recordemos cómo los dirigentes del principal partido de oposición rechazaban formar parte de un TSE inconstitucional y gritaban y amenazaban con denuncias internacionales si se persistía en nombrar al magistrado del PCN en el TSE. Pocos días después, muy callados, tomaron la plaza de su magistrado y aquellas que estaban dispuestas para su clientela más cercana. Algo parecido ocurrió en la última elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Estamos caminando en dirección equivocada, hacia un lugar al que nos quieren llevar aquellos que sacan provecho de los conflictos, los derrumbes, los descréditos y las sombras.

Son situaciones que nos afectan a todos y al futuro de las nuevas generaciones. Las pequeñas ventajas ganadas con perjuicio del estado constitucional son causa de grandes pérdidas.

Con tales señales, la elección de determinado fiscal general probará si vamos acrecentando la crisis o alejándonos de ella.