Reflexiones al proceso eleccionario de los magistrados

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

Estas líneas se escriben antes del 19 de marzo, fecha en que el gremio de abogados elige, dentro de los 57 aspirantes a ser candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a aquellos que formarán parte de la lista de la que elegirán los diputados. Nuestra esperanza, en estos momentos anteriores a tan importante fecha, es que, al haber emitido el voto, haya prevalecido en nuestros colegas la cordura, la madurez y la conciencia de la gran responsabilidad de votar y lo hayan hecho por los que realmente merecerían poseer la más alta investidura de un profesional del derecho: juez del más alto tribunal de justicia.

Independientemente de los resultados, es importante insistir en la crisis ética e institucional del país, a la que no escapa el gremio de abogados, y que se ha visto muy claramente reflejada en el proceso electoral.

Resulta reprochable que, en aras de congraciarse con sectores particulares del electorado, algunas asociaciones o candidatos hayan abanderado promesas deshonestas e ilegítimas, como la legalización de los títulos falsos, la admisión de la influencia de otros órganos en los fallos judiciales, la eliminación de controles para el ejercicio de la función notarial y hasta favores personales. Es censurable que dentro de ciertas oficinas administrativas se hayan celebrado reuniones de una asociación de abogados, en las que se hicieron “exhortaciones”, a los colaboradores jurídicos a votar por la nómina de tal entidad.

En esta senda sombría, el Centro de Estudios Jurídicos ha procurado seguir a ultranza y con valentía su lema “Por el Imperio del Derecho”, proponiendo candidatos de honestidad reconocida, de capacidad jurídica notable y de absoluta independencia, ofreciendo medidas concretas para el fortalecimiento del Órgano Judicial en nuestra plataforma.

Lamentablemente, durante los últimos meses hemos sido una “voz que clama en el desierto”, denunciando con rigor estas y otras anomalías en el sistema de administración de justicia de nuestro país. ¡Claro! Nuestros planteamientos han sido bien recibidos por las personas honestas y maduras, pero objetadas por quienes ven el Órgano Judicial tan solo una oportunidad de aumentar su patrimonio y poder de influencia. Nuestra postura de cumplir la función de ejercer control social nos ha valido ser atacados infundadamente acusándonos de abrazar tendencias ideológicas determinadas o de considerarnos “iluminados”. ¿Por qué señalar las violaciones al estado de derecho, la corrupción, la indecencia profesional, los abusos, nos merece esos ataques? Desconocemos los parámetros de valoración de nuestros atacantes. El CEJ solo está comprometido con el respeto a la Constitución, siguiendo los patrones de moralidad tradicionales en nuestra sociedad, y no nos apartaremos de esa tradición que nos ha distinguido.

Es oportuno invitar a la sociedad civil, profesionales honestos y medios de comunicación independientes a que vigilen el proceso de elección de los magistrados de la Corte, convirtiéndose en un mecanismo de presión para que la Asamblea Legislativa elija juristas idóneos y sin compromisos espurios. De otro modo el sistema judicial colapsará irremediablemente.

Recordamos a los diputados que quienes ellos elijan, como hemos dicho hasta la saciedad, pero debemos repetir, tendrán en sus manos nuestros destinos, los de nuestros seres queridos y en general los de la ciudadanía. Quienes tendrán la enorme responsabilidad de luchar porque el Órgano Judicial sea uno de los pilares en que descanse el estado de derecho, eficaz para la seguridad ciudadana, la seguridad jurídica, el combate a la impunidad y a la corrupción, mediante la consecución de la justicia constitucional. Los diputados no se pueden dar el lujo de equivocarse. Está en juego nuestra supervivencia institucional.