La Ley Especial para la Protección de Víctimas y Testigos

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

Ante el aumento de la criminalidad en nuestro país, el fracaso de los métodos que se han venido implementando en los últimos años y la ineficacia de las instituciones responsables de la investigación del delito, Fiscalía y Policía, en el afán de encontrar soluciones, a iniciativa del gobierno, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Especial para la Protección de Víctimas y Testigos.

Debe reconocerse que estamos ante una situación de alarma social de la que, además de la criminalidad infrenable, los hechos del pasado día 5 son otra muestra. La violencia, delincuencia y criminalidad en el país, en lugar de disminuir, aumentan cada día y a esto hay que agregar las nuevas formas de delinquir de los criminales. Mientras así sucede, los métodos para combatir o prevenir el delito parecen haber fracasado.

Ante esta situación debemos compartir cualquier plan que tenga como finalidad enfrentar y resolver este grave problema y sobre todo prevenirlo. Sin embargo, si una de las acciones tendientes a lograr ese objetivo es aprobar reformas o crear leyes, estas deben ser coherentes con todo el sistema legal del país.

En el caso de la ley en comento, si bien es necesario asegurar víctimas y testigos, es indispensable que tal normativa sea coherente con la Constitución, el Derecho Internacional y la legislación penal, además de que efectivamente se logre con su aplicación el objetivo buscado. En ese sentido nos planteamos la interrogante de si el proyecto de la ley fue sometido a consulta a las asociaciones de jueces, fiscales, defensores, asociaciones de abogados, policías, ONG, etc. Pareciera que no, pues al hacer un examen de esta ley encontramos varios absurdos jurídicos.

La ley concede atribuciones a la Comisión Coordinadora del Sector de Justicia, integrada por el presidente del Órgano Judicial, ministro de Gobernación, fiscal general, procurador general y presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, y también concede atribuciones a la Unidad Técnica Ejecutiva de esa comisión. Esta, según la ley que la rige, es el ente coordinador del sector de justicia; sin embargo, según la ley que tratamos, quien tiene la autoridad para conocer solicitudes sobre medidas de protección de víctimas y testigos solicitadas tanto por jueces, fiscales, defensores, policía o el mismo interesado, denegarlas o declararlas improcedentes, es la UTE. Por tratarse de una ley especial, ha de prevalecer lo que esta dispone, pero lo que resulta grave es que estando la Comisión Coordinadora compuesta por los máximos representantes del Sector de Justicia, no sean estos los que asuman esa atribución, sino que una unidad administrativa subalterna.

Por otra parte, conceder a la UTE esta facultad, en cierta medida desnaturaliza la función contralora del Órgano Judicial y la actuación del juez en el proceso penal, característica del sistema acusatorio. La UTE es una unidad administrativa que depende del Órgano Ejecutivo, que no tienen nada que ver en la estructura del proceso penal, ni como sujeto ni mucho menos como parte procesal. ¿Cómo es posible que un ente administrativo tenga poder de decidir sobre actos relacionados con la actividad jurisdiccional? Esto es solo un ejemplo claro de los errores de la ley y de los riesgos que está corriendo la independencia judicial.

A criterio de especialistas en Derecho Penal y Procesal Penal, el texto de la ley contiene varias disposiciones que violentan el principio de legalidad del proceso penal, el de independencia y el de imparcialidad.

En atención a lo anterior, somos del criterio que debería ampliarse el período de vacancia de la ley y que en el período en que aún no esté vigente se someta a consulta de diversos sectores de la comunidad jurídica, caso contrario podría ser otro fracaso más.

Cabe recalcar que compartimos la justa preocupación de que las víctimas y los testigos gocen de una protección adecuada a las circunstancias de gravedad en que se ven, pero hagamos bien las cosas para que realmente funcionen.

El proyecto de Ley del Sistema Nacional de Salud

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

El problema de la salud en el país, lo sabemos desde hace décadas, es grave. La mayor parte de la población salvadoreña no tiene acceso a servicios de salud o lo tiene a los de calidad deficiente y faltos de recursos. Nadie puede dudar de la necesidad y urgencia de tomar medidas importantes para solucionarlo. Sin embargo, la más reciente solución propuesta resulta violatoria del orden constitucional.

Durante muchos años se ha reunido una Comisión Nacional de Seguimiento a la Propuesta de Reforma Integral de la Salud, que ha presentado un documento con un plan que puede ser una solución al grave problema, aunque tiene vacíos en cuanto a los medios para lograrlo y su financiamiento. Pero además, es acompañado por un proyecto de “Ley de creación del Sistema Nacional de Salud de El Salvador”, con el que, según sabemos, están en desacuerdo muchos integrantes de la Comisión, pero al que el Presidente de la República, increíblemente, ha conferido iniciativa de ley.

Miembros de la oposición política han manifestado su desacuerdo con el proyecto y comenzado a clamar que persigue la privatización de los servicios de salud, pero esto es falso. Ninguna disposición del proyecto contempla el traspaso de funciones o propiedad estatal a particulares y ni con los razonamientos más retorcidos puede pretenderse que propicia esto. Sin embargo, sorprende que no hagan referencia a que el proyecto es contrario al orden constitucional.

El problema de salud en el país, en buena parte, deriva de la dispersión legislativa que existe; cientos de leyes regulan al sector. Aunque esto es reconocido en el proyecto, la solución que pretenden no es ordenar y armonizar dichas leyes, sino emitir una más que aumente la dispersión y confusión.

El proyecto dice que crea un Sistema Nacional de Salud, pero en realidad no crea nada nuevo. Todas las instituciones que se mencionan ahí, ya existen. Si lo que se pretende es que las instituciones del sector salud cooperen entre ellas, para eso no se necesita una ley, sino una orden ejecutiva y buena voluntad de sus directores.

Lo grave es que se pretende que el Ministerio de Salud Pública elabore una política nacional de salud, tal como debe hacerlo actualmente de conformidad al Código de Salud y el Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, pero además deberá hacerla aprobar por el Consejo de Ministros. Con esta aprobación, la “política”, que obviamente deberá estar plasmada en un documento, “será de carácter obligatorio”.

Deberíamos sonreír ante el proyecto pues obviamente sus redactores no saben lo que es una política ni cuales son sus efectos; lo grave es que sus intenciones son serias. Según ellos, esa aprobación dará poder omnímodo al Ministerio para regir como le dé gana a todas las instituciones del sector, aún pasando por las reguladas por leyes especiales aprobadas por la Asamblea Legislativa, como el Consejo Superior de Salud Pública, ISSS, FOSALUD, Bienestar Magisterial, etc.; puede disponer de la actividad, propiedad y libertad de particulares, pues está estipulado que tienen la obligación de “participar y apoyar directamente” al Sistema.

La ley estaría dando al Consejo de Ministros la facultad de pasar por encima de las facultades de la Asamblea Legislativa y todas las demás entidades con facultades normativas establecidas en la Constitución y convertiría en obligatorio, con fuerza de ley y por encima de la ya existente, a un documento que ni siquiera se publicaría en el Diario Oficial ni existe obligación de dar a conocer formalmente siquiera.

La existencia de la democracia implica que haya demócratas que crean en ella. Propuestas como la que comentamos son una verdadera amenaza al orden jurídico que tanta sangre ha costado a este país.

Los acontecimientos del 5 de julio

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

Los acontecimientos ocurridos el 5 de julio frente a la Universidad de El Salvador han puesto de relieve algunos de los peores aspectos de nuestra sociedad y de nuestros políticos. Los hechos presentados en los medios de comunicación son los siguientes: los integrantes de una manifestación supuestamente convocada para protestar por el alza de precios de pasajes de autobús, algunos de los cuales iban “pacíficamente” equipados con armas de alto calibre, cometieron daños contra la propiedad pública y privada; al intentar contenerlos, atacaron a miembros de la seguridad pública con sus armas. El resultado fue dos agentes muertos y varios más heridos entre agentes y particulares.

Lo más relevante ha sido el asesinato premeditado de dos hombres jóvenes que tenían toda una vida para gozar por delante, que podían aportar mucho a la sociedad y al bien de los demás, que tenían familias que los amaban y que ahora quedan sin su compañía, protección y transidas de dolor. Ni la supuesta motivación de la protesta ni la acción de los cuerpos de seguridad puede justificar semejante resultado. El desprecio manifestado por la vida humana y destruida de una manera premeditada es la mayor amenaza que puede sufrir toda nuestra sociedad. Hoy fueron dos agentes del orden, mañana podemos ser nosotros.

Aún no ha habido una investigación exhaustiva, pero al enfrentar esta situación, las autoridades han cometido errores graves. Las declaraciones del Presidente de la República pueden haber sido precipitadas, pero la situación ocurrida podía provocar al más ecuánime de los funcionarios para reaccionar de esa forma. No podemos decir lo mismo de otras reacciones.

Algunos diputados y otros funcionarios, en beneficio de sus propias agendas, comienzan lamentando la muerte de los policías y pasan a echar la responsabilidad al Gobierno por tratar de impedir que los manifestantes violaran el derecho a la libre circulación, la seguridad y la propiedad de otros. La verdad es que no lamentan nada y de manera imperdonable tratan de llevar agua a su molino.

Merece una consideración jurídica la Universidad de El Salvador, en especial las protestas por la “violación de la autonomía universitaria” hechas por algunas de sus autoridades. Hasta el ponderado comunicado que emitió oficialmente exige que “se levante el cerco policial” a la institución. ¿Qué significa esto? ¿Qué la Policía y la Fiscalía deben suspender la investigación para que no se determine quiénes son los autores de dos asesinatos y no se impidan futuras muertes?

El Art. 61 de la Constitución señala que la Universidad de El Salvador es autónoma en lo docente, lo administrativo y lo económico. En ningún momento dice que es un Estado dentro de otro Estado. La UES no es más que una de las tantas instituciones autónomas del país, obligada al cumplimiento de la ley salvadoreña y en donde la Policía puede ingresar para cumplir con su deber. No puede alegar que su autonomía ha sido violada cuando la Policía penetra a sus instalaciones en persecución de delincuentes, para la protección de personas o sus bienes, para la búsqueda de armas o para la investigación de un delito.

La autonomía universitaria tiene límites y nadie puede escudarse en ella para dedicar la institución a fines distintos a los que le son propios. La gran mayoría de salvadoreños no quiere más expresiones de violencia. Es normal la existencia de diferencias; pero las mismas deben canalizarse en una infinidad de alternativas constitucionales y legales que no han sido ensayadas. Pero en el caso que tratamos, es necesario que primero haya justicia para los dos agentes fallecidos.

Independencia de la Corte

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

Han tomado posesión de sus cargos nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y, como cada vez que hay cambios en el máximo tribunal, existe la esperanza de que haya cambios importantes en la administración de justicia. La ciudadanía espera que los nuevos funcionarios actúen con alto grado de independencia, honestidad y capacidad. Hacemos notar especialmente el término “independencia”, pues es lo que está en primera plana y siendo cuestionado hoy en día.

Después de que el Órgano Ejecutivo y la Fiscalía General de la República arremeten con fuertes declaraciones y anuncian investigaciones contra el sector judicial, la Corte sanciona a dos jueces y anuncia más acciones contra otros. Inmediatamente, los partidos de oposición expresan preocupación porque, aunque las consideren necesarias, tales acciones parecen debidas a la injerencia del Ejecutivo. Los magistrados de la Corte niegan tal injerencia y sus declaraciones son recibidas con el mayor escepticismo, y por muy buenas razones.

Durante más de una década se ha pedido repetidamente a la Corte que realice una verdadera depuración del Órgano Judicial y lo libere de sus elementos incompetentes, ignorantes y corruptos (más de 50 artículos en esta columna se han referido al tema), y siempre tales reclamos han caído en oídos sordos, a pesar de la acumulación cada vez mayor de casos escandalosos. De repente, cuando la seguridad pública y la impunidad se han convertido en un grave problema para el Órgano Ejecutivo y este exige acción, la Corte empieza a reaccionar ante casos que han sido controvertidos durante años y por los que no había hecho nada. Si unimos esto al número de fallos sin fundamente jurídico, pero con evidente intención política que se han dado, no puede extrañarnos que la credibilidad del tribunal sea muy baja.

La tarea de los nuevos magistrados, y de los antiguos a los que queda patriotismo, es recuperar la credibilidad y la independencia del Órgano Judicial. Esto significará rectificar los múltiples problemas que se dan en el sistema de justicia, realizar una real depuración judicial, terminar con el desconocimiento de las actividades y hasta de las facultades constitucionales del Consejo Nacional de la Judicatura y colaborar con este organismo, producir un cambio de verdad y no solo las acciones cosméticas que acostumbra a realizar cuando se le reclama acción. En resumen, provocar un verdadero cambio cualitativo en la administración de justicia en beneficio del pueblo.

Siempre hemos expresado nuestro apoyo a los jueces honrados y valientes, pero nos resulta repugnante ver a algunos de los jueces más cuestionados del país exigiendo con toda arrogancia “respeto” a su investidura y amenazando a funcionarios públicos con demandas judiciales si continúan criticando sus fallos contrarios a la ley; solo quieren seguir violándola impunemente. Las sentencias de los jueces son documentos públicos que afectan a toda la sociedad y deben estar siempre disponibles al examen del pueblo, el juez de los jueces. Si un juez no quiere críticas o comentarios sobre sus decisiones, que versarán siempre sobre cuestiones controvertidas, que renuncie.

Por otra parte, es justo reconocer que muchísimos de los fallos del sistema de justicia no son debidos a los jueces, sino a los errores cometidos por otras oficinas, como la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República, pero mientras no se enfrente este problema conjuntamente, lo que verá el pueblo será la actuación de los jueces y les seguirá echando la culpa de los defectos de la justicia en el país.

Diversas instancias se han creado para producir un diálogo entre los varios organismos cuya labor incide en la administración de justicia, como la Unidad Técnica Ejecutora del Sector de Justicia, pero han fracasado debido a la búsqueda de protagonismo de sus dirigentes y su falta de verdadera voluntad de cooperación. Debe considerarse reactivarlos y hacerlos efectivos. Puede ser el inicio de una solución.