El proyecto de Ley del Sistema Nacional de Salud

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

El problema de la salud en el país, lo sabemos desde hace décadas, es grave. La mayor parte de la población salvadoreña no tiene acceso a servicios de salud o lo tiene a los de calidad deficiente y faltos de recursos. Nadie puede dudar de la necesidad y urgencia de tomar medidas importantes para solucionarlo. Sin embargo, la más reciente solución propuesta resulta violatoria del orden constitucional.

Durante muchos años se ha reunido una Comisión Nacional de Seguimiento a la Propuesta de Reforma Integral de la Salud, que ha presentado un documento con un plan que puede ser una solución al grave problema, aunque tiene vacíos en cuanto a los medios para lograrlo y su financiamiento. Pero además, es acompañado por un proyecto de “Ley de creación del Sistema Nacional de Salud de El Salvador”, con el que, según sabemos, están en desacuerdo muchos integrantes de la Comisión, pero al que el Presidente de la República, increíblemente, ha conferido iniciativa de ley.

Miembros de la oposición política han manifestado su desacuerdo con el proyecto y comenzado a clamar que persigue la privatización de los servicios de salud, pero esto es falso. Ninguna disposición del proyecto contempla el traspaso de funciones o propiedad estatal a particulares y ni con los razonamientos más retorcidos puede pretenderse que propicia esto. Sin embargo, sorprende que no hagan referencia a que el proyecto es contrario al orden constitucional.

El problema de salud en el país, en buena parte, deriva de la dispersión legislativa que existe; cientos de leyes regulan al sector. Aunque esto es reconocido en el proyecto, la solución que pretenden no es ordenar y armonizar dichas leyes, sino emitir una más que aumente la dispersión y confusión.

El proyecto dice que crea un Sistema Nacional de Salud, pero en realidad no crea nada nuevo. Todas las instituciones que se mencionan ahí, ya existen. Si lo que se pretende es que las instituciones del sector salud cooperen entre ellas, para eso no se necesita una ley, sino una orden ejecutiva y buena voluntad de sus directores.

Lo grave es que se pretende que el Ministerio de Salud Pública elabore una política nacional de salud, tal como debe hacerlo actualmente de conformidad al Código de Salud y el Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, pero además deberá hacerla aprobar por el Consejo de Ministros. Con esta aprobación, la “política”, que obviamente deberá estar plasmada en un documento, “será de carácter obligatorio”.

Deberíamos sonreír ante el proyecto pues obviamente sus redactores no saben lo que es una política ni cuales son sus efectos; lo grave es que sus intenciones son serias. Según ellos, esa aprobación dará poder omnímodo al Ministerio para regir como le dé gana a todas las instituciones del sector, aún pasando por las reguladas por leyes especiales aprobadas por la Asamblea Legislativa, como el Consejo Superior de Salud Pública, ISSS, FOSALUD, Bienestar Magisterial, etc.; puede disponer de la actividad, propiedad y libertad de particulares, pues está estipulado que tienen la obligación de “participar y apoyar directamente” al Sistema.

La ley estaría dando al Consejo de Ministros la facultad de pasar por encima de las facultades de la Asamblea Legislativa y todas las demás entidades con facultades normativas establecidas en la Constitución y convertiría en obligatorio, con fuerza de ley y por encima de la ya existente, a un documento que ni siquiera se publicaría en el Diario Oficial ni existe obligación de dar a conocer formalmente siquiera.

La existencia de la democracia implica que haya demócratas que crean en ella. Propuestas como la que comentamos son una verdadera amenaza al orden jurídico que tanta sangre ha costado a este país.