Independencia de la Corte

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

Han tomado posesión de sus cargos nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y, como cada vez que hay cambios en el máximo tribunal, existe la esperanza de que haya cambios importantes en la administración de justicia. La ciudadanía espera que los nuevos funcionarios actúen con alto grado de independencia, honestidad y capacidad. Hacemos notar especialmente el término “independencia”, pues es lo que está en primera plana y siendo cuestionado hoy en día.

Después de que el Órgano Ejecutivo y la Fiscalía General de la República arremeten con fuertes declaraciones y anuncian investigaciones contra el sector judicial, la Corte sanciona a dos jueces y anuncia más acciones contra otros. Inmediatamente, los partidos de oposición expresan preocupación porque, aunque las consideren necesarias, tales acciones parecen debidas a la injerencia del Ejecutivo. Los magistrados de la Corte niegan tal injerencia y sus declaraciones son recibidas con el mayor escepticismo, y por muy buenas razones.

Durante más de una década se ha pedido repetidamente a la Corte que realice una verdadera depuración del Órgano Judicial y lo libere de sus elementos incompetentes, ignorantes y corruptos (más de 50 artículos en esta columna se han referido al tema), y siempre tales reclamos han caído en oídos sordos, a pesar de la acumulación cada vez mayor de casos escandalosos. De repente, cuando la seguridad pública y la impunidad se han convertido en un grave problema para el Órgano Ejecutivo y este exige acción, la Corte empieza a reaccionar ante casos que han sido controvertidos durante años y por los que no había hecho nada. Si unimos esto al número de fallos sin fundamente jurídico, pero con evidente intención política que se han dado, no puede extrañarnos que la credibilidad del tribunal sea muy baja.

La tarea de los nuevos magistrados, y de los antiguos a los que queda patriotismo, es recuperar la credibilidad y la independencia del Órgano Judicial. Esto significará rectificar los múltiples problemas que se dan en el sistema de justicia, realizar una real depuración judicial, terminar con el desconocimiento de las actividades y hasta de las facultades constitucionales del Consejo Nacional de la Judicatura y colaborar con este organismo, producir un cambio de verdad y no solo las acciones cosméticas que acostumbra a realizar cuando se le reclama acción. En resumen, provocar un verdadero cambio cualitativo en la administración de justicia en beneficio del pueblo.

Siempre hemos expresado nuestro apoyo a los jueces honrados y valientes, pero nos resulta repugnante ver a algunos de los jueces más cuestionados del país exigiendo con toda arrogancia “respeto” a su investidura y amenazando a funcionarios públicos con demandas judiciales si continúan criticando sus fallos contrarios a la ley; solo quieren seguir violándola impunemente. Las sentencias de los jueces son documentos públicos que afectan a toda la sociedad y deben estar siempre disponibles al examen del pueblo, el juez de los jueces. Si un juez no quiere críticas o comentarios sobre sus decisiones, que versarán siempre sobre cuestiones controvertidas, que renuncie.

Por otra parte, es justo reconocer que muchísimos de los fallos del sistema de justicia no son debidos a los jueces, sino a los errores cometidos por otras oficinas, como la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República, pero mientras no se enfrente este problema conjuntamente, lo que verá el pueblo será la actuación de los jueces y les seguirá echando la culpa de los defectos de la justicia en el país.

Diversas instancias se han creado para producir un diálogo entre los varios organismos cuya labor incide en la administración de justicia, como la Unidad Técnica Ejecutora del Sector de Justicia, pero han fracasado debido a la búsqueda de protagonismo de sus dirigentes y su falta de verdadera voluntad de cooperación. Debe considerarse reactivarlos y hacerlos efectivos. Puede ser el inicio de una solución.