El antejuicio y la institucionalidad

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

Uno de los acontecimientos políticos que pone a prueba una vez más la institucionalidad del país, por la materia y hechos que se discuten, es la acusación que la Fiscalía General de la República ha presentado ante la Asamblea Legislativa contra un diputado suplente por la comisión de delitos, y el trámite de antejuicio para privarlo del fuero constitucional del que goza, a fin de que sea juzgado ante los tribunales comunes.

El fuero constitucional ha sido considerado como la facultad que tiene el funcionario público que lo goza de no comparecer ante cualquier jurisdicción, sin previa declaración de que hay lugar a la formación de causa. El correcto sentido de dicho fuero lejos de revestir de impunidad a quien lo disfruta, condiciona tan solo la intervención del Órgano Jurisdiccional a la satisfacción de determinados presupuestos, con la finalidad de evitar que los funcionarios estatales, altamente expuestos por su cargo, se vean removidos injustamente por acusaciones falsas.

El antejuicio, sin embargo, no prejuzga el resultado de una causa penal; es un procedimiento autónomo del proceso que no versa sobre la culpabilidad del servidor público, lo que es función de los tribunales y no de la Asamblea Legislativa, por lo que, bien se afirma, esta no prejuzga acerca de la acusación, sino que solo determina que la acusación tiene algún mérito y no se trata de una acción calumniosa destinada a entorpecer maliciosamente el ejercicio de las atribuciones del funcionario cuestionado.

Sin embargo, debe aclararse que la no declaración de procedencia, es decir, que no hay lugar a formación de causa, tampoco equivale a la exculpación del acusado, sino que suspende la tramitación de las etapas procesales correspondientes, las cuales pueden reanudarse, sin afectar las reglas de la caducidad o prescripción, una vez que el servidor haya dejado el cargo público que venía desempeñando.

Ha transcurrido casi un mes desde que el requerimiento fiscal fue presentado a la Asamblea Legislativa y el asunto no se ha resuelto. Se advierten circunstancias dilatorias para retrasarlo. Se alega, por ejemplo, que no se ha aportado suficiente información, como si se estuviera juzgando el asunto principal y necesitara determinar culpabilidad o dictar sentencia. La sociedad civil comienza a preocuparse, y ha demandado de la Asamblea Legislativa no solo la agilidad conveniente, sino la transparencia absoluta en el manejo de tal procedimiento. Y es que esto es así porque en los últimos dos antejuicios se resolvió, en uno, que no había lugar a formación de causa, a pesar de que el funcionario demandado prácticamente confesó la acción imputada ante la comisión parlamentaria nombrada para conocer del asunto; y en el otro, ante un caso escandaloso y en el que la ilegitimidad de la acción estaba a la vista de todo el mundo, la Asamblea engavetó el asunto después de una negociación política. De ahí que algunos ya piensen que el fuero constitucional ha dejado de ser una protección para garantizar el equilibrio de poderes para convertirse en una excepción jurídica que permite el quebranto del principio de igualdad jurídica, que fomenta la impunidad desde la función pública, lo que empieza a generar entre los ciudadanos una actitud de condena y rechazo al ejercicio del fuero; por lo que hoy, su existencia, antes que fortalecer el servicio público, lo debilita.

En otros países hay una fuerte tendencia a la supresión del fuero constitucional, debido al abuso desmedido de su ejercicio. Aquí dependerá de este precedente para empezar a pensar si, para el futuro, será necesario cambiar el procedimiento o hasta reformar la Constitución para eliminar dicho privilegio. Por el momento, se estima, que si el antejuicio no ha funcionado como es debido, no es porque la institución o el procedimiento que se le da sean inadecuados, sino porque las personas a quienes se ha encomendado su cumplimiento no han tenido la entereza moral y el patriotismo necesario para hacerlo meritorio. La última palabra sobre el futuro histórico de la institución está en manos de los señores diputados.