lunes, 4 de diciembre de 2006

La institucionalidad a prueba

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos


Como bien lo señaló LA PRENSA GRÁFICA en su editorial del pasado jueves 30 de noviembre, recién han ocurrido tres sucesos que constituyen hitos de gran importancia para el proceso de democratización y modernización del país: la extradición del principal imputado en el caso de ANDA, el desafuero del diputado Silva y la firma del acuerdo, por el cual El Salvador recibirá 461 millones de dólares de los fondos de la Cuenta del Desafío del Milenio.


En el primer caso, lo que la nación espera es que haya eficacia en la actuación del Órgano Judicial, en el sentido de que al mismo tiempo que procure el respeto absoluto al debido proceso y las garantías procesales de los imputados, también ponga en práctica la absoluta independencia de poderes, haciendo del proceso algo ajeno al tráfico de influencias y sin dejarse prejuiciar, incluso, de los propios medios de comunicación social.


Los juzgadores deben ser imparciales, pero deben aplicar correctamente la ley y la justicia. En tal sentido, también es importante que la sociedad civil, como suele decirse, deje que la justicia funcione; debe dejar que los jueces actuantes tengan un entorno propicio para la administración de justicia.


Todos debemos entender que no se trata de poner en juego intereses partidarios o de sectores, sino de investigar malos manejos de fondos del erario público y de castigar, si fuera el caso, en forma ejemplarizante a los culpables.


No se trata de hacer un circo de lo que constituye un hecho grave y preocupante, sino de manejar con alto sentido de responsabilidad cívica una investigación y un proceso que pueda dejar una rentabilidad social importante para el país y una fuerte lección y prevención a los responsables de manejar la cosa pública, de que ya nadie puede ponerse por encima de la ley.


En cuanto al caso del diputado Silva, si bien se recibió con cierta satisfacción la resolución de la Asamblea Legislativa de declarar que hay lugar a formación de causa, ha quedado la duda si el mecanismo procedimental es el más adecuado, desde luego que ha quedado en evidencia, que cualquier sospechoso podría fácilmente burlar la justicia. En efecto, tal como se entiende, desaforado un funcionario público, este queda a disposición de los órganos competentes como cualquier ciudadano común, sin más prerrogativas o garantías de los que la ley procesal penal confiere a todo imputado; de tal suerte que podría ser sujeto de una orden de detención, si para ello hubiera mérito. Pero como se ha conocido, la propia Fiscalía General de la República, por medio de algunos agentes auxiliares, ha expresado no poder actuar hasta que el acuerdo de la Asamblea haya sido comunicado oficialmente a esta institución y se haya publicado en el Diario Oficial. Muy lamentable sería que a estas alturas, ya no se pueda contar con la presencia del principal imputado para hacer eficaz el actuar del tribunal respectivo.


Finalmente, la recepción de los fondos provenientes de la Cuenta del Desafío del Milenio, que constituye un gran beneficio para nuestro país, demanda de las estructuras gubernamentales un manejo transparente de los mismos, procurando que los titulares de los organismos ejecutores actúen con alto sentido de ética pública, abriendo transparentes procesos de licitaciones y adjudicaciones de obras y estableciendo las adecuadas supervisiones para su ejecución; y evitando que el costo de las mismas tenga un incremento indebido mediante el ejercicio abusivo de acciones arbitrales contra el Estado.


Todas las fuerzas vivas de El Salvador deben ser vigilantes de los acontecimientos por venir como consecuencia de los sucesos históricos ocurridos, de tal suerte que los encargados de administrar justicia lo hagan en forma pronta y cumplida y que los responsables del manejo del erario público, gubernamental o municipal, actúen con la probidad debida.

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