lunes, 18 de diciembre de 2006

Una esperanza contra la corrupción

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos


La coincidencia sobre el arribo al país del ex presidente de ANDA en cumplimiento de la extradición solicitada por las autoridades salvadoreñas y concedida por las autoridades francesas y la decisión de la Asamblea Legislativa, aprobada casi por unanimidad, declarando que hay lugar a formación de causa en el antejuicio seguido contra el diputado Silva, ambos hechos ocurridos el mismo día, fueron recibidos con beneplácito y hasta con sorpresa por los salvadoreños que en repetidas ocasiones han sido defraudados cuando se trata de delitos cometidos por altos funcionarios contra instituciones estatales, porque casi siempre prevalece la impunidad.


El hecho de que esta vez las cosas hayan sido distintas hace renacer la esperanza de un cambio positivo en el tratamiento de los actos de corrupción que ocasionan perjuicios incalculables al Estado y al país y constituyen uno de los factores que obstaculizan el desarrollo, en cuanto desvían recursos que deberían invertirse en la solución de necesidades sociales vitales como es el caso del agua potable o las obras de infraestructura que tanta falta hacen a escala municipal.


No podemos estar seguros desde luego de cuál será el desenlace de estos casos que tanto han impactado a la opinión pública, pero sí debemos esperar y demandar que los organismos encargados de juzgar estos delitos actúen con la debida diligencia e imparcialidad que las leyes prescriben, pues se trata de casos ejemplarizantes en los que un resultado no concordante con la normativa establecida pondría en tela de juicio no solamente a las partes intervinientes en los respectivos juicios, sino a todo el sistema de Administración de Justicia.


No debe olvidarse que el elevado nivel delincuencial ha puesto en crisis la capacidad del Estado para hacerle frente lo que ha obligado a proponer numerosas reformas a la legislación penal, a impulsar nuevas leyes de emergencia e incluso a crear un nuevo Ministerio de Seguridad y Justicia lo cual evidencia que el mismo Estado ha reconocido la existencia de graves deficiencias estructurales en la lucha contra el problema delincuencial.

El nombramiento de una comisión de ciudadanos de alto nivel ha sido otro de los pasos que el Gobierno ha dado y las primeras recomendaciones de dicha comisión ponen de manifiesto insuficiencias en la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República, tanto de orden cuantitativo como cualitativo ya que requieren incrementos de carácter financiero de más de $80 millones de dólares.


Por tratarse en ambos casos de delitos contra la Hacienda Pública, la Corte de Cuentas tiene una intervención importante en el examen tanto de los contratos como en la administración de los fondos y en la ejecución de los proyectos, y esa intervención, se supone, tiene tanto carácter preventivo durante la ejecución de los proyectos y a posteriori.


La circunstancia de que en una administración que duró ocho años en el caso de ANDA, no haya sido posible detectar desde el principio las graves irregularidades ahora conocidas, pone de manifiesto la necesidad de revisar el marco regulatorio de la contraloría pública, para subsanar las deficiencias y propiciar que tan delicadas funciones tengan la efectividad real que demanda la transparencia en el ejercicio de la función pública.


Es por ello que afirmamos que la legislación y las instituciones que conforman la Administración de Justicia y la Corte de Cuentas son corresponsables en el desenlace de los casos que han motivado estas reflexiones y la atención de la colectividad se mantendrá pendientes hasta su conclusión. Sin duda alguna, nada podrá hacerse, aun cuando haya cambios en las legislaciones y en la organización de las instituciones competentes, si no existe la actitud correcta y la voluntad política del Gobierno y los titulares de aquellas, en aras de poner fin a los malos manejos de la cosa pública.

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